Provinciales
Gremios docentes marcharon y protestaron en el Consejo de Educación
En el marco del plan de lucha para las próximas dos semanas, acordado el último sábado en Oberá, los gremios docentes nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) marcharon en Posadas y se manifestaron frente al edificio del Consejo General de Educación (CGE).
La jornada, que incluyó paro de actividades sin presencia, comenzó con una concentración en la intersección de las avenidas Alem y Corrientes de la capital provincial, desde donde la columna se dirigió a las instalaciones del CGE, ubicadas en inmediaciones a la bahía El Brete.
Los docentes exigen un sueldo básico de 51.200 pesos para mayo, en contrapartida con los 40.100 pesos ofrecidos desde el gobierno. Además, piden la aplicación del 100% del Código 960 por movilidad.
“La jornada contó con una adhesión de casi el 80 por ciento de las escuelas de toda la provincia”, aseguró a La Voz de Misiones Mónica Gurina, secretaria general de CTA Autónoma, y agregó: “Eso dice que el paro es la voz de los trabajadores”.
“El malestar crece y estos 100 pesos son un agravio para nuestra clase”, lanzó la dirigente, al referirse a la propuesta del Ejecutivo provincial de sumar esa cantidad a los 40.000 pesos firmados para abril con los sindicatos de la mesa de diálogo, encabezados por la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM).
“Vinimos a presentar el petitorio porque en algún momento nos dijeron que no se habían enterado de lo que estamos pidiendo, entonces vinimos a traer las exigencias”, siguió la gremialista.
En ese sentido, se registraron forcejeos entre los efectivos policiales y un grupo de manifestantes que intentaba ingresar al edificio para entregar la lista de reclamos.
“Mañana continúa otro día más de paro”, ratificó Gurina y cerró: “En Oberá se va a realizar una movilización desde las 8 al Centro de Aplicación de la Escuela Normal, y en Posadas, habrá una nueva jornada de asamblea en plaza 9 de Julio”.
Plan de lucha
De la asamblea realizada el último sábado en Oberá participaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), así como Unión Docente Nueva Argentina Misiones (Udnam), Tribuna Docente, Conti Santoro y Marea Blanca.
En la oportunidad, los gremios docentes acordaron un plan de lucha para las próximas dos semanas, que continuará mañana con un nuevo paro y la organización de asambleas locales.
Asimismo, la suspensión de actividades continuará, esta vez por 72 horas, los días martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de abril.
En tanto, a partir de las 8 de este último día, se realizará una concentración en la ruta 12, a la altura del Puente Ñacanguazú, en Jardín América, para una asamblea de evaluación.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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