Provinciales
Fracrán, Misiones: pareja que cría a 12 chicos precisa urgente ayuda
Ramona Soledad Albrindi se hizo cargo de cinco hermanos, luego de que su padre falleciera. A poco más de 18 meses de ese gesto de amor y coraje, la mujer necesita desesperadamente ayuda para mantener a la hoy multitudinaria familia.
Es que sus cinco hermanos vinieron a sumarse al hogar compuesto con su esposo Mario Ostapiuk. Hasta ese momento, la pareja ya llevaba adelante la crianza de siete hijos.
En la precaria y pequeña vivienda de madera, con letrina por baño, residen catorce personas, de los cuales doce son menores de edad.
Si bien se esfuerzan diariamente, cultivando la chacra para alimentarse, lo que tienen no les alcanza y considerando que no cobra aún la Asignación Universal por los cinco hermanos, solicitan asistencia, principalmente con mercadería.
Ramona y Mario, viven en colonia Sierra Grande, Fracrán, y llevan adelante con sacrificio la numerosa familia, contando con un ingreso que no supera los 12.000 pesos mensuales, insuficiente para brindar a los menores todo lo que necesitan.
Ramona se quedó con la tenencia de los menores luego de que en septiembre de 2018 murieran sus progenitores, primero su madre Claudia Linares y después su padre Nicolás Albrindi.
En un primer momento se cobijaron hasta bajo una carpa mientras lograron construir una vivienda de madera, cuyo tamaño resulta pequeño para tantas personas.
Desde que vive con sus hermanos se dedican a cultivar la chacra y de allí obtienen parte de la alimentación
Mario también colabora en esas tareas mientras espera por alguna de las pocas changas que consigue.
El esfuerzo es grande, sin embargo, con la difícil situación económica, no alcanza.
“Luchamos mucho desde que estamos acá, realice los trámites para que mis hermanos cobren el salario universal, pero todavía no vino.
Como pueden ver, la casa es muy chiquita y necesitamos ayuda con mercadería. Con mi esposo plantamos lo que podemos, pero también hay cosas que necesitamos comprar y la plata no alcanza”, señaló Ramona.
Otra de las dificultades tiene que ver con el acceso al agua. La vertiente de donde extraen el vital líquido se encuentra a más de 500 metros de la vivienda, y desde allí cargan en tachos para todo. Si bien se arreglan para hacerlo, sería de gran ayuda contar con una bomba y así disponer del agua en la casa
Quienes deseen colaborar con la familia Albrindi-Ostapiuk, pueden comunicarse al 3755 29-0752.
El Territorio
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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