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Salarios: por paro de marítimos podrían faltar piedra y arena para obras

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La medida de fuerza comenzó este lunes y es por tiempo indeterminado. Los empresarios instaron al diálogo.

 

Los gremios marítimos iniciaron esta tarde un paro de actividades por tiempo indeterminado en demanda de un 55 por ciento de aumento salarial y en los próximos días podría faltar piedra y arena, en momentos de mayor auge de la construcción.

La medida de fuerza fue dispuesta el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y Sindicato de Conductores Navales (Siconara), que concentran la mayor cantidad de afiliados en la región Litoral, de Rosario a Puerto Iguazú.

El detonante, según la postura sindical, fue la falta de respuesta de la Cámara de Arena y Piedra a la demanda de aumento salarial de 55 por ciento, mientras que los empresarios dijeron que ya adelantaron 15 por ciento en abril pasado.

En la discusión los empresarios sostuvieron que el pedido tendría un “fuerte impacto” en la grilla de costos, a lo que se sumaría los aumentos en el combustible y en el valor de los repuestos que están atados a la evolución del dólar.

Además, en el caso específico de Misiones dejaron entrever que el costo de la arena en playa y sobre el camión sería de 700 pesos más IVA, lo que rondaría un precio final de 847 pesos para el metro cúbico.

El cese de actividades que comenzó a las 19:30, provocó sorpresa en el sector empresario que priorizó el diálogo para llegar a un acuerdo, especialmente en las actuales circunstancias que impuso la emergencia sanitaria.

Una fuente consultada también hizo mención a la cerca que mantienen tanto el Somu como Siconara con el gobierno actual, pero “en anda contribuyen con sus decisiones a sortear la situación de crisis que afecta a todos por igual”.

Los gremios

Los gremios Somu y Siconara, a través de un comunicado, fundamentaron su postura en la invariable posición de los empresarios, razón por la que decidieron disponer la medida de fuerza mencionada.

“Somos conscientes de las dificultades por las que atraviesa el país, de la pandemia que nos azota y de sus efectos colaterales”, pero “no estamos dispuestos a arriar nuestras banderas ante una Cámara que se niega a respetar la legitimidad del reclamo”, señalaron.

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Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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deudores misiones

El drama de la morosidad que impacta a nivel nacional tiene su correlato en Misiones, donde el 29,35% de las personas con deudas declaradas se encuentra en mora que supera los 90 días, según un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una asociación civil que aborda diferentes temáticas sociales.

Según el último informe, denominado Radiografía del Endeudamiento en Argentina y elaborado en base a datos recopilados hasta junio de 2026, en la tierra colorada hay un total de 484.180 personas físicas con deudas declaradas, de las cuales 142.084 se encuentran en mora de nivel 3, 4 y 5. Dicha cantidad representa un 29,35% del total de deudores, cifra que supera en 4,4 puntos porcentuales la media nacional.

El mismo estudio señala el universo de personas en deuda debe cubrir un monto total de 1,57 billones de pesos, mientras que los deudores en mora deben cubrir 292.928,61 de pesos.

Ese universo de deuda corresponde a todas las entidades crediticias, desde bancos privados y públicos, hasta tarjetas de crédito, billeteras virtuales y compañías financieras.

Edades

El informe además consigna que los adultos de entre 26 y 35 años conforman el universo de mayor cantidad de personas con deudas declaradas (116.812), aunque la franja etaria integrada por menores de 25 años es la que más porcentaje de deudores en mora tiene en relación al total de deudores declarados.

En relación a este último ítem, los datos marcan que hay 41.698 jóvenes menores a 25 años con deudas declaradas, de los cuales 18.026 se encuentran con retrasos en sus pagos, lo que representa 43,23% de ese total, una cifra que se ubica 5 puntos por encima de la media nacional en el mismo segmento de análisis.

