Provinciales
Polémica: Herrera Ahuad dispuso asueto del 13 al 24, pero se reanuda la tarea judicial
La medida del Gobernador exceptúa al personal de organismos con directa incidencia en la emergencia sanitaria. En cambio, el Superior Tribunal de Justicia habilitó las tareas pero con un sistema restringido.
POSADAS: El gobernador Oscar Herrera Ahuad dispuso un asueto en la administración pública que se extenderá desde este lunes y hasta el 24, inclusive, en el marco del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que estableció la Nación. En el Poder Judicial, regirá un régimen especial.
En la administración central están excluidos los agentes del Ministerio de Salud Pública, Instituto de Previsión Social, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario Provincial, LT17 Radio Provincia, LT 85 TV Canal 12, Subsecretaría de Protección Civil, Subsecretaría Legal y Técnica.
También deberá prestar funciones normalmente el personal de la Dirección General de Rentas, Parque de la Salud de la Provincia “Dr. Ramón Madariaga”, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia, y “que fueran expresamente convocados”.
La medida, que fue publicada este sábado en el Boletín Oficial, también prevé la suspensión de los plazos y términos administrativos, en el lapso mencionado, considerándose inhábiles los días comprendidos en el decreto.
Además, se facultó a los ministros y autoridades de los organismos descentralizados a “convocar al personal necesario para cumplir tareas que tengan estricta relación con las medidas adoptadas por el Gobierno provincial y Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria”.
Y se instruyó al Consejo General de Educación (CGE) y al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) a “a adoptar las medidas que correspondan para establecer la suspensión del dictado de clases presenciales, en todos los niveles del sistema educativo provincial” del 13 y el 26.
El decreto se fundamentó en la declaración de la emergencia epidemiológica y sanitaria provincial del pasado 11 de marzo, y disposiciones del Gobierno Nacional que instauraron y extendieron el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
La Justicia con régimen especial
A partir de este lunes 13, el Superior Tribunal de Justicia extendió la suspensión de los plazos procesales hasta el día 17 de abril, en tanto que las actividades se llevarán a cabo en dos turnos diarios: de 7 a 12 y de 13 a 18 horas, aunque la atención al público se realizará únicamente durante el primer turno mediante la habilitación de una sola ventana por dependencia.
Se dispuso también que “la organización de los grupos de trabajo que cumplan tareas en cada turno dependerá de los jefes de dependencia quienes deberán tener en consideración a dichos fines el lugar físico con el que cuentan”.
Otra de las medidas se refiere a que “las audiencias a fijarse deberán llevarse a cabo, siempre que sea posible, haciendo uso de todos los medios tecnológicos que se encuentran a disposición a los fines de evitar la asistencia presencial de quienes deban participar en la audiencia”.
Para ello, desde este lunes los grupos de trabajo “deberán concurrir a cumplir sus tareas en la totalidad de los Juzgados, Cámaras de Apelaciones, Tribunales, Fiscalías y Defensorías de la Provincia sin distinción de fueros, como así también en las demás dependencias judiciales y administrativas: los magistrados, funcionarios jefes de dependencia y secretarios”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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