La Cooperativa Agrícola Río Paraná que nació al poco tiempo de una democracia incipiente logró consolidarse como un símbolo de las luchas agrarias de los misioneros. Por su procedencia del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y por su marca de yerba mate Titrayju, este emblema del asociativismo atraviesa cuatro décadas de historia ligada a la defensa de los pequeños productores, el arraigo rural y la producción sustentable en Misiones.

Fundada el 10 de abril de 1986 en Oberá, Río Paraná surgió desde las entrañas del MAM, organización campesina nacida en 1971 y golpeada fuertemente durante la última dictadura militar. La represión desarticuló parte de la estructura rural del Movimiento, persiguió dirigentes y frenó proyectos colectivos que recién pudieron retomarse con el regreso de la democracia.

Uno de esos sueños colectivos era justamente la creación de una cooperativa propia, pensada para que los pequeños productores pudieran intervenir directamente en la comercialización de sus productos y escapar de la dependencia de intermediarios.

Cuarenta años después, aquella idea sigue viva en cada paquete de yerba mate Titrayju, la marca lanzada en 2004 y cuyo nombre sintetiza el espíritu del proyecto: tierra, trabajo y justicia.

Con producción agroecológica, secanza tradicional barbacuá y comercialización directa, la yerba logró instalarse como referencia de consumo consciente y comercio justo dentro y fuera de Misiones. Actualmente, cerca de 600 familias comercializan su producción a través de la cooperativa.

Hoy, el presente de la Cooperativa Río Paraná también está ligado a la articulación con organizaciones nacionales y mercados sociales. La entidad integra la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), que nuclea a cooperativas de pequeños y medianos productores de todo el país, y sostiene alianzas estratégicas con mercados sociales de la provincia de Buenos Aires, Rosario y otros puntos de Argentina, fortaleciendo circuitos de comercialización alternativos para yerba mate misionera.

En el marco del aniversario, desde las redes sociales del MAM y la cooperativa compartieron un mensaje que resume el recorrido asociativo construido durante estas cuatro décadas.

“Son cuatro décadas de trabajo colectivo, de resistencia y de sueños sembrados en cada hoja de yerba mate”, expresaron.

El mensaje también remarca el presente que atraviesa el sector yerbatero y el desafío de sostener a las familias productoras en un contexto complejo para las economías regionales.

“Renovamos nuestro compromiso de seguir luchando incansablemente por un precio justo para el productor, con unidad, organización y propuestas concretas”.

La celebración de los 40 años tuvo lugar en la Expo Industrial de Oberá, realizada en el Parque de las Naciones, donde la cooperativa participó de exposiciones y rondas de negocios junto a otras marcas y actores del sector productivo.

“Creemos en un modelo donde todos podamos vivir mejor, donde la riqueza que genera la yerba mate se distribuya con justicia, y donde cada familia tenga una oportunidad”, destacaron desde la organización.

La historia de la Cooperativa Río Paraná también refleja parte de la historia agraria de Misiones. Desde Oberá, la zona centro de la provincia, el cooperativismo rural fue durante décadas una herramienta de organización y resistencia para colonos yerbateros, tabacaleros y tealeros que buscaban mejorar las condiciones de producción y comercialización.

Hoy, cuatro décadas después de aquella fundación en los primeros años de la recuperación democrática, la cooperativa continúa ampliando mercados, exportando yerba mate y sosteniendo una estructura construida alrededor del trabajo familiar rural.

“Celebramos el pasado, honramos el presente y abrazamos el futuro con la certeza de que el camino es colectivo”, concluye el mensaje difundido por el Movimiento Agrario de Misiones.

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Este lunes 11 de mayo entró en vigencia el Decreto 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial con el fin de evitar el consumo de sustancias psicotrópicas ilícitas en funcionarios y agentes del Estado, incluyendo autoridades superiores de la administración central, entes autárquicos y sociedades vinculadas al Estado provincial.

De esta manera, en su artículo primero la resolución decreta la realización obligatoria de un examen toxicológico preventivo para descartar la presencia de sustancias psicoactivas, alcanzando al gobernador, al vicegobernador y ministros, como también a los agentes del sistema público de Salud, de la Secretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas y el personal de las fuerzas policiales y penitenciarias.

El estudio será realizado por primera vez en un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de hoy o de la designación del cargo correspondiente, con un lapso anual, de forma aleatoria y como lo determine la autoridad de aplicación. 

Si el examen detecta la presencia de sustancias psicotrópicas ilegales, la autoridad de aplicación deberá remitir el informe a la autoridad máxima del organismo donde el funcionario cumple sus tareas. A partir de allí, el Ejecutivo evaluará si mantener al funcionario en el cargo o relevarlo de sus funciones. 

El decreto también detalla que las sustancias que deberán ser descartadas incluyen cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, metilendioximetanfetamina, metilendioxianfetamina y barbitúricos, salvo que se acredite prescripción médica para su uso.

Para finalizar, la implementación de los exámenes fue registrada bajo los principios de confidencialidad y privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos personales (Ley Nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales), reserva estricta de la causa del posible relevo de funciones, licencia, suspensión o cese en la función pública del funcionario y/o agente público, derecho de defensa y debido proceso y prevención y preservación del interés público e idoneidad en el ejercicio ético de la función pública. 