Departamentos

Los datos recogidos por la CEC fueron presentados a través de un mapa interactivo, en el cual cada usuario puede revisar la información recopilada tanto a nivel nacional, como provincial y hasta por departamentos.

En la revisión municipio por municipio sobresale que el departamento Capital registra el mayor porcentaje de deudores en mora de la provincia. Los datos duros: 26.425 personas físicas con deudas declaradas y 9.765 de ellas se encuentra en mora, lo que equivale a un 37,07%. Lo siguen Apóstoles, Concepción, Candelaria, Eldorado y San Ignacio con números que superan el 30%.

El análisis desagregado por departamentos además expone otro dato relevante y, es que, Guaraní, por ejemplo, registra casi cinco veces más de personas con deudas declaradas que Capital, pero el promedio de deudores en mora es marcadamente más bajo.

Para verlo en números hay que exponer que Guaraní presenta un total de 125.186 personas con deudas declaradas, de las cuales 36.178 se encuentran en estado de morosidad, lo que arroja un promedio de 28,9% a nivel departamental.

 

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El Niño en Misiones: iniciaron censo de familias para coordinar evacuaciones

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Esta semana comenzó el relevamiento preventivo de las familias que viven en zonas vulnerables en diferentes puntos de la provincia, mediante un mapeo sectorizado que permitirá saber de antemano a quién asistir, cómo evacuar y hacia dónde trasladar a las personas ante lluvias intensas, tormentas, crecidas o inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Los lineamientos fueron impartidos por el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía hacia las 15 Unidades Regionales. De esta manera, la fuerza tendrá un rol central como primer respondedor debido a que posee la mayor estructura operativa y despliegue territorial, lo que permite articular directamente con los comités de crisis municipales y los demás organismos del Estado.

“La planificación apunta a que una eventual evacuación no comience cuando el agua ya ingresó a las viviendas”, indicaron las autoridades, por lo que efectivos recorren y sectorizan zonas bajas, barrios próximos a arroyos, áreas ribereñas, alcantarillas, caminos que podrían quedar comprometidos y otros puntos susceptibles a anegamientos.

En cada sector se releva cuántas familias viven, cómo están conformadas y si existen niños, adultos mayores o personas que puedan requerir asistencia prioritaria. A su vez, se establecen previamente los lugares destinados a recibir evacuados y también las viviendas de familiares a las que algunas personas podrían trasladarse, permitiendo conocer con anticipación el destino de cada grupo familiar.

En paralelo, se desarrolla un trabajo de concientización con los vecinos para que mantengan preparado lo indispensable ante una eventual salida del hogar. Documentación, medicamentos, ropa y elementos esenciales deberán estar accesibles para que, si las condiciones obligan a evacuar, el traslado pueda concretarse en el menor tiempo posible.

En las zonas rurales y ribereñas, el relevamiento contempla además animales, vehículos, herramientas y otros bienes vinculados con la vida y el trabajo familiar, incorporándolos a la planificación de cada jurisdicción.

Toda esa información conformará un mapa preventivo actualizado. Así, ante una emergencia, la Policía podrá conocer rápidamente qué sectores requieren intervención prioritaria, cuántas personas deben ser movilizadas, qué recursos y vehículos serán necesarios, cuáles son las vías seguras de ingreso y egreso y hacia dónde será trasladada cada familia.

Articulación entre áreas y municipios

“La premisa del Gobierno es anticiparnos y tener organizada la respuesta antes de que ocurra una emergencia. Sabemos que la Policía es el primer respondedor y la estructura con mayor presencia territorial de la provincia. Por eso estamos bajando los lineamientos junto con la Jefatura para articular previamente con los municipios y los demás organismos del Estado”, señaló el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

Los comités de crisis de cada municipio serán parte central de esa coordinación junto con Protección Civil, Salud, Bomberos y las demás áreas provinciales y municipales involucradas. Cada jurisdicción podrá establecer anticipadamente sus recursos, movilidad, lugares de alojamiento y prioridades de intervención.

