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La Iglesia expulsó al cura condenado por abusos, amigo del obispo Rubén Martínez

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La Iglesia Católica comunicó la dimisión luego de la condena del Juzgado de primera instancia de la ciudad de Reconquista al sacerdote a 16 años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante a una niña y un niño.

SANTA FE y POSADAS. El Obispado de Reconquista confirmó que “la Santa Sede a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha determinado la dimisión del estado clerical de Néstor Fabián Monzón”.

La decisión llegó luego de que el sacerdote fuera hallado culpable y sentenciado a 16 años de prisión por el abuso sexual gravemente ultrajante a una nena y un nene, ambos de tres años. Los abusos ocurrieron en la parroquia “María Madre de Dios”, de la que era párroco.

La Voz de Misiones publicó, al conocerse la sentencia contra el cura, que “Néstor fue detenido el 19 de abril de 2016. Un día después, durante la audiencia para notificarle los cargos al acusado, irrumpió en los tribunales de Reconquista el exobispo de aquella Diócesis, y jefe de la Iglesia de Posadas, Rubén Martínez.

Aquel miércoles 20 de abril no fue un día más para Martínez, quien viajó desde muy temprano en la madrugada para recorrer poco más de 600 kilómetros y llegar en horas de la mañana a la ciudad santafesina.

El Obispo se entrevistó inmediatamente con el fiscal de la causa, que se llama igual que él: Rubén Martínez. Los homónimos no tuvieron un encuentro amistoso y,como resultado de la breve reunión en un pasillo, el agente de justicia denunció al religioso por amedrentamiento, al sentirse “hostigado”.

Denuncias eclesiásticas

Las denuncias eclesiásticas –es un procedimiento judicial interno de la Iglesia Católica– se hicieron a los pocos días de la primera denuncia en la Justicia santafesina. Esto significó que las familias de las víctimas tuvieran que volver a declarar los hechos frente a miembros de la Iglesia.

En abril de 2016 se le aplicó la suspensión de ejercer el sacerdocio a Monzón y se elevó el juicio a Roma. Ese mismo año fue el escándalo que en los pasillos tribunalicios se conoció como la del “borre todo”.

En esos momentos aparecieron escuchas de la abogada del obispado, Gabriela Contepomi, donde le indicaba al sacerdote que eliminara todas las pruebas que pudieran incriminarlo.

Borre todo lo que tiene, borre los mensajes, borre los WhatsApp, borre todo lo que pueda vincularlo con familiares, con laicos, incluso hasta con su confesor. Yo ya lo hice y haga lo mismo con las comunicaciones que tiene conmigo y las comunicaciones que tiene con el obispo”, le habría dicho. Además le advirtió que las instrucciones eran del obispo. Fue acusada de encubrimiento agravado pero resultó sobreseída en dos instancias.

Durante el juicio penal en Reconquista, en los últimos días de 2019, eclesiásticos de alto rango revelaron que la resolución del juicio canónico fue, de manera unánime, que se dictaminó la culpabilidad de Monzón luego de una investigación de 1.200 fojas.

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Colonos de San Pedro en Posadas: “Las vidas con Arauco están en riesgo”

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Luego de la escalada de violencia que derivó en el incendio de viviendas, golpizas y detenciones el fin de semana pasado, los colonos de San Pedro que enfrentan un conflicto territorial con Arauco, viajaron esta mañana a Posadas donde presentaron una denuncia en la Jefatura de Policía y asistieron a una reunión con el titular de la Subsecretaría de Tierras, Daniel Behler.

En representación de las familias afectadas por los incendios e intentos de desalojo, estuvo presente Diego Antúnez, presidente de la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras, quien anticipó a La Voz de Misiones que durante la reunión se planteó realizar un relevamiento de familias para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno. 

“No llegamos a nada concreto, simplemente seguir trabajando. Lamentablemente sin poder volver a cultivar tranquilos por estar en el acampe”, expresó en referencia a los acampes que emplazaron semanas atrás frente a la Municipalidad de San Pedro y la comisaría local para visibilizar la situación. 

El arribo a la capital provincial en busca de respuestas se dio luego de varias semanas de tensión entre efectivos de seguridad, que responderían a la empresa Arauco, quienes ingresaron a los predios donde residen las familias , provocaron incendios, y con ello la pérdida de viviendas, plantaciones y animales de hombres y mujeres que viven de lo que producen.

“Estamos en tierras que dicen ser de Arauco, pero nosotros decimos que son nuestras porque hay colonos que están hace más de doce años, algunos de mínimamente seis y se dedican a producir alimentos en las colonias Puerto Argentino I, II y III, San Juan Bosco y Las Chacritas, donde sí o sí las familias necesitan entre 5 a 15 hectáreas para los cultivos anuales, además de criar gallinas, cerdos y vacas”, añadió Antúnez.  

