Provinciales
Marcha Federal en Posadas y Oberá: “El problema agrario es político y cíclico”
La capital misionera se sumó a la Marcha Federal en el marco de una convocatoria que surgió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y se replicó en otros puntos del país, movilizados por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Una medida similar tuvo eco en la Capital del Monte, mientras que en la localidad de Montecarlo procedieron a un corte de ruta en el marco de la misma “jornada de lucha contra el ajuste”.
De esta manera, trabajadores de distintos rubros se manifestaron con carteles que repudiaron “las políticas de ajuste del gobierno nacional”, “el desguace de organismos públicos” y “los tarifazos”.
Puntos estratégicos en Misiones
En Posadas, la concentración inició a las 9 en el Mástil, ubicado sobre avenida Mitre, con una marcha que culminó en la plaza 9 de Julio, donde un importante número de personas agrupadas en distintas organizaciones y banderas cuestionaron la gestión nacional, el recorte a las partidas jubilatorias, a la asistencia alimentaria, a los comedores populares, a la salud y la educación.
En ese marco, también apuntaron contra los legisladores nacionales por Misiones, en sus distintos espacios políticos, que han acompañado con su voto los proyectos de la gestión de Javier Milei en el Congreso.
Hugo Sand, uno de los principales referentes de los reclamos agrarios de las últimas décadas en Misiones
Simultáneamente, en Oberá, un amplio arco de organizaciones, productores agrarios, activistas ambientales, docentes, trabajadores del Estado, pueblos originarios, partidos políticos y movimientos sociales se concentraron a las 10 en la plazoleta Islas Malvinas.
La elección de ese lugar tuvo una connotación simbólica e histórica, ya que el 15 de marzo de 1936, varias familias campesinas provenientes de las localidades aledañas marcharon hacia ese sitio exigiendo mejores precios para sus productos, movilización que resultó duramente reprimida por una partida de policías y civiles que terminaron sellando con sangre “La Masacre de Oberá”.
En ese marco, el productor Hugo Sand recordó: “El problema agrario es un problema político y cíclico” que, a su entender, “no será solucionado por los gobiernos”.
“Estamos al inicio de una crisis muy severa, esto se va a complicar muchísimo”, afirmó en referencia al reclamo yerbatero, junto al tractor con el que participó en los años 2001 y 2002 de los tractorazos y que hace pocos meses llevó en protesta a Plaza de Mayo en Buenos Aires.
Eco de la Marcha Federal en Oberá
Otros reclamos
Para dar un panorama respecto a la situación que atraviesan los distintos sectores, el referente del Frente Patria Fernando Lafere puntualizó: “Es terrible la profundización de todo este reseteo que pidieron las empresas concentradas del país, con un frente de gobierno en el Estado que está dispuesto a todo, por ejemplo, con la cuestión de la yerba”.
Y agregó: “Las problemáticas van de punta a punta en los sectores populares; tarifazos, atrasos salariales, abandono de políticas públicas que tocan a los jubilados y la problemática de los compañeros de la producción de la yerba en la parte más baja de la cadena productiva”.
El reclamo multisectorial cumple casi un año, luego de que Nación publicara el DNU 70/2023, normativa que impactó en diversos sectores: “Nos impusieron criterios de gobierno que van en contra de todo lo que viene sosteniendo el pueblo argentino. Decidieron tumbar leyes, por ejemplo la Ley de Emergencia Social que daba asignaciones, el Potenciar, la asistencia alimentaria, todo quedó suspendido desde diciembre”.
Corte de ruta en Montecarlo encabezado por el gremio docente Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL)
Por su parte, desde la CTA, Juan “Chito” Pasaman mencionó la cuestión salarial y señaló: “Fue un año muy difícil, tanto los trabajadores en actividad como para los jubilados. La mayoría de los sectores no recuperó el poder adquisitivo que tenía en octubre del año pasado, sumada la dificultad que generó el incremento de servicios”.
“Ante esto, el gobierno judicializó a muchos de los que reclamamos, entonces en vez de discutir en el Ministerio de Trabajo los reclamos salariales, terminamos discutiendo con la justicia penal”, dijo refiriendo a la situación que atraviesan los docentes Leandro Sánchez y Mónica Gurina, acusados de cortar y realizar un acampe prolongado sobre avenida Uruguay en mayo pasado.
A los reclamos que se replicaron en al menos tres puntos de la provincia, se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Mesa Socioambiental Misionera, Asociación Civil de la Calle a la Dignidad, Agrupación John Wiliam Cooke, Tareferos Justos, Multisectorial de Trabajadores que Luchan, Frente Nacional y Popular, Espacio Chacabuco, Unidad Popular, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario, Partido Obrero, la Promotora Intersectorial Misiones, entre otras organizaciones.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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