El jefe de Policía, comisario general Sandro Martínez, remarcó que el esquema alcanza tanto al interior como a las ciudades, donde también existen arroyos, zonas bajas y sectores susceptibles a anegamientos. Por ello, cada dependencia deberá conocer y mantener actualizada la situación de su territorio.

De esta manera, si las condiciones obligan a evacuar, la respuesta comenzará sobre un escenario previamente organizado: sectores mapeados, familias censadas, destinos definidos, recursos coordinados y vecinos preparados para salir en poco tiempo.

La prevención es clave para reducir el impacto de El Niño en las chacras

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Iprodha: titulares con hijos a cargo tendrán descuentos por 2 años tras divorcio

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Iprodha: titulares con hijos a cargo tendrán descuentos por 2 años tras divorcio

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) estableció una bonificación de hasta el 40% de la cuota durante 24 meses para familias con hijos menores de edad que atraviesen la separación de los convivientes y en las que uno de los progenitores o tutores quede a cargo del cuidado de los niños.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Reglamentaria Iprodha Nº 00242/26, firmada el 10 de agosto y publicada este martes en el Boletín Oficial de Misiones.

La normativa crea el “Procedimiento Administrativo Especial de Readjudicación y Sostenimiento Habitacional”, destinado a garantizar la permanencia en la vivienda de quien, tras la disolución del vínculo convivencial, ejerza el cuidado efectivo de los menores que integraban el grupo familiar declarado.

Según establece la resolución, el mecanismo busca que la separación de los convivientes no implique la pérdida de la vivienda para los hijos menores. En los fundamentos, el organismo señala que resulta necesario reglamentar la readjudicación “a los fines de asegurar la continuidad” en el inmueble “de quien ejerza el cuidado efectivo de los menores”, teniendo en cuenta además la carga económica que puede generar la ausencia del otro integrante de la pareja.

La medida alcanza a “todas las configuraciones familiares”, ya que el artículo 2º establece que se aplicará “sin distinción de género u orientación sexual”, siempre que se acredite la presencia de menores a cargo en el hogar.

Beneficio

Uno de los principales puntos de la resolución es la posibilidad de acceder a una bonificación de hasta el 40% de la cuota durante un período de 24 meses consecutivos.

El beneficio se aplicará sobre el monto resultante de la sumatoria de la cuota neta, el interés de financiación y el Fondo Solidario de Desarrollo Habitacional, siempre que el organismo provincial corrobore la veracidad de la situación declarada.

La resolución establece que la bonificación tendrá como finalidad “facilitar la transición económica del hogar tras la separación de los convivientes”.

De esta manera, la persona que resulte nueva titular podrá acceder al descuento durante dos años para afrontar el cambio en la composición y en los ingresos del grupo familiar.

Además, el nuevo titular podrá optar por el “descuento directo por planilla de sueldos”, en caso de ser agente público, o por el sistema de débito automático.

Trámite

Para iniciar el proceso de readjudicación, la persona que permanezca en la vivienda deberá presentar una serie de documentos ante el Iprodha.

La resolución exige una nota formal por duplicado dirigida al presidente del instituto, en la que se declare que se habita el inmueble. También deberá presentarse la sentencia de divorcio o, en caso de corresponder, la renuncia de condominio realizada ante escribano público.

A esto se suma la “acreditación judicial de la tenencia o del cuidado personal de los hijos menores”, además de documentación que permita demostrar los ingresos y las garantías necesarias para continuar afrontando el pago de la vivienda.

Una vez iniciado el trámite, la Dirección de Trabajo de Campo, dependiente de la Gerencia Social del organismo, deberá realizar un informe socioeconómico. El objetivo será verificar que los menores residan efectivamente en la vivienda y determinar quién ejerce su cuidado, además de evaluar las condiciones económicas del grupo familiar.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial.

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