Provinciales
La Iglesia expulsó al cura condenado por abusos, amigo del obispo Rubén Martínez
La Iglesia Católica comunicó la dimisión luego de la condena del Juzgado de primera instancia de la ciudad de Reconquista al sacerdote a 16 años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante a una niña y un niño.
SANTA FE y POSADAS. El Obispado de Reconquista confirmó que “la Santa Sede a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha determinado la dimisión del estado clerical de Néstor Fabián Monzón”.
La decisión llegó luego de que el sacerdote fuera hallado culpable y sentenciado a 16 años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante a una nena y un nene, ambos de tres años. Los abusos ocurrieron en la parroquia “María Madre de Dios”, de la que era párroco.
La Voz de Misiones publicó, al conocerse la sentencia contra el cura, que “Néstor fue detenido el 19 de abril de 2016. Un día después, durante la audiencia para notificarle los cargos al acusado, irrumpió en los tribunales de Reconquista el exobispo de aquella Diócesis, y jefe de la Iglesia de Posadas, Rubén Martínez.
Aquel miércoles 20 de abril no fue un día más para Martínez, quien viajó desde muy temprano en la madrugada para recorrer poco más de 600 kilómetros y llegar en horas de la mañana a la ciudad santafesina.
El Obispo se entrevistó inmediatamente con el fiscal de la causa, que se llama igual que él: Rubén Martínez. Los homónimos no tuvieron un encuentro amistoso y,como resultado de la breve reunión en un pasillo, el agente de justicia denunció al religioso por amedrentamiento, al sentirse “hostigado”.
Denuncias eclesiásticas
Las denuncias eclesiásticas –es un procedimiento judicial interno de la Iglesia Católica– se hicieron a los pocos días de la primera denuncia en la Justicia santafesina. Esto significó que las familias de las víctimas tuvieran que volver a declarar los hechos frente a miembros de la Iglesia.
En abril de 2016 se le aplicó la suspensión de ejercer el sacerdocio a Monzón y se elevó el juicio a Roma. Ese mismo año fue el escándalo que en los pasillos tribunalicios se conoció como la del “borre todo”.
En esos momentos aparecieron escuchas de la abogada del obispado, Gabriela Contepomi, donde le indicaba al sacerdote que eliminara todas las pruebas que pudieran incriminarlo.
“Borre todo lo que tiene, borre los mensajes, borre los WhatsApp, borre todo lo que pueda vincularlo con familiares, con laicos, incluso hasta con su confesor. Yo ya lo hice y haga lo mismo con las comunicaciones que tiene conmigo y las comunicaciones que tiene con el obispo”, le habría dicho. Además le advirtió que las instrucciones eran del obispo. Fue acusada de encubrimiento agravado pero resultó sobreseída en dos instancias.
Durante el juicio penal en Reconquista, en los últimos días de 2019, eclesiásticos de alto rango revelaron que la resolución del juicio canónico fue, de manera unánime, que se dictaminó la culpabilidad de Monzón luego de una investigación de 1.200 fojas.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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