Provinciales
Fiesta en el IPS: revelan que los sueldos altos son de amigos de Pelito Escobar
POSADAS. Los sueldos más altos que se pagan en el Instituto de Previsión Social (IPS) corresponden a amigos, militantes y allegados de Ricardo “Pelito” Escobar, que los llevó de la jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo a este organismo.
La afirmación corresponde al secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores del IPS, Nelson Báez, quien salió a expresar “la indignación y el malestar” que se apoderó del plantel de empleados de carrera, que se sienten marginados y maltratados, según dijo en distintos medios de Posadas.
El gremialista aclaró que los ingresos superiores a los 100 pesos “solamente perciben seis personas”: presidente (Carlos Arce); vicepresidente, Luis A. Gómez; los directores activo y pasivo, Gracielña Aguirre y Delia Pompeya; gerente, Guido Barreyro, y secretaria general, Fabiana Marchuk.
Los ingresos de los citados están equiparados con el haber bruto del subcontador general de la Provincia, para el caso del presidente y de ahí aparecen enganchados los demás, pero no se nombra a Hugo Irala, jefe de gabinete del Instituto, tal vez por lo novedoso de su cargo.
Sin embargo el resto de los funcionarios con sueldos altos, que oscilan entre los 99 mil y los 70 mil pesos, “en mayoría son adscriptos que vienen de la Coordinación de Gabinete de la Provincia, que trabajaban con Ricardo Escobar y fueron reubicados”.
En ese caso, además de los ingresos del puesto de origen “perciben un 60 por ciento del sueldo del presidente del Instituto, con lo cual llegan a conformar los ingresos mencionados”, señaló Báez durante una entrevista con el canal Misiones Cuatro de Posadas.
El gremialista, que instó a sus afiliados a “denunciar las irregularidades en defensa del Instituto”, dijo que además existen otras cuestiones como el funcionamiento de cooperativas y organizaciones que también perciben importantes pagos por sus servicios y no cumplen con las reglas de contratación de empleados.
En el caso citado, mencionó la cooperativa “El hijo del carpintero SRL”, que se encarga de auditar el trabajo de los profesionales en las delegaciones del interior de Misiones, “que recientemente recibió 700 mil pesos en concepto de pago por un mes de servicios”.
También reveló el trabajo de una cooperativa de limpieza, en las mismas condiciones y por contratos importantes, tras lo cual señaló que en la actualidad los adscriptos ascienden a unas 260 personas, de las cuales la mayoría responden al Centro de Apoyo, de Escobar.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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