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La zona de Andresito, Irigoyen y San Antonio tiene la tasa más alta de homicidios

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Es cuatro veces superior al promedio nacional. Es en comparación con la cantidad de población. Supera Rosario y Santa Fe, que son las segundas

BUENOS AIRES (Diario La Nación). En el límite con Brasil, el departamento misionero de General Belgrano aparece bastante a menudo en las noticias vinculadas con el tráfico de drogas.

Zona de fuerte movimiento de marihuana, las localidades de Bernardo de Irigoyen, Comandante Andresito y San Antonio son escenarios de decomisos de estupefacientes.

Las estadísticas criminales pusieron en estos días en foco esa área fronteriza por su sorpresiva tasa de homicidios, cuatro veces superior al promedio nacional y el más elevado entre todos los distritos argentinos.

Si bien tiene pocos casos si se lo compara con otros distritos, su población, que apenas supera las 50.000 almas, eleva los diez asesinatos a una tasa de 19,44.

Las cifras de delitos difundidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación establecen la tasa de homicidios en el país en 5,3. Se notificaron 2362 asesinatos.

La mayoría de los asesinatos fueron ocasionados por peleas resueltas con el uso de un cuchillo. Sin embargo, en ese territorio ocurrió el año pasado un homicidio con inusuales características.

En junio último fue mortalmente golpeado el exintendente Wilmer Fernández, padre del actual jefe comunal, asesinado durante un presunto robo. Un hombre con antecedentes penales por dos homicidios fue detenido por ese crimen en la región, que aparece con los niveles más altos de homicidios.

Rosario y Santa Fe, le siguen

Más vínculos con los efectos de la violencia derramada por los narcotraficantes aparecen en las dos ciudades que se ubican detrás del departamento misionero en el listado de lugares con mayores tasas de asesinatos.

Tras una leve disminución de episodios mortales en 2017, la lucha por el control de los puestos de venta de droga repercutió nuevamente en la estadística criminal en Rosario.

Con 198 homicidios durante 2018 –44 casos más que un año antes–, la tasa se elevó allí a 15,50. Casi de inmediato en ese mortal ranking se ubica el distrito capital santafesino, con su tasa de 14,63 originada por 84 asesinatos.

En las dos principales ciudades de Santa Fe también se registraron otros elevados niveles de violencia, tal como quedó notificado en la estadística de lesiones dolosas. En Rosario se denunciaron 5000 casos y otros 2349 en la capital provincial.

Tucumán, también

Otro distrito cabecera de provincia con elevada tasa de homicidios es San Miguel de Tucumán. Los casos allí están en ascenso constante en los últimos tres años, pasándose de los 54 asesinatos investigados durante 2016 a los 85 verificados el año pasado.

Con esa cifra de muertes violentas, la capital tucumana tiene una tasa de 14,21 homicidios cada 100.000 habitantes. La situación en Tucumán es especialmente monitoreada por los funcionarios nacionales, ya que fue uno de los pocos territorios en los que no se logró frenar la cantidad de asesinatos.

El informe estadístico demostró que en otros distritos se produjeron importantes descensos en muertes violentas, ya que la tasa de 5,3 a nivel nacional representa la más baja desde 2001.

¿Y el Conurbano?

En el conurbano se visualizaron disminuciones de asesinatos en varios municipios, pero hubo un rebote de casos en Moreno, que cerró 2018 con 67 muertes y una tasa de 12,76, la más alta en el territorio bonaerense y la quinta en importancia a nivel nacional.

En el conurbano se notificaron, incluso, dos municipios con tasas inferiores a 3 homicidios cada 100.000 habitantes. Así quedaron las estadísticas en Ituzaingó, con 2,79 y 5 muertes; y en Ezeiza, con 1,91 y cuatro asesinatos.

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El Concejo de Iguazú aprobó la emergencia por consumos problemáticos

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La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.

La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes. 

La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.

En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.

El programa

La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.

Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.

De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.

También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.

 

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

 

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Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro

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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco. 

El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.

Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”. 

Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.

Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.

Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo. 

Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras. 

El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.

Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones

Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.

 

Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la  ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.

Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.

Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.

El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación. 

Manifestación tras detención de Ángel Rivero

 

 

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