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Estudiantes decidieron tomar la Facultad de Humanidades por 24 horas

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En la asamblea general realizada hoy por la tarde, estudiantes y docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) decidieron tomar por 24 horas la sede, ubicada sobre calle Tucumán casi San Lorenzo de Posadas. La medida se replicará el próximo jueves en repudio al veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobado recientemente en el Congreso de la Nación.

Se trata de una “toma activa”, que no impedirá el ingreso y egreso al edificio para efectuar las actividades habituales, e incluirá una olla popular y el dictado de clases públicas.

De la asamblea, que inició alrededor de las 19, participaron tanto estudiantes como docentes y no docentes quienes hicieron uso de la palabra a fin de exponer distintos reclamos relacionados al financiamiento universitario en el marco de un plan de lucha iniciado por las universidades públicas de todo el país.

Días atrás fueron tomadas alrededor de 25 unidades académicas de distintas universidades públicas de todo el país, listado al que finalmente se sumó la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam, la cual registró un hecho similar por última vez en el año 2009.

Distintas voces y propuestas

Mientras que referentes del Centro de Estudiantes comandado por el Frente Estudiantil (FE) y algunos referentes no docentes intentaron dar marcha atrás a la toma “para evitar que los estudiantes deban interrumpir sus actividades académicas regulares y la presentación a exámenes”, la gran mayoría decidió votar a favor de la medida que será activa, por lo que no habrá interrupción alguna.

A su vez, convocaron a un paro por 24 horas y una marcha hacia la Casa de Gobierno con entrega de petitorio, ambas medidas previstas para el día jueves, “para que el gobernador sienta que nosotros estamos hartos del hostigamiento y sus órdenes respecto a la educación pública. Exigiremos explicaciones”, manifestaron en asamblea aludiendo al voto de los legisladores misioneros en apoyo al veto.

En cuanto a las problemáticas que atraviesan los estudiantes, lamentaron que “Más de la mitad de los estudiantes han abandonado la ciudad porque no pueden pagar el alquiler y porque no hay dinero para las fotocopias. Ninguna toma va a perjudicar tanto como la crisis económica en la que estamos envueltos todos los trabajadores y nuestros hijos”, enfatizaron.

Estudiantes de Humanidades, con clase pública y asamblea frente a la Facultad

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Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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deudores misiones

El drama de la morosidad que impacta a nivel nacional tiene su correlato en Misiones, donde el 29,35% de las personas con deudas declaradas se encuentra en mora que supera los 90 días, según un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una asociación civil que aborda diferentes temáticas sociales.

Según el último informe, denominado Radiografía del Endeudamiento en Argentina y elaborado en base a datos recopilados hasta junio de 2026, en la tierra colorada hay un total de 484.180 personas físicas con deudas declaradas, de las cuales 142.084 se encuentran en mora de nivel 3, 4 y 5. Dicha cantidad representa un 29,35% del total de deudores, cifra que supera en 4,4 puntos porcentuales la media nacional.

El mismo estudio señala el universo de personas en deuda debe cubrir un monto total de 1,57 billones de pesos, mientras que los deudores en mora deben cubrir 292.928,61 de pesos.

Ese universo de deuda corresponde a todas las entidades crediticias, desde bancos privados y públicos, hasta tarjetas de crédito, billeteras virtuales y compañías financieras.

Edades

El informe además consigna que los adultos de entre 26 y 35 años conforman el universo de mayor cantidad de personas con deudas declaradas (116.812), aunque la franja etaria integrada por menores de 25 años es la que más porcentaje de deudores en mora tiene en relación al total de deudores declarados.

En relación a este último ítem, los datos marcan que hay 41.698 jóvenes menores a 25 años con deudas declaradas, de los cuales 18.026 se encuentran con retrasos en sus pagos, lo que representa 43,23% de ese total, una cifra que se ubica 5 puntos por encima de la media nacional en el mismo segmento de análisis.

