Provinciales
Posadas y ocho municipios, al borde del toque de queda sanitario
Son los más comprometidos por la cantidad de infectados con covid. Podrían aplicarse las restricciones que recomendó la Nación. Hay silencio en el Gobierno provincial.
Posadas y los municipios de Oberá, Eldorado, Puerto Iguazú, Jardín América, San Javier, Leandro N. Alem, Apóstoles y San Pedro quedaron al borde del “toque de queda sanitario” por la cantidad de infectados con covid.
El cuadro mencionado fue analizado por el Comité de Crisis provincial a partir de los 121 contagios y dos muertes que se registraron este viernes en el territorio misionero, elevándose a 1.948 y 37 los registros, además de 5.396 aislados preventivamente.
En caso que la gravedad de la situación se acentúe en los próximos días en los distritos señalados, será responsabilidad de los intendentes la aplicación de los parámetros restrictivos que aconsejó la Nación, entre ellos el “toque de queda sanitario”, aunque con el visto bueno del Gobierno provincial.
Hasta la tarde de este viernes, ni el gobernador Oscar Herrera Ahuad ni sus colaboradores hicieron referencias públicas a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para tratar de contener la explosión de infectados por coronavirus de los últimos días.
El llamado “toque de queda sanitario”, consiste en la prohibición de las actividades nocturnas en los distritos donde los intendentes en primer lugar y el Gobierno provincial, en segunda instancia, consideren que se superaron las pautas de prevención.
En Misiones se mantienen las condiciones preexistentes de la emergencia sanitaria, como el cumplimiento estricto del protocolo en los lugares públicos, la atención en Posadas de bares y restaurantes de 8:30 a 3 los viernes, sábados, domingos y feriados, y de 8 a 1 los demás días. Sólo está autorizada la presencia cinco personas por mesa.
En ese contexto, hasta ahora no se dieron a conocer restricciones para las actividades nocturnas, aunque las autoridades anticiparon en forma extraoficial que habrá controles estrictos por parte de la Policía provincial, con el despliegue de 800 efectivos en la capital misionera, como también en los municipios a requerimiento de las autoridades locales.
El decreto
La Nación se limitó a disponer los gobernadores podrán restringir la circulación nocturna en sus jurisdicciones ante un aumento de casos de coronavirus.
Pero no se trata de una medida de cumplimiento obligatorio para todo el país, sino que cada mandatario tendrá la potestad de aplicar las restricciones que considere pertinentes.
Al respecto, al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que se fijaron “pautas y alertas sobre riesgos futuros. Hoy los gobernadores ya están facultados a adoptar medidas y lo que estamos haciendo es describiendo cuál es el detalle de peligro del aumento de casos que está surgiendo en muchas provincias de nuestro país”.
En ese sentido, se estableció que las administraciones provinciales deberán observar cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos sea superior a 1,20 (es decir, que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra).
También cuando el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes sea superior a 150.
En función de estos indicadores, el Gobierno nacional solicitará a las autoridades locales que apliquen medidas para disminuir los contactos, priorizando la limitación de la circulación nocturna.
Provinciales
Mesa yerbatera pasó a cuarto intermedio y espera acordar un precio de referencia
Este jueves, productores, representantes de cooperativas, industriales y secaderos, mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales a fin de responder a la necesidad de generar un espacio de diálogo frente a la ausencia de definiciones sobre la crisis yerbatera en el escenario nacional.
La reunión, protagonizada por quienes integran la denominada “mesa yerbatera” se desarrolló en la sede del ministerio del Agro de Misiones y, pese a los intentos, no lograron destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario.
En ese marco, los productores consideraron que en el escenario actual, “pagar entre $500 y $700 por kilo de hoja verde resulta inviable”, mientras que los cooperativistas señalaron que el precio en góndola debería ascender a $8.000 para mejorar el ingreso de los productores.
Consultado por La Voz de Misiones, Jorge Skripsczuk, productor y presidente de la asociación civil Impulso Yerbatero, consideró: “A mi particularmente me pareció buena la reunión, por ser la primera. Estuvo muy concurrida, con todos los sectores, desde el cosechero hasta el industrial”.
De cara al próximo encuentro que se desarrollará dentro de dos semanas, expresó: “Ojalá se pueda llegar a un acuerdo como para descomprimir esta situación que se está viviendo actualmente. Más que nada por las familias de productores y tareferos que no la estamos pasando nada bien”.
Tras el encuentro, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, señaló que la provincia se encuentra evaluando una estructura de costos de la cadena yerbatera para fortalecer su rol de mediador institucional y contribuir a la construcción de acuerdos en ausencia de herramientas nacionales vigentes.
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tienen antecedentes previos a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo “permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector”.
Luego del intercambio, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio de quince días, período en el cual el sector industrial y molinero analizará alternativas para acercar una propuesta que pueda ser discutida en conjunto en torno a un precio de referencia.
Provinciales
Comunidades mbya se retiran de la Plaza 9 de Julio tras acuerdo con el gobierno
A cuatro días del acampe que reunió a caciques mbya de diferentes puntos de la provincia en la Plaza 9 de Julio de Posadas, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez confirmó la firma de un acuerdo que incluye un aumento del 100% en tarjetas sociales, relevamientos en comunidades que no cuentan con acceso al agua y mejora de caminos, entre otros puntos.
La reunión concretada en la tarde de hoy, entre representantes del gobierno de la provincia y referentes mbya guaraní, junto al cacique Hilario Moreira, quien preside el Consejo de Caciques, tuvo como objetivo “dar respuesta a las inquietudes y requerimientos oportunamente planteados por los referentes y caciques de las comunidades Mbya Guaraní”.
