Provinciales
La Nación descarta la vuelta de la nafta barata para Posadas y demora los beneficios para Pymes
POSADAS. El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, dejó entrever que las urgencias de Misiones con respecto al retorno del ex ITC y la reglamentación de la Ley Pyme no figuran entre las prioridades de la Nación, al limitarse a señalar que las dos cuestiones seguirán bajo análisis.
El considerado “mano derecha” del presidente Mauricio Macri no se apartó ni un milímetro de más al responder las requisitorias de los legisladores misioneros, durante su exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación, como sí lo hizo con otros temas.
El beneficio del ITC diferenciado dejó de existir para Posadas y Clorinda, Formosa, a principios de este mes al modificarse el sistema tributario de los combustibles, mientras que la Ley Pyme prevé beneficios para empresas y comercios en la zona de frontera que deben ser reglamentados.
Ni una ni la otra iniciativa, cuya aplicación contribuirán para atenuar los efectos de las asimetrías con países vecinos, principalmente con Paraguay, avanzaría como preveían las autoridades provinciales, para decepción de las pequeñas industrias, el comercio y los pobladores de la capital misionera.
Al ser consultado acerca de la reposición de la nafta barata, Peña hizo referencia al conocimiento que tenía de la situación comercial en la frontera, principalmente a través del gobernador Hugo Passalacqua, pero “sabemos que la flotación cambiaria plantea una situación distinta, era más compleja al principio”, expresó.
Los dichos del funcionario provocaron ceños fruncidos de los legisladores misioneros que, enseguida, creyeron descifrar un contundente: nunca más nafta barata para los posadeños, a pesar de las circunstancias geográficas desfavorables que ubican a Posadas frente a la segunda ciudad de Paraguay.
En la misma sesión que se desarrolló ayer, el Jefe de Gabinete de la Nación adelantó el propósito de la administración central de “seguir estudiando” la reglamentación de los archi-nombrados artículos 10 y 11 de la Ley Pyme, cuyos alcances constituirían un bálsamo para las empresas de las zonas de frontera frente a las diferencias que plantean Paraguay y Brasil.
En cambio, Peña fue más pedagógico al responder sobre la licitación de obras de mejoramiento de la ruta nacional 14, en el tramo San José San Vicente, señalando “se está ejecutando la pavimentación de 35 kilómetros de la ruta 14 entre San Pedro y Dos Hermanas”, con un avance de 86 por ciento, mientras se planea la rehabilitación y repavimentación de 273 kilómetros en el límite con Corrientes y Campo Grande.
Con respecto a la ampliación del presupuesto asignado para el Fondo de Conservación y Enriquecimiento del Bosque Nativo, dijo que “el Ministerio de Ambiente ha solicitado se actualice dicha decisión administrativa a fin de que se asigne al Fondo de Conservación y Enriquecimiento del Bosque Nativo la totalidad del monto establecido en la Ley de Presupuesto 2018”.
Además, refirió que “la discusión de la coparticipación federal ya ha comenzado en la Comisión Federal de Impuestos, organismo federal natural para realizar ese debate. Allí en el marco de su Subcomisión de Coparticipación fueron creadas tres coordinaciones, para alcanzar un consenso en cuanto a la distribución de los recursos tributarios recaudados por la Nación”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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