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La zona de Andresito, Irigoyen y San Antonio tiene la tasa más alta de homicidios

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Es cuatro veces superior al promedio nacional. Es en comparación con la cantidad de población. Supera Rosario y Santa Fe, que son las segundas

BUENOS AIRES (Diario La Nación). En el límite con Brasil, el departamento misionero de General Belgrano aparece bastante a menudo en las noticias vinculadas con el tráfico de drogas.

Zona de fuerte movimiento de marihuana, las localidades de Bernardo de Irigoyen, Comandante Andresito y San Antonio son escenarios de decomisos de estupefacientes.

Las estadísticas criminales pusieron en estos días en foco esa área fronteriza por su sorpresiva tasa de homicidios, cuatro veces superior al promedio nacional y el más elevado entre todos los distritos argentinos.

Si bien tiene pocos casos si se lo compara con otros distritos, su población, que apenas supera las 50.000 almas, eleva los diez asesinatos a una tasa de 19,44.

Las cifras de delitos difundidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación establecen la tasa de homicidios en el país en 5,3. Se notificaron 2362 asesinatos.

La mayoría de los asesinatos fueron ocasionados por peleas resueltas con el uso de un cuchillo. Sin embargo, en ese territorio ocurrió el año pasado un homicidio con inusuales características.

En junio último fue mortalmente golpeado el exintendente Wilmer Fernández, padre del actual jefe comunal, asesinado durante un presunto robo. Un hombre con antecedentes penales por dos homicidios fue detenido por ese crimen en la región, que aparece con los niveles más altos de homicidios.

Rosario y Santa Fe, le siguen

Más vínculos con los efectos de la violencia derramada por los narcotraficantes aparecen en las dos ciudades que se ubican detrás del departamento misionero en el listado de lugares con mayores tasas de asesinatos.

Tras una leve disminución de episodios mortales en 2017, la lucha por el control de los puestos de venta de droga repercutió nuevamente en la estadística criminal en Rosario.

Con 198 homicidios durante 2018 –44 casos más que un año antes–, la tasa se elevó allí a 15,50. Casi de inmediato en ese mortal ranking se ubica el distrito capital santafesino, con su tasa de 14,63 originada por 84 asesinatos.

En las dos principales ciudades de Santa Fe también se registraron otros elevados niveles de violencia, tal como quedó notificado en la estadística de lesiones dolosas. En Rosario se denunciaron 5000 casos y otros 2349 en la capital provincial.

Tucumán, también

Otro distrito cabecera de provincia con elevada tasa de homicidios es San Miguel de Tucumán. Los casos allí están en ascenso constante en los últimos tres años, pasándose de los 54 asesinatos investigados durante 2016 a los 85 verificados el año pasado.

Con esa cifra de muertes violentas, la capital tucumana tiene una tasa de 14,21 homicidios cada 100.000 habitantes. La situación en Tucumán es especialmente monitoreada por los funcionarios nacionales, ya que fue uno de los pocos territorios en los que no se logró frenar la cantidad de asesinatos.

El informe estadístico demostró que en otros distritos se produjeron importantes descensos en muertes violentas, ya que la tasa de 5,3 a nivel nacional representa la más baja desde 2001.

¿Y el Conurbano?

En el conurbano se visualizaron disminuciones de asesinatos en varios municipios, pero hubo un rebote de casos en Moreno, que cerró 2018 con 67 muertes y una tasa de 12,76, la más alta en el territorio bonaerense y la quinta en importancia a nivel nacional.

En el conurbano se notificaron, incluso, dos municipios con tasas inferiores a 3 homicidios cada 100.000 habitantes. Así quedaron las estadísticas en Ituzaingó, con 2,79 y 5 muertes; y en Ezeiza, con 1,91 y cuatro asesinatos.

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La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam

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El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentará el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.

El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).

En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.

En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.

Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.

Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.

De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.

Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam

 

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Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II

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Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.

En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua. 

Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.

“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.

Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.

“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.

Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.

Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.

“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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