Provinciales
Retirados de Policía y SPP reclaman en Jefatura abrir diálogo por haberes
Esta mañana, retirados y pensionados de la Policía de Misiones y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se agruparon al frente de la Jefatura en Posadas, en reclamo de la reapertura de la mesa de diálogo con las autoridades de las fuerzas y el gobierno, para discutir paritarias.
En entrevista con La Voz de Misiones, Ramón Amarilla, vocero de los manifestantes, sostuvo: “Hoy estamos los retirados, familiares directos, familiares del personal en actividad, las pensionadas, para reclamar que el gobierno reciba a la mesa de diálogo, se agotaron todas las instancias, presentando tres notas al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y nunca recibimos respuesta”.
Debido a ello, explicó Amarilla, los retirados y pensionados decidieron llevar a cabo la medida de fuerza este lunes, “hasta que nos reciban”.
“Nosotros también tenemos nuestros derechos, mejor que nadie, creo que la gente sabe que la Constitución Nacional dice que podemos manifestarnos pacíficamente, entonces con ese fin todos los colegas retirados hoy se han hecho presente acá, frente a la Jefatura que es nuestra casa”, argumentó el vocero en diálogo con LVM.
En esa línea, el representante de la mesa de diálogo policial manifestó que la intención es “hacerle ver al jefe de la Policía, Carlos Merlo, subjefe, Eduardo Maj, a la plana mayor, que son nuestros representantes ante el gobierno de la provincia, por la Ley 570”.
Asimismo, detalló cuál es el reclamo que llevan adelante: “Se le solicita al gobierno que cumpla el punto 5 del acta de acuerdo que se firmó el 14 de julio del 2023, donde decía que el personal policial, penitenciario, tanto en actividad como retirados, íbamos a percibir un incremento en dos partes”.
Y continuó: “La primera se iba a dar a fines de julio y la segunda a fines de septiembre, con una revisión en los primeros días de septiembre, para saber cómo impactó el incremento de acuerdo a la inflación, y nunca se concretó, ni recibimos ninguna respuesta”.
En cuanto a la situación actual de los trabajadores, Amarilla expuso que, después de los últimos incrementos, “los agentes de Policía, que es la jerarquía más baja, están llegando a los $210.000 de bolsillo; lamentablemente con esta inflación, nosotros -por el país- tenemos el 20% en lo que va del año, estamos por debajo del 48% de lo que recibimos hasta el momento, sin contar la inflación que tiene que contar el Indec del mes de septiembre”.
Además, señaló que a los agentes del interior de la provincia “está sufriendo una situación muy grave. No le están pagando los servicios adicionales, tienen atrasado entre 4 y 6 meses, no le pagaron la hora extra, cuando el gobierno provincial se comprometió a pagarlo”.
En la continuidad del reclamo, se quejaron de la atención del Instituto de Previsión Social (IPS): “Si acá es nulo, en la capital, imagínense en el interior, los medicamentos carísimos, en los sanatorios niegan atender a los afiliados, es grave”.
El vocero de los retirados y pensionados de la Policía y SPP afirmó que van a permanecer frente al edificio de la fuerza hasta obtener una respuesta de la patronal.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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