Provinciales
Salud pública en Misiones: “Los extranjeros son el 1% y pagan desde el 2021”
Mientras el gobierno nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, anunció ayer un proyecto para modificar el régimen migratorio argentino e incluir el arancelamiento de la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes, en Misiones el ministro de Salud Héctor González informó que la provincia ya implementa esta medida desde 2021 y precisó que la tasa pacientes en esa condición no llega al 1%.
Consultado por La Voz de Misiones, el ministro González confirmó que “nosotros tenemos nuestra ley desde hace muchos años que nos habilita el cobro a extranjeros. Es una ley que sacó la Cámara de Representantes hace tres años”.
“Nosotros con eso no tenemos ningún inconveniente”, sostuvo, en relación al anuncio efectuado por el vocero del gobierno liderado por Javier Milei.
El cobro de la atención a pacientes extranjeros sin residencia permanente en el país está contemplado en la Ley XVII -antes 2.952- e implementada desde el 26 de agosto de 2021, a partir del decreto 1423, publicado en el Boletín Oficial de la provincia.
Dicha normativa establece, en su artículo 2, la implementación del “sistema solidario de salud para todos los servicios brindados en los establecimientos esenciales, efectores y en otras dependencias autorizadas pertenecientes al ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones”.
Mientras que el tercer apartado detalla quiénes serán alcanzados por el cobro de la prestación: “Las obras sociales -nacionales o provinciales-, entidades de medicina prepaga, compañías de seguros, empleadores en general, extranjeros sin residencia permanente en el país, terceros obligados, abonarán la totalidad de los gastos que demanden la prestación”.
Y agrega: “Tales gastos incluyen los honorarios profesionales, gastos sanatoriales y la provisión de insumos médicos, farmacológicos, servicios de enfermerías, prácticas específicas y cualquier otro gasto que ocasione la prestación”.
El ministro de Salud provincial, Héctor González, dialogó con varios medios esta mañana.
“Es menos del 1%
En ese contexto, el titular de la cartera de salud provincial también dialogó con el programa radial El Show de los Impactos, que se emite por FM Show, y derribó los mitos que rodean al asunto.
“Para nosotros no es nuevo esto y tampoco es tan así, como dicen, que está lleno de extranjeros. Es menos del 1% y desde 2021 estamos autorizados al cobro”, precisó.
También indicó que “los aranceles son fijados de acuerdo con los montos de la obra social provincial (IPS), que se va actualizando. La mayoría de la gente que se atiende por un accidente cuenta con algún seguro u obra social, con lo que se hace el recupero”.
Antecedentes
El cobro de la atención médica a ciudadanos de otros países que no residen en Argentina, ya había sido implementado por otras provincias como Salta, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy.
En su conferencia de ayer, Adorni se refirió a esta cuestión y aseguró que “se generó un ahorro de 60 millones de pesos. También mejoró la atención para el resto de los ciudadanos residentes en nuestro país. Nos despedimos de los tours sanitarios”.
Sin embargo, a nivel nacional la medida resultó fuertemente cuestionada, teniendo en cuenta el gran flujo de estudiantes extranjeros proveniente de países vecinos como Brasil, Perú y Paraguay, entre otras naciones de América Latina, por lo que en Buenos Aires, Axel Kicillof buscará mantener la gratuidad del servicio médico en nosocomios estatales.
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La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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