Provinciales
Recusan a la jueza Corina Jones por parcialidad, subjetividad y prevaricato
Es por el desempeño en el caso Antonella. El abogado Juan José Selva Andrade hizo una presentación formal y repasó las principales falencias en el proceso.
A tres meses de haber asumido como jueza titular de Juzgado de Familia N° 1 de Eldorado, Corina Jones enfrenta horas decisivas para el futuro de su carrera judicial. Su desempeño en el expediente para la adopción de la pequeña Antonella de 3 años y medio terminó en escándalo cuando intentó, mediante una sentencia arbitraria, quitarle la niña a la pareja que la cuidó desde las primeras semanas de vida.
Romper ese lazo de amor establecido entre la niña y sus padres del corazón no era inesperado para la jueza Jones. Según se desprende de un informe de la psicóloga María Belén Vigil Mendoza -que se anexó al expediente el 4 a de agosto de este año- separar a la pequeña de quien ella reconoce como mamá y papá sería muy malo: “La interrupción de este lazo tendría huellas de consideración en el desarrollo de la intelectualidad y afectividad de Antonella”, subrayó la especialista a modo de advertencia.
Recusación con expresión de causa
En un documento de 14 páginas, el abogado Juan José Selva Andrade, que representa a la hermana de sangre de la pequeña Antonella que logró la custodia, subraya entre las causas para pedir que la jueza Corina Jones sea apartada del expediente: “Un denominador común que los unes: la falta de imparcialidad, la subjetividad manifiesta y el incumplimiento de propias reglas procesales, que demuestran que el presente caso excede la objetividad e imparcialidad que como Juez debería tener”.
Selva Andrade acusó además de la jueza Jones de romper el bozal legal que ella misma impuso a los demandantes y a sus letrados. “Ese bozal legal usted lo ha violado en varias oportunidades por cuanto no solamente ha emitido opinión, sino que ha adelantado criterio de una posterior sentencia.”, remarcó.
Sobre la controversia del bozal legal, el letrado repasó: “Siendo que la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho no permiten que existan prerrogativas y los abogados en litigios tenemos el derecho a ser tratado con la misma garantía que el Juez interviniente, Usted como Juez no puede dictar UNA ORDEN DE MANTENER LA BOCA CERRADA Y al mismo tiempo USTED VIOLAR su propia DECISIÓN, hablando ante cuanto periodista se le haya cruzado estos días en su camino.”.
Respecto al informe de la psicóloga de la Oficina de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar del Poder Judicial, María Belén Vigil Mendoza, quien recomendó no romper el vínculo de Antonella con sus padres del corazón, Selva Andrade analizó aquel escrito que la jueza omitió como razón superior, es decir el interés de la niña: “Es por ello, que el prejuzgamiento surge evidente cuando dice que siempre tuvo en miras dar en adopción y que desconoce sin fundamento alguno UN INFORME PSICOLOGICO existente en el expediente.”.
Acompañando la presentación con archivos periodísticos de las últimas horas con declaraciones de la jueza Corina Jones, el abogado señaló prevaricato al considerar que los dichos de la magistrada son: “… más que demostrativo de la existencia de prejuzgamiento con más parcialidad manifiesta, resentimiento y odio manifiesto hacia las partes involucradas en todos los procesos y por ende contra mi mandante.”.
Ahora sería la Cámara de Apelaciones la que decida el futuro de la causa que la jueza Corina Jones tuvo que dejar al quedar provisoriamente apartada. Como es de forma, el letrado hizo la reserva para recurrir, de no existir respuestas en Misiones, a la Justicia Federal.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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