Provinciales
Ley Pyme, gasoducto y FET: Peña no le dio importancia a las urgencias de Misiones
BUENOS AIRES y POSADAS. El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, respondió hoy con displicencia y dando preocupantes muestras de desconocimiento a las urgencias que le llegaron desde Misiones, al dar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados de la Nación.
El principal ideólogo del macrismo enfrentó a una dura oposición que no solamente le reprochó el retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI), sino que también lo hizo con referencia a la devaluación del peso, a la suba de las tarifas de los servicios públicos, la inflación que no cede y la retracción en la obra pública.
En el caso específico de Misiones, el encargado de formular las preguntas fue el presidente del bloque del Frente Renovador Misionerista, Jorge Franco, a las que Peña respondió siguiendo el procedimiento establecido para el caso.
Uno de los interrogantes del legislador misionero estuvo referido a la necesidad de que se reglamente el artículo 10 de la denominada Ley Pyme, estado del trámite y las consecuencias de las asimetrías en las zonas de frontera que podrían atenuarse con la norma en cuestión.
Al respecto, el jefe de Gabinete de la Nación dijo: “Tenemos a esta altura una mora que no corresponde, que no está bien, con el artículo 10 de la Ley Pyme. Somos conscientes de eso y no estamos conforme con esa demora”, sin hacer ningún tipo de precisiones.
Otra de las cuestiones que interesan y mucho a Misiones, también planteada por Franco, estuvo referida a las obras del Gasoducto del NEA, estado de avance, inclusión de la totalidad de las provincias de la región, a lo que Peña respondió con algo más de dedicación.
Dijo que “hay una inversión prevista de 3.500 millones de dólares en cuatro etapas. La etapa I, el gasoducto troncal Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe; etapa II, Formosa, Chaco, Santa Fe; etapa III, cruce del río Paraná y gasoducto hacia las provincias de Corrientes y Misiones”.
En cuanto al tramo que interesa a los misioneros, puntualizó que “todavía no arrancó porque estamos en las etapas I y II, pero está en el plan de inversiones, buscando avanzar en esto. Tenemos que ir avanzando mientras en las redes domiciliarias”, dijo.
Puso algo de énfasis en dicho punto “porque o sino el problema lo podemos tener en llegar con las redes troncales y que no estén las redes domiciliarias, no será completo. Y tenemos que evaluar el tema del PPP (Participación Público Privada) como mecanismo, definitivamente”.
Tal vez el tema más urgente, por cuanto involucra a miles de productores y sus familias, fue del Fondo Especial del Tabaco (FET), cuya demora en la remisión por parte de la Nación, tiene en vilo a los beneficiarios por la imposibilidad de acceder a los servicios médicos y asistenciales que se sostienen con dicho aporte.
Se trata de unos 1.400 millones de pesos que corresponden a parte de 2017 y 2018, a razón de unos 200 millones de pesos mensuales y los correspondientes intereses que, para Peña, simplemente se trata de “una cuestión a resolver”, al tomar “también el punto del Fondo Especial del Tabaco (FET)”, como uno más de los tantos reclamos recibidos. No obstante, los fondos comenzarían a llegar a cuentagotas en breve, según se supo.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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