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El ministro Pérez había dicho que no quería militares en la calle, pero ahora sí quiere

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POSADAS. El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quedó envuelto hoy en una fuerte contradicción de tipo personal al modificar, con una diferencia de escasos días, su postura acerca del envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a las fronteras, especialmente la lucha contra el narcotráfico, anunciado por la Nación.

La iniciativa del Gobierno Nacional y fue ratificada por el presidente Mauricio Macri la semana pasada, después que deslizara sus propósitos en el acto del Día del Ejército, que se recordó el pasado 29 de mayo, con un programa de intervención que regirá en una zona entre Salta y Misiones.

En principio, según la decisión presidencial, unos 1.000 efectivos del Ejército y de la Armada se desplegarán en la frontera para prestar medios de traslado a las fuerzas de seguridad, además de la custodia de radares y de represas existentes en la región. Dicha cantidad será elevada a 6 mil, el año próximo.

Al respecto, el ministro misionero dijo a principios de este mes que no quería “a los militares en la calle”, basándose en el hecho de que “no existe ninguna ley que permita que una fuerza armada pueda ejercer funciones de Policía o funciones de seguridad interior”.

Sin embargo, en declaraciones conocidas hoy y publicadas por distintos sitios informativos en internet, Pérez dijo que “todo lo que sume para combatir al narcotráfico y a los delitos transnacionales es bienvenido, siempre que se haga en un marco de normalidad y apego a las normas, lo que tanto se pregona e insiste”.

Al reafirmar su cambio de postura acerca de la presencia de militares en Misiones, el funcionario de mayor imagen positiva de la Renovación recordó que en 2011 la presidenta Cristina Fernández puso en marcha el operativo Escudo Norte en una iniciativa que comparó con la idea de Macri.

“Veremos qué matiz toma. Por supuesto que hay dos marcos de leyes, que son la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, que impiden la utilización de personal militar -no así de la logística y el material- en fuerzas de seguridad interior”, dijo al justificar sus dichos más recientes.

Es más, se mostró conforme con que los militares “harán patrullajes en las zonas de fronteras y se utilizarán como elementos de disuasión en aquellos lugares donde consideren que nuestra frontera es más sensible”, teniendo en cuenta que “Paraguay es muy permeable en cuanto al ingreso de marihuana”.

Añadió que “todo lo que sume para combatir al narcotráfico y a los delitos transnacionales es bienvenido, siempre que se haga en un marco de normalidad y apego a las normas, lo que tanto se pregona e insiste”.

La presencia de las Fuerzas Armadas fue criticada por organizaciones sociales y entidades defensoras de los derechos humanos en Misiones, aunque trascendió que hace ya un buen tiempo que realizan tareas de asistencia a las fuerzas de seguridad, principalmente con logística militar, en tareas de patrullaje con Gendarmería Nacional, en la tierra colorada (foto en la ruta 105, zona del Club de Campo La Eugenia, en Posadas).

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Caravana de yerbateros llegó a Puerto Iguazú

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Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.

Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.

El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.

Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.

De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.

Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.

A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. 

 

Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño

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Emergencia yerbatera y precio mínimo: el proyecto llegó a la Legislatura

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Emergencia yerbatera y precio mínimo: el proyecto llegó a la Legislatura

La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.

La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.

El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.

El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.

La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.

Precio

El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.

El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.

También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.

El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.

A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.

“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.

Control

La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.

La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.

El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.

En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.

Multas y sanciones

La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.

Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.

Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.

Quiénes quedarían incluidos

El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.

Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.

También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.

El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.

La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.

Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”

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Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”

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De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada. 

“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva. 

Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.

Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.

También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.

A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.

El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).

“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.

Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.

La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.

El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.

Yerbateros preparan el tractorazo contra Milei: “Que la provincia despierte”

 

 

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