Provinciales
La beba de Candelaria habría sido entregada a cambio de una cama, cocina y promesa de una casa
POSADAS. Una cama y una cocina, y posiblemente un corte casa pero sin las instalaciones de agua, luz y sanitarios, habrían conformado un pacto para la entrega de una recién nacida que salió a la luz tras el arrepentimiento de una de las personas que intervinieron en el caso, en la localidad de Candelaria.
Los detalles del acuerdo quedaron registrados en un mensaje que texto que al parecer la madre biológica envió a otra persona, mientras era asistida en la casa de la mujer que después del nacimiento inscribiría a la criatura como propia, según se supo.
En el mensaje María, la madre biológica, relató con errores de ortografía: “cama y cocina, hasta ahí puede darme. Porque el trato era darle la criatura y yo desaparecía. Y como no tenés adónde irte, desués te vamos a hacer una casita, vos te arreglás con el agua, el baño y la luz, me dijo”.
Luego comentó en el escrito el otorgamiento de un turno médico, la existencia de restricciones para su salida, el alumbramiento inminente, amenazas de denuncia por estafa y el final del trato, que serían reveladores de la relación entre la parturienta y la destinataria del bebé.
El mensaje fue incorporado a la causa en la cual figura como detenidas María, además de Susana, una empleada municipal de Candelaria que pretendía quedarse con la recién nacida, y Patricia, una enfermera que certificó el nacimiento en una segunda instancia a los fines de su inscripción en el Registro Provincial de las Personas.
Hasta donde se sabe, la futura adoptante contactó a la embarazada y la asistió durante la mayor parte de la gestación, y al momento del alumbramiento las dos llegaron al Hospital Pediátrico y Neonatal de Posadas, donde se produjo el nacimiento de la niña el pasado 1 de julio.
Según se supo, la pequeña fue inscripta por la madre en la oficina del Registro que funciona en el nosocomio con el nombre de Milagros Ayelén. Sin embargo, días después Susana Acosta se presentó en la oficina del mismo organismo en Candelaria y cumplió el mismo trámite, pero con nombre como la madre.
Aunque no se determinó con precisión, para el segundo trámite Acosta contó con una certificación que habría sido expedida por la enfermera que sería de apellido Ramos, quien después intentó que se anulara la inscripción aduciendo errores de forma, lo que despertó las sospechas de los funcionarios.
Posteriormente se inició una investigación a cargo del juez de instrucción Ricardo Balor que dispuso la detención de las tres mujeres y la entrega en guarda de la recién nacida, en tanto se procura determinar si participó una médica.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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