Provinciales
Familia de San Vicente cedió lotes a la comunidad mbya Yvy Porã Mirī
Tras varios años de disputa en defensa de un territorio históricamente saqueado, ayer miércoles el cacique Leonardo Ramírez de la comunidad mbya Yvy Porã Mirī recibió la documentación de la propiedad comunitaria indígena, sobre lotes, en la localidad de San Vicente.
El espacio fue cedido por la familia Didolich, con la cual los miembros de la comunidad debieron enfrentar varios ataques verbales y físicos, incluyendo el destrozo de viviendas, accionar que culminó con una presentación policial en la comisaría local en el año 2022.
A través de un comunicado, el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) celebró: “Este día es el cierre de una larga lucha que comenzó en términos violentos. Cabe recordar que esta familia fue muy agresiva y en reiterados intentos por desalojar de manera forzada a los mbya, llevaron adelante acciones inhumanas, como la destrucción de sus casas y el incendio del opy, templo central de la espiritualidad guaraní, entre otros infortunios y amenazas”.
A lo que añadieron: “Hoy se dio un paso adelante en materia de derechos. Ante la ausencia del Estado, esto fue posible gracias a la generosidad de la asociación suiza Sagittaria, dedicada a la protección ambiental, y que ya en otras oportunidades adquirió lotes de monte para devolver al Pueblo Mbya”.
Anteriormente, en el año 2014 la asociación suiza Sagittaria entregó el título de tierras con monte a la comunidad mbya Takuapi en la localidad de Ruiz de Montoya.
Por su parte, Johannes Jenny, biólogo y director de Sagittaria en Argentina, reflexionó acerca de sus motivaciones para contribuir con esta causa: “El motivo es simple, es por el clima, el cuidado de los montes que quedan, que ayudan a eliminar el dióxido de carbono y eso sirve para todo el mundo. Lo otro es la biodiversidad, la selva misionera es uno de los ecosistemas más ricos del mundo, eso es muy importante para Sagittaria. Por eso hacemos todo lo posible para que no se extinga esa forma de vivir sustentable de la cultura Mbya”.
Por último, concluyó: “Es un día histórico, pero es solo un paso. Es una vergüenza lo poco que podemos devolver de la tierra que originalmente fue de los mbya. Tenemos dos montes más de 50 hectáreas cada uno que queremos comprar lo más pronto posible”.
Antecedentes
En octubre de 2022, Yvy Porã, sufrió atropello por parte de quienes entonces aseguraban ser los dueños de ese predio. Los miembros de la comunidad fueron “violentados con gritos, empujones y la destrucción de sus casas, sin importar si había niños o ancianos en el lugar”, señaló un comunicado de Emipa, quienes también resultaron agredidos físicamente por ese entonces.
Legalmente, las leyes 26.160 y la 23.302/85, reconocen que las familias de las diferentes comunidades mbya que habitan la provincia, así como también los demás pueblos originarios que conviven en nuestro país, no están “usurpando”, sino “ocupando territorio ancestral, tradicional, amparado por la Ley Madre en el artículo 75, inciso 17”.
A lo largo y ancho de la provincia, de un total de 130 comunidades mbya, son varias las que se mantienen en pie de lucha por sus territorios, debiendo enfrentar no sólo intrusiones e intentos de desalojos violentos, sino además campañas de odio en su contra.
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La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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