Provinciales
Por el “Ahora pan”, en las panaderías conviven dos tipos del “francés”: a $50 y a $80
POSADAS. La irrupción del programa “Ahora pan”, que impulsó el Gobierno de Misiones provincial para mantener bajo el precio de venta al público, derivó en la elaboración de dos tipos del “francés” que se diferencian por la calidad y los precios que rigen en algunas panaderías.
Por un lado, en las canastas y góndolas de las panaderías se exhiben productos con diferentes precios, aunque en el caso del panificado incluido en el programa oficial, el tradicional “francés”, el precio establecido es de 50 pesos por kilo.
Sin embargo, en la mayoría de las panaderías se pueden observar que el mismo ejemplar se identifica con un precio de 80 pesos por kilo, aunque a simple vista este producto no tiene diferencias con el anterior, al menos para el comprador común.
Es más, en determinados puestos de venta hasta se impuso el interrogante del despachante ante el pedido del comprador: “de 50 o de 80?”, o bien “del Ahora pan o del especial?”, generando desconcierto en el consumidor que se ve imposibilitado de detectar la disparidad.
A la pregunta natural sobre las diferencias entre uno y otro, es probable que la respuesta se limite a: “Uno es del programa del gobierno y el otro, no”, sin entrar en mayores detalles que pudieran contribuir al esclarecimiento del consumidor vulgar.
Una respuesta a la diferencia del precio de un mismo producto, efectivamente se puede encontrar en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno provincial, cuyo eje es la bonificación de un porcentaje del consumo eléctrico, previa inscripción en el programa “Ahora pan”.
De acuerdo con las explicaciones conocidas de parte del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, las panaderías adheridas a través del Centro de Industriales Panaderos de Misiones se comprometen a mantener el precio del pan francés a 50 pesos por kilo.
Sin embargo, la diferencia en el precio también dispararon las observaciones acerca de la calidad del mismo producto que se ofrece al público con valores diferentes, abriendo interrogantes acerca de los productos utilizados en el proceso de elaboración.
Es claro que existen mejoradores que, utilizados con moderación o en forma desproporcionada, produce calidades distintas que el consumidor común define como “de masa más compacta” o “puro aire”, pero además se caracteriza por el tiempo de conservación.
Es que mientras unos panes modifican aceleradamente su consistencia, transformándose en una masa “chiclosa”, otros conservan la consistencia hasta el día siguiente, en los dos casos se presume que es debido a la cantidad y calidad de mejoradores utilizados, o no, según sea el interés del vendedor.
Al medio están las variedades de nombres que identifican a los productos similares, en el caso al “francés” de cuatro piezas que conforman 1 kilo, como el “Felipe” o el “mignón”, de acuerdo con la oferta de cada centro de expendio, que también suelen tener diferencias de masa.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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