Provinciales
Padres de Candelaria piden eutanasia para hijo con parálisis cerebral
Los progenitores de Adrián Martínez, de 22 años, contaron que el joven sufre crisis convulsivas y no puede valerse por sí mismo. “Pedimos una eutanasia porque está sufriendo”, dijo su madre.
Adrián Martínez, de 22 años, es un joven de Candelaria que padece una parálisis cerebral irreversible. Por ello, requiere de la atención de sus padres las 24 horas del día, según contó su madre, Eva Briñócoli, a Canal 12.
En este sentido, los progenitores iniciaron una campaña para que las autoridades de Misiones aprueben la eutanasia o muerte digna para su hijo.
Adrián no habla y no puede valerse por sí mismo. Desde que nació, su familia lo acompañó a cientos de especialistas y todos coincidieron en que su enfermedad no tiene solución.
El joven sufre crisis convulsivas desde que era bebé, y que por años siguieron terapias y medicaciones, estudios y análisis, pero sin ningún resultado alentador. “Veo a mi hijo sufrir, por eso pido la eutanasia”, sostuvo Briñócoli.
En la Argentina, la eutanasia es ilegal y está tipificada como homicidio. El suicidio asistido también es un delito.
Lo que sí puede hacerse es, en caso de ser familiar o persona a cargo del enfermo que no puede expresar su voluntad y se encuentre en un estado irreversible, firmar un consentimiento para que, de producirse alguna situación que comprometa aún más al paciente, no se le brinden tratamientos invasivos ni se lo reanime. Incluso que se retiren los que se hayan implementado.
Cuando era pequeño, lo trasladaron al hospital Garrahan, donde le realizaron estudios y tratamientos necesarios para su condición. “Llegó un momento en que el doctor nos dijo: ‘El chico no habla, no se manifiesta’. No puede hacer absolutamente nada solo, nosotros lo higienizamos, le damos la comida”, contó la madre.
Según narró Briñócoli, Adrián pasa sus días en un corralito de madera tal como el que usan los bebés, pero más grande acorde su tamaño. “Él no entiende. Si lo saco de ahí, tira o tumba las cosas. Camina muy poquitito y después ya se sienta. Ese corralito ya tiene como quince años, su papá se lo mandó a hacer y está reforzado por su peso”, relató Eva.
Tras más de dos décadas en estas condiciones, la mujer explicó que “es realmente cansador. No tiene vida. Esto va a seguir, el neurólogo dijo que no hay cura, va a seguir siendo un chico convulsivo. Su cerebro convulsiona cuando quiere y cada convulsión es un retraso de todo lo que ya hiciste”.
Es así que, luego de haber transcurrido tanto tiempo, concluyen que Adrián requiere de una muerte digna. “Yo ya estoy bastante grande y su papá también lo está, ¿a quién le dejo la criatura si nos pasa cualquier cosa? Porque mañana no sabés si estás”, apuntó.
“Yo prefiero que el chico descanse, él también sufre. Lo cuidamos al cien por cien para que no se enferme, pero a veces llora y no sabemos lo qué le pasa. Pedimos una eutanasia porque está sufriendo. Yo no sé si recuperaría mi vida a estas alturas, pero lo que busco es vivir bien al menos un poquito”, manifestó.
Consultada sobre qué piensa acerca de las repercusiones que tendrá el caso, la mujer afirmó: “Muchos van a decir que soy una madre loca que quiere matar a su hijo, pero yo les digo a esas personas que se pongan en mis zapatos”. “Es una criatura con una parálisis cerebral del 100% y tenés que estar las 24 horas arriba de él. Hay que vivirlo eso”, concluyó.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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