Departamentos

Los datos recogidos por la CEC fueron presentados a través de un mapa interactivo, en el cual cada usuario puede revisar la información recopilada tanto a nivel nacional, como provincial y hasta por departamentos.

En la revisión municipio por municipio sobresale que el departamento Capital registra el mayor porcentaje de deudores en mora de la provincia. Los datos duros: 26.425 personas físicas con deudas declaradas y 9.765 de ellas se encuentra en mora, lo que equivale a un 37,07%. Lo siguen Apóstoles, Concepción, Candelaria, Eldorado y San Ignacio con números que superan el 30%.

El análisis desagregado por departamentos además expone otro dato relevante y, es que, Guaraní, por ejemplo, registra casi cinco veces más de personas con deudas declaradas que Capital, pero el promedio de deudores en mora es marcadamente más bajo.

Para verlo en números hay que exponer que Guaraní presenta un total de 125.186 personas con deudas declaradas, de las cuales 36.178 se encuentran en estado de morosidad, lo que arroja un promedio de 28,9% a nivel departamental.

 

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El Niño en Misiones: iniciaron censo de familias para coordinar evacuaciones

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Esta semana comenzó el relevamiento preventivo de las familias que viven en zonas vulnerables en diferentes puntos de la provincia, mediante un mapeo sectorizado que permitirá saber de antemano a quién asistir, cómo evacuar y hacia dónde trasladar a las personas ante lluvias intensas, tormentas, crecidas o inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Los lineamientos fueron impartidos por el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía hacia las 15 Unidades Regionales. De esta manera, la fuerza tendrá un rol central como primer respondedor debido a que posee la mayor estructura operativa y despliegue territorial, lo que permite articular directamente con los comités de crisis municipales y los demás organismos del Estado.

“La planificación apunta a que una eventual evacuación no comience cuando el agua ya ingresó a las viviendas”, indicaron las autoridades, por lo que efectivos recorren y sectorizan zonas bajas, barrios próximos a arroyos, áreas ribereñas, alcantarillas, caminos que podrían quedar comprometidos y otros puntos susceptibles a anegamientos.

En cada sector se releva cuántas familias viven, cómo están conformadas y si existen niños, adultos mayores o personas que puedan requerir asistencia prioritaria. A su vez, se establecen previamente los lugares destinados a recibir evacuados y también las viviendas de familiares a las que algunas personas podrían trasladarse, permitiendo conocer con anticipación el destino de cada grupo familiar.

En paralelo, se desarrolla un trabajo de concientización con los vecinos para que mantengan preparado lo indispensable ante una eventual salida del hogar. Documentación, medicamentos, ropa y elementos esenciales deberán estar accesibles para que, si las condiciones obligan a evacuar, el traslado pueda concretarse en el menor tiempo posible.

En las zonas rurales y ribereñas, el relevamiento contempla además animales, vehículos, herramientas y otros bienes vinculados con la vida y el trabajo familiar, incorporándolos a la planificación de cada jurisdicción.

Toda esa información conformará un mapa preventivo actualizado. Así, ante una emergencia, la Policía podrá conocer rápidamente qué sectores requieren intervención prioritaria, cuántas personas deben ser movilizadas, qué recursos y vehículos serán necesarios, cuáles son las vías seguras de ingreso y egreso y hacia dónde será trasladada cada familia.

Articulación entre áreas y municipios

“La premisa del Gobierno es anticiparnos y tener organizada la respuesta antes de que ocurra una emergencia. Sabemos que la Policía es el primer respondedor y la estructura con mayor presencia territorial de la provincia. Por eso estamos bajando los lineamientos junto con la Jefatura para articular previamente con los municipios y los demás organismos del Estado”, señaló el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

Los comités de crisis de cada municipio serán parte central de esa coordinación junto con Protección Civil, Salud, Bomberos y las demás áreas provinciales y municipales involucradas. Cada jurisdicción podrá establecer anticipadamente sus recursos, movilidad, lugares de alojamiento y prioridades de intervención.