Además del reclamo territorial, también señalaron la falta de servicios básicos que padecen desde hace años: “Nadie tiene servicio de luz, agua y caminos. En mi zona -que es San Juan Bosco- estamos obligados a pasar por los caminos de Arauco. La municipalidad no nos hace caminos porque asegura que es propiedad privada, que no es parte del casco urbano y que él no tiene nada que ver en eso. Ahora finalmente pareciera estar más abierto al diálogo, pero por el momento seguimos sin caminos, sin luz y Arauco nunca nos mostró los papeles”.

“Como hay zonas desfavorables para la instalación de un pozo perforado, nos sugirieron una relocalización, pero son mínimamente unas 164 familias, entonces no podemos ir todos a un mismo lugar porque vamos a tener que talar árboles de vuelta y volver a hacer una chacra. Nosotros le pedimos quedarnos en la franja donde estamos, desde el empalme La Boca hasta San Juan Bosco, y a medida que necesitemos más tierra pediremos permiso para agrandar la chacra”, puntualizó sobre la reunión.

Durante el encuentro, César Fariña, quien también estuvo presente como dirigente de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), responsabilizó al gobierno por las situaciones de violencia sufridas días atrás, cuando efectivos dispararon con armas de fuego contra dos colonos, entre los que se encontraba un menor.

Las vidas con Arauco están en riesgo y yo responsabilizo al gobierno de la provincia de cualquier muerte o desaparición que pueda haber en San Pedro. Estamos muy preocupados y vamos a encargarnos de las cuestiones técnicas, pero la violencia no vamos a tolerar más”, enfatizó. 

Paralelamente, otro grupo de colonos, que residen en las colonias mencionadas, se dirigió a la Jefatura de Policía para presentar la denuncia que días atrás acercaron -sin resultados positivos- ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, correspondiente a cuatro detenciones arbitrarias y episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el último sábado. 

San Pedro: incendios, golpizas y demorados por conflicto entre Arauco y colonos

 

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San Pedro: incendios, golpizas y demorados por conflicto entre Arauco y colonos

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El conflicto territorial de colonos de San Pedro sumó un nuevo capítulo este fin de semana cuando, luego del incendio de viviendas de madera registrado días atrás, efectivos de la Unidad Regional XIV demoraron a cuatro hombres en sus chacras, por lo que vecinos responsabilizaron a la empresa forestal Arauco.

Según atestiguan los afectados, efectivos de seguridad que responden a la forestal “entraron a las chacras, quemaron las casas, mataron a los animales y detuvieron a los colonos ilegalmente”. Sobre ese mismo momento, ampliaron: “Fueron torturados por la Policía”.

El último viernes fue Cristian Marcelo Dos Santos quien encontró su casa quemada y las pertenencias que tenía en su chacra de Puerto Argentino 3. Según su relato, todo comenzó el martes, cuando “la Policía ingresó junto a personal de Arauco para exigir que dejara de trabajar en la chacra y sin ninguna orden judicial me amenazaron con seis meses de prisión”.

En tanto, el último sábado en horas de la tarde, cuatro colonos fueron despojados de las chacras donde se encontraban trabajando y trasladados por la fuerza a la comisaría local.

Sobre el procedimiento, uno de los vecinos del lugar expresó a través de un video difundido por la cuenta XR Misiones, que los uniformados “entraron sin ninguna orden a dispararles con armas calibre 12, los tiraron al piso boca abajo, les patearon en la espalda, pisaban en la nuca y con la escopeta siguieron disparando”. 

A lo que añadieron: “Dispararon a un menor de 16 años, hijo de Juan Ramón Ostapiuck, y lo secuestraron hasta las 12 de la noche mientras al padre le pegaban por preguntar por su hijo”.

En la mañana del domingo la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras se acercó a la comisaría para exigir la liberación de Julio Ayala, Julián Ayala y Juan Ramón, quienes finalmente fueron liberados. 

Sin embargo, aseguran que estos episodios “se repiten” diariamente, por lo que solicitaron respuestas por parte de las autoridades competentes, así como también “a todos los organismos de Derechos Humanos que intercedan en situaciones como esta”. 

En la mañana de este lunes, uno de los vecinos que residen en la colonia San Juan Bosco, presentó ante la Fiscalía de Instrucción Uno, con asiento en San Pedro, la denuncia correspondiente sobre las detenciones y los episodios de violencia que incluyeron disparos contra un menor el sábado.

Colonos tras su liberación en la comisaría de San Pedro.

 

Antecedentes

Este conflicto territorial en San Pedro sumó varias semanas de creciente conflictividad en las colonias rurales. El 19 de agosto, fue detenido el colono Ángel Rivero, quien también se encontraba trabajando en su chacra al momento de la captura. 

Por su parte, las organizaciones que acompañan a las familias denunciaron que el hecho se produjo en el marco de una causa por presunta usurpación. En ese momento, los vecinos decidieron realizar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro para pedir la liberación de Rivero.

También se vieron afectadas las familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca, La Chacrita y San Juan Bosco, entre otros parajes desde donde denunciaron una sucesión de procedimientos policiales y situaciones de violencia que podría alcanzar a unas 300 familias.

Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro

 

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Caravana de yerbateros llegó a Puerto Iguazú

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Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.

Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.

El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.

Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.

De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.

Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.

A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. 

 

Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño

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