Provinciales
Mesa de Diálogo docente acordó salario con el gobierno y un gremio no firmó
Esta mañana en el Salón Oval del Ministerio de Educación, los gremios docentes nucleados en la Mesa de Diálogo se reunieron con las autoridades del gobierno y firmaron, en disidencia, un acuerdo para el salario de mayo y junio.
En este sentido, el Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab) decidió no rubricar el incremento salarial por estar en desacuerdo con la propuesta de 43.400 pesos al básico para este mes y de 44.400 pesos para el próximo.
Por su parte, el resto de los sindicatos oficialistas -UDA Misiones, Amet, Sadop, Sidepp y UDPM– sí participaron del anuncio con la que refrendaron la pauta salarial.
La reunión se realizó a horas de que el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) retome su plan de lucha, que incluye paro y movilización para este jueves y viernes en toda la provincia.
Este martes, estuvieron sentados en la mesa de negociaciones los ministros de Educación, Miguel Sedoff, de Hacienda, Adolfo Safran, y de Trabajo, Silvana Giménez, así como el presidente del CGE, Alberto Galarza, y los representantes sindicales.
A su turno, el secretario general de UDPM, Rubén Darío “Grillo” Caballero, manifestó ser “un defensor del básico en el contexto inflacionario que preocupa y afecta a todo el sector educativo”, al tiempo que propuso continuar analizando las variables mensuales y corregir pirámide salarial.
De esta forma, mediante acta, se acordó una recomposición salarial del cargo testigo y/o su equivalente en horas para el mes de mayo de 43.400,77.
Asimismo, se estableció una garantía provincial para los meses de mayo y junio: de 0 años 113.374 pesos; de 1 a 4 años 115.642; de 5 a 9 años 117.909; y de 10 años o más 120.177 pesos.
Además, se modificó el Concepto 960 del 50% al 100% y se excluyó el adicional de pasajes 390 por fuera de la garantía provincial para el mes de mayo.
En tanto, la recomposición salarial del cargo testigo y/o su equivalente en horas para el mes de junio será de 44.400,77 pesos.
En el cónclave, se pautó además una próxima reunión para la primera semana de julio, con revisión del primer semestre y sujeto a modificaciones de la paritaria nacional.
En desacuerdo
Desde el Semab, decidieron no firmar el acta acuerdo ante el desacuerdo con la propuesta por parte del Ejecutivo provincial.
Es que, desde el sindicado, habían propuesto un básico de 46.000 para mayo y de 48.000 para junio.
En el mismo sentido, desde el gremio encabezado por la secretaria general Mariana Lescaffette rechazaban la incorporación del adicional 775 al básico, “que en realidad sigue siendo bastante insuficiente porque no alcanza la inflación”, confió a La Voz de Misiones un vocero presente en la reunión.
“Esa suba del adicional al básico impacta negativamente en los que venían cobrando el 775 que bonificaba otros conceptos del sueldo y, al pasar y licuarse con el básico, termina diluyéndose y siendo una perdida para la conformación del salario”, dijeron.
La suba otorgada por el gobierno para mayo representa un 6% de aumento, “pero aun eso para nosotros es pérdida, porque sin un básico que sustente una pirámide real, nos parece totalmente insuficiente”, agregaron.
Por ello, desde Semab sostuvieron que “esta cuestión nos deja en una situación de soledad dentro de la mesa”, aunque de todas formas consideraron que “corresponde no firmar y nos retiramos de la foto porque no vamos a acordar con esto, entendiendo que es sumamente insuficiente”.
No obstante, más allá del desacuerdo, aseguraron que “vamos a seguir participando” de las discusiones salariales.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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