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El pasado 6 de abril, Adolfo Guirula y Diego Correa, se apostaron con una carpa, elementos indispensables para subsistir, carteles y se encadenaron a las rejas de Casa de Gobierno en reclamo de su reincorporación a la fuerza provincial, luego de ser pasados a disponibilidad y removidos por “episodios de indisciplina” vinculados al conflicto salarial de 2024.

Se trata de dos de los ocho policías que luego de aquella protesta fueron detenidos y meses después liberados en una causa por presunto “intento de sedición y conspiración”. Con el correr de los días, se sumaron a la medida Gerardo Marín, Juan Méndez, Sergio Muchevicz y el sargento primero Nestor Rubén Zarza, quienes hoy superaron los 33 días de acampe en la Plaza 9 de Julio.

A un mes del inicio de esta protesta en reclamo de ser reincorporados a sus puestos de trabajo, los manifestantes aseguran que continúan sin respuestas oficiales, por lo que uno de ellos presentó una denuncia penal ante el juzgado federal de Comodoro Py. 

A su vez, sostienen el pedido de revisión de sus situaciones administrativas y judiciales, mientras persiste el conflicto sin avances, causa que fue visibilizada por el diputado Ramón Amarilla en dos iniciativas que expuso este jueves ante la Legislatura provincial.

“Acá continuamos sin respuestas por parte del juzgado, pero con una nueva denuncia contra el gobernador Hugo Passalacqua, el ministro Marcelo Perez, el jefe de policía Sandro Martínez y director del 911 Maximiliano Carletti”, aseguró a La Voz de Misiones desde la Plaza 9 de Julio, Diego Correa, al anticipar un nuevo paso en el reclamo. 

Denuncia federal

Ante la “falta de respuestas” por parte de las autoridades provinciales, este jueves 7 de mayo, Correa presentó una denuncia penal con “solicitud de investigación urgente” ante el juzgado federal de Comodoro Py en Buenos Aires.  

La misma apunta contra las autoridades provinciales mencionadas, por: posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, amenazas y coacción agravada, hostigamiento sistemático y persecución política, privación ilegítima de la libertad, torturas y apremios ilegales, asociación ilícita, violación de derechos y garantías constitucionales, falsedad ideológica y utilización abusiva de sistemas de inteligencia y seguridad, violencia institucional, persecución política y sindical y posible terrorismo de Estado y actos de amedrentamiento contra civiles.

Según consta el documento, cada uno de estos hechos habrían ocurrido desde la protesta de mayo de 2024 en adelante. A su vez, se respalda en el pedido de restitución del puesto de trabajo, del cual, Correa asegura que fue “apartado de manera ilegal, arbitraria y sin haber podido ejercer debidamente el derecho constitucional de defensa”.

Pedido de desalojo

Si bien la protesta se caracteriza por ser pacífica y “sin obstrucción”, este miércoles la Municipalidad de Posadas se acercó al acampe para notificar una denuncia por parte del Ministerio de Gobierno.

“Según el ministerio de Gobierno nosotros bloqueamos la libre circulación peatonal. Por eso la municipalidad notificó que tenemos un plazo de 24 horas para liberar el lugar, pero no estamos obstruyendo nada así que seguimos acá tranquilos”, añadió Correa en conversación con este medio.

Desde la Legislatura

En la sesión de este jueves, en la Cámara de Representantes de Misiones, el diputado provincial del espacio Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Ramón Amarilla, ex cabecilla de la protesta policial que se desató en mayo de 2024, aludió al pase a disponibilidad de los ex policías, lo que calificó como un “castigo silencioso, burocrático y por lo tanto profundamente injusto”.

En ese contexto, el legislador solicitó el tratamiento preferencial de los proyectos de comunicación y declaración C69.872/26 y D69.871/26. Este último refleja “una profunda preocupación ante la brecha entre la institución y sus integrantes”, señaló en su alocución. 

Y continuó: “Debemos remontarnos a mayo de 2024 para entender que lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías. Cuando un oficial o suboficial ve que su sueldo es devorado por una inflación que no da tregua, su vocación de servicio y su carrera entran en disputa con el instinto más básico del ser humano, la protección de su familia y la de su economía”.  

“La respuesta administrativa fue el pase a disponibilidad y once meses en una unidad penal. La disponibilidad es en los papeles una medida administrativa, pero en la vida real de un policía misionero corresponde a una crisis que transgrede lo institucional y afecta a lo más profundo del seno familiar”, ahondó Amarilla.

También recordó que al pasar a disponibilidad, el efectivo pierde el derecho al uso del uniforme, su arma reglamentaria y no percibe sus haberes. “Yo no soy abogado, pero conozco los derechos básicos. Tanto la Constitución Nacional, como la provincial, brinda nuestra libertad y dignidad frente a cualquier abuso”.

En ese sentido, aludió a la situación de los policías que hoy reclaman frente a Casa de Gobierno: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.

Al mismo tiempo, explicó que el proyecto presentado propone visibilizar “que la inestabilidad no terminó cuando se levantaron las carpas de la protesta (en mayo de 2024) o cuando salió el último de la unidad penal. Para muchos el castigo continúa hoy en abril de 2026. Es un castigo silencioso, burocrático y por lo tanto profundamente injusto. Es necesario revisar la situación procesal de los policías acusados de sedición, una de las carátulas más pesadas del Código Procesal Argentino”.

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