Provinciales
Retirados de la Policía siguen con el reclamo salarial y piden amnistía
En un sexto día de protesta, los retirados de la Policía de Misiones y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) continúan acampando frente a la Jefatura en Posadas en reclamo de una recomposición salarial. Ayer por la tarde, tres agentes se encadenaron y realizan una huelga de hambre para pedir que el gobierno abra la mesa de diálogo para discutir el salario.
“Tomamos la decisión de encadenarnos con una huelga de hambre, luego haber presentado varias notas y, siempre por medio del diálogo, fuimos agotando todas las instancias. Nos vimos obligados a tomar esta medida extrema, ya que el gobierno hizo caso omiso a nuestro pedido”, manifestó el suboficial mayor retirado Branford Hugo, en entrevista en vivo con La Voz de Misiones.
El uniformado retirado comentó que junto a sus compañeros encadenados se mantienen tomando agua sin ingerir alimentos, al tiempo que reciben atención médica por agentes de Salud Pública.
Además, expresó que no dudan en extremar medidas y llamó a integrantes de la fuerza provincial a sumarse a la protesta: “Necesitamos el apoyo de todos los camaradas, que estén presentes, porque nos merecemos un sueldo digno, una recomposición salarial”.
Si bien ayer la orden era no cortar la calle Félix de Azara, entre Tucumán y Santiago del Estero, donde se encuentra el edificio de la Jefatura de Policía, hoy los retirados decidieron interrumpir el tránsito e instalaron sillones y carpas sobre la arteria.
Pedido de amnistía
Por su parte, Ramón Amarilla, delegado de la mesa de diálogo policial, dijo a LVM: “Hoy es el sexto día de protesta, el cuarto que estamos acá en la Jefatura. Los colegas decidieron cortar la calle, están haciendo huelga de hambre y hay tres que están encadenados”.
En esa línea, Amarilla continuó: “Se han hecho todos los trámites administrativos, para tratar de resolver esto. El gobierno no nos atendió, la última vez fue en octubre, después de cuatro días de acampe acá frente a la Jefatura también”.
Seguidamente, el vocero de los manifestantes explicó que la última negociación que tuvieron con el gobierno fue en octubre, logrando una recomposición salarial y quedaron en reunirse nuevamente en noviembre: “Nos mintieron de vuelta, tampoco cerramos las paritarias en diciembre”.
Asimismo, explicó: “Lamentablemente, un agente de policía percibía en enero 146 mil pesos y a diciembre se incrementó el sueldo en el 104%. Ahora bien, nosotros tenemos una inflación anual de 211,4%, entonces los incrementos que hemos recibido a cuenta gota no sirvieron para nada. Los agentes, los cabo, los cabo primero están en la indigencia total”.
De acuerdo a lo que manifestó Amarilla a LVM, un retirado, que venía participando de la protesta, fue hospitalizado por un pico de presión, mientras que en la mañana de hoy, una suboficial con una enfermedad oncológica, que también participaba de la manifestación, tuvo que ser internada por una descomposición.
Sobre ello, el vocero de los uniformados apuntó: “Yo le hago responsable al gobierno de la provincia de Misiones, al ministro de gobierno, Marcelo Pérez, y al subsecretario de Seguridad y Justicia, Ariel Marinoni”.
En tanto, comentó que de la huelga participan activos, retirados, pensionados y familiares de ambas fuerzas: “Pedimos amnistía para todos los colegas en actividad y quiero poner en claro eso, que se va a asegurar la amnistía para todos los colegas que participen de esta manifestación”.
Para cerrar, Amarilla sostuvo: “Quisimos lograr el diálogo y nunca lo pudimos lograr. Nos vamos a quedar hasta las últimas consecuencias, no nos vamos a mover. He hablado con las familias y me han expresado que de acá no se van a mover hasta que no solucionen el problema de una recomposición salarial”.
Tres agentes retirados se encadenaron a la Jefatura y realizan una huelga de hambre.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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