Según consta el acta al que tuvo acceso La Voz de Misiones, a partir del mes próximo “las tarjetas sociales tendrán un incremento del cien por ciento (100%)”. La medida fue adoptada por el gobierno provincial con el fin de fortalecer la asistencia a las familias de las comunidades, manteniendo el compromiso de dar continuidad a la regularidad de los pagos.
Por su parte, el cacique Moreira, propuso realizar una revisión del padrón actual de beneficiarios de las tarjetas sociales, a fin de analizar la situación existente y, de corresponder, proceder a las bajas pertinentes y en su caso determinar nuevas altas, garantizando una distribución justa y actualizada del beneficio.
Del mismo modo, propuso que se evalúe una nueva modalidad de implementación de las tarjetas sociales, mediante la cual las mujeres de las comunidades sean consideradas titulares y beneficiarias directas de dicho instrumento social, para su correspondiente análisis por las áreas competentes.
En relación con la problemática vinculada al acceso al agua, solicitaron a los representantes comunitarios la presentación de un relevamiento detallado que contemple las comunidades afectadas, ubicación geográfica, prioridades existentes y necesidades puntuales, a efectos de canalizar las respuestas correspondientes mediante los organismos competentes.
Respecto a lo educativo, resolvieron establecer una reunión con el ministro de Educación, Ramiro Aranda, y la titular del Consejo General de Educación, Daniela López, para exponer las problemáticas específicas.
Otras demandas
En cuanto a la salud indígena, propusieron la realización de una reunión con las autoridades principales del ministerio de Salud Pública y responsables del área pertinente, con el objetivo de abordar las problemáticas específicas de las comunidades y conocer los requerimientos particulares de cada una de ellas.
Con relación a la transitabilidad de caminos, la Dirección de Asuntos Guaraníes informó que “ya se ha avanzado con el Intendente de Garuhapé para que se efectivice el arreglo del camino de acceso a la comunidad Tape Miri”.
Asimismo, asumieron el compromiso de gestionar ante Vialidad Provincial obras de reparación y mejoramiento de caminos correspondientes a las siguientes comunidades: Takuapi Miri, Lote 8, Ruiz de Montoya (Comunidad Ñamandú) e Yvy mara” (Pozo Azul).
Finalmente, acordaron trabajar de manera articulada con los organismos competentes en relación con las vertientes protegidas, a fin de avanzar sobre propuestas concretas que permitan su preservación y aprovechamiento en beneficio de las comunidades.
También, se comprometieron a trabajar en conjunto en cuanto a la emergencia habitacional que transcurre hoy en el país en búsqueda de soluciones habitacionales para las Comunidades Guaraníes de nuestra provincia, como así también realizar un orden de prioridades para brindar soluciones integrales.
Por último, acordaron una reunión con el Ministerio de Ecología a fin de abordar temas varios.
El acta que fue firmada por la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre y el cacique Hilario Moreira, sostiene que las acciones y mesas de trabajo deberán ser ejecutadas dentro de los próximos 60 días para dar solución a los problemas planteados.
Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya
Foto: agencia de noticias Tierra Viva
Provinciales
Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya
Caciques, líderes y representantes de distintas comunidades Mbya Guaraní se manifiestan de forma pacífica en la Plaza 9 de Julio de Posadas, en reclamo de asistencia ante múltiples problemáticas sociales, habitacionales, educativas y sanitarias. Sin embargo, la principal preocupación que atraviesa a las comunidades es la falta de acceso al agua potable.
El reclamo, que lleva varios días de visibilización en el centro posadeño, comenzó a canalizarse en el ámbito legislativo a partir de la intervención del bloque del Partido Agrario y Social (Pays). En ese marco, el diputado Cristian Castro presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para declarar la Emergencia Hídrica por el término de 24 meses en todo el territorio de Misiones.
La iniciativa ya tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Misiones y cuenta con el acompañamiento de bloques como la UCR, Algo Nuevo y Por la Vida y los Valores. En paralelo, las 43 comunidades con problemas de acceso al agua adhirieron al Proyecto de Ley.
La propuesta legislativa plantea como objetivo central la planificación, evaluación y ejecución prioritaria de obras de infraestructura hídrica que permitan garantizar un acceso regular, suficiente y seguro al agua en las comunidades relevadas. Asimismo, establece que la aplicación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en coordinación con el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), la Dirección Provincial de Vialidad con la participación de representantes de las comunidades involucradas, quienes deberán ser consultados previamente a la ejecución de las obras.
“El principal problema es el acceso al agua. Las comunidades no cuentan con una red de agua potable. La idea es que, entre el Imas y Asuntos Guaraníes, se pueda elaborar un plan que garantice el acceso al agua segura en cada comunidad”, señaló Castro.
El proyecto de la emergencia hídrica contempla, en una primera etapa, el mejoramiento de vertientes naturales cercanas a las aldeas, como una solución inmediata ante la urgencia. Para ello, se prevé la realización de estudios de factibilidad técnica, ambiental y sanitaria que determinen la viabilidad de las intervenciones.
Según datos relevados, son 43 las comunidades afectadas, con un promedio estimado de 902 familias. Entre las zonas más comprometidas se encuentran Puerto Iguazú, Puerto Leoni, El Soberbio, Aristóbulo del Valle, San Ignacio y Jardín América.
En cuanto al financiamiento, el proyecto prevé la utilización de fondos del Tesoro Provincial, así como aportes nacionales o créditos internacionales destinados al saneamiento ambiental, mediante las correspondientes reasignaciones presupuestarias.
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