Ayer lunes, docentes que integran el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) se dirigieron a la sede bancaria ubicada en avenida Córdoba 69 de Eldorado para visibilizar el pedido de una mesa de diálogo y recomposición salarial en carácter “urgente” al gobierno, mientras que diez de ellos iniciaron una huelga de hambre que ya superó las 24 horas.

“Hay docentes que deben pedir préstamos para comprar medicamentos”, reclamó esta mañana un referente de la protesta consultado por La Voz de Misiones, respecto a la medida que inició ayer y continuará durante la jornada de hoy ante la “falta de respuestas” por parte del gobierno y la suspensión de una reunión que estuvo prevista para las 8.30.

“Nosotros en ningún momento bloqueamos el acceso al banco. Lo que hacemos es sentarnos en el hall, la gente puede ingresar tranquilamente al cajero y el banco puede funcionar tranquilamente”, aclaró.

Luego, añadió: “Hay diez docentes en huelga de hambre y muchos otros apoyando la medida de fuerza que iniciamos ayer con una protesta pacífica en la planta baja. Elegimos este lugar por el alto endeudamiento al que llegó el sector público, sobre todo gran parte de la docencia, porque los sueldos no alcanzan, no se llega a fin de mes y muchos de ellos están enfermos, necesitan comprar medicamentos y usan los préstamos para eso”. 

De esta manera, más allá del reclamo salarial, los docentes apuntaron a los “intereses que implementan las entidades bancarias y financieras en los préstamos solicitados” por los clientes y “la falta de política provincial y nacional de desendeudamiento”. 

“Estamos ahorcados, el 80% del sueldo se va en préstamos. El gobierno ahora supuestamente está analizando qué hacer con eso, pero mientras tanto seguiremos acá visibilizando la problemática”, concluyó el docente integrante del MPL.

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La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.

La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes. 

La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.

En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.

El programa

La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.

Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.

De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.

También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco. 

El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.

Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”. 

Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.

Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.

Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo. 

Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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