El jefe de Policía, comisario general Sandro Martínez, remarcó que el esquema alcanza tanto al interior como a las ciudades, donde también existen arroyos, zonas bajas y sectores susceptibles a anegamientos. Por ello, cada dependencia deberá conocer y mantener actualizada la situación de su territorio.

De esta manera, si las condiciones obligan a evacuar, la respuesta comenzará sobre un escenario previamente organizado: sectores mapeados, familias censadas, destinos definidos, recursos coordinados y vecinos preparados para salir en poco tiempo.

La prevención es clave para reducir el impacto de El Niño en las chacras

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Iprodha: titulares con hijos a cargo tendrán descuentos por 2 años tras divorcio

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Iprodha: titulares con hijos a cargo tendrán descuentos por 2 años tras divorcio

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) estableció una bonificación de hasta el 40% de la cuota durante 24 meses para familias con hijos menores de edad que atraviesen la separación de los convivientes y en las que uno de los progenitores o tutores quede a cargo del cuidado de los niños.

La medida fue formalizada mediante la Resolución Reglamentaria Iprodha Nº 00242/26, firmada el 10 de agosto y publicada este martes en el Boletín Oficial de Misiones.

La normativa crea el “Procedimiento Administrativo Especial de Readjudicación y Sostenimiento Habitacional”, destinado a garantizar la permanencia en la vivienda de quien, tras la disolución del vínculo convivencial, ejerza el cuidado efectivo de los menores que integraban el grupo familiar declarado.

Según establece la resolución, el mecanismo busca que la separación de los convivientes no implique la pérdida de la vivienda para los hijos menores. En los fundamentos, el organismo señala que resulta necesario reglamentar la readjudicación “a los fines de asegurar la continuidad” en el inmueble “de quien ejerza el cuidado efectivo de los menores”, teniendo en cuenta además la carga económica que puede generar la ausencia del otro integrante de la pareja.

La medida alcanza a “todas las configuraciones familiares”, ya que el artículo 2º establece que se aplicará “sin distinción de género u orientación sexual”, siempre que se acredite la presencia de menores a cargo en el hogar.

Beneficio

Uno de los principales puntos de la resolución es la posibilidad de acceder a una bonificación de hasta el 40% de la cuota durante un período de 24 meses consecutivos.

El beneficio se aplicará sobre el monto resultante de la sumatoria de la cuota neta, el interés de financiación y el Fondo Solidario de Desarrollo Habitacional, siempre que el organismo provincial corrobore la veracidad de la situación declarada.

La resolución establece que la bonificación tendrá como finalidad “facilitar la transición económica del hogar tras la separación de los convivientes”.

De esta manera, la persona que resulte nueva titular podrá acceder al descuento durante dos años para afrontar el cambio en la composición y en los ingresos del grupo familiar.

Además, el nuevo titular podrá optar por el “descuento directo por planilla de sueldos”, en caso de ser agente público, o por el sistema de débito automático.

Trámite

Para iniciar el proceso de readjudicación, la persona que permanezca en la vivienda deberá presentar una serie de documentos ante el Iprodha.

La resolución exige una nota formal por duplicado dirigida al presidente del instituto, en la que se declare que se habita el inmueble. También deberá presentarse la sentencia de divorcio o, en caso de corresponder, la renuncia de condominio realizada ante escribano público.

A esto se suma la “acreditación judicial de la tenencia o del cuidado personal de los hijos menores”, además de documentación que permita demostrar los ingresos y las garantías necesarias para continuar afrontando el pago de la vivienda.

Una vez iniciado el trámite, la Dirección de Trabajo de Campo, dependiente de la Gerencia Social del organismo, deberá realizar un informe socioeconómico. El objetivo será verificar que los menores residan efectivamente en la vivienda y determinar quién ejerce su cuidado, además de evaluar las condiciones económicas del grupo familiar.

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial.

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