Provinciales
El ministro Pérez había dicho que no quería militares en la calle, pero ahora sí quiere
POSADAS. El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quedó envuelto hoy en una fuerte contradicción de tipo personal al modificar, con una diferencia de escasos días, su postura acerca del envío de efectivos de las Fuerzas Armadas a las fronteras, especialmente la lucha contra el narcotráfico, anunciado por la Nación.
La iniciativa del Gobierno Nacional y fue ratificada por el presidente Mauricio Macri la semana pasada, después que deslizara sus propósitos en el acto del Día del Ejército, que se recordó el pasado 29 de mayo, con un programa de intervención que regirá en una zona entre Salta y Misiones.
En principio, según la decisión presidencial, unos 1.000 efectivos del Ejército y de la Armada se desplegarán en la frontera para prestar medios de traslado a las fuerzas de seguridad, además de la custodia de radares y de represas existentes en la región. Dicha cantidad será elevada a 6 mil, el año próximo.
Al respecto, el ministro misionero dijo a principios de este mes que no quería “a los militares en la calle”, basándose en el hecho de que “no existe ninguna ley que permita que una fuerza armada pueda ejercer funciones de Policía o funciones de seguridad interior”.
Sin embargo, en declaraciones conocidas hoy y publicadas por distintos sitios informativos en internet, Pérez dijo que “todo lo que sume para combatir al narcotráfico y a los delitos transnacionales es bienvenido, siempre que se haga en un marco de normalidad y apego a las normas, lo que tanto se pregona e insiste”.
Al reafirmar su cambio de postura acerca de la presencia de militares en Misiones, el funcionario de mayor imagen positiva de la Renovación recordó que en 2011 la presidenta Cristina Fernández puso en marcha el operativo Escudo Norte en una iniciativa que comparó con la idea de Macri.
“Veremos qué matiz toma. Por supuesto que hay dos marcos de leyes, que son la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, que impiden la utilización de personal militar -no así de la logística y el material- en fuerzas de seguridad interior”, dijo al justificar sus dichos más recientes.
Es más, se mostró conforme con que los militares “harán patrullajes en las zonas de fronteras y se utilizarán como elementos de disuasión en aquellos lugares donde consideren que nuestra frontera es más sensible”, teniendo en cuenta que “Paraguay es muy permeable en cuanto al ingreso de marihuana”.
Añadió que “todo lo que sume para combatir al narcotráfico y a los delitos transnacionales es bienvenido, siempre que se haga en un marco de normalidad y apego a las normas, lo que tanto se pregona e insiste”.
La presencia de las Fuerzas Armadas fue criticada por organizaciones sociales y entidades defensoras de los derechos humanos en Misiones, aunque trascendió que hace ya un buen tiempo que realizan tareas de asistencia a las fuerzas de seguridad, principalmente con logística militar, en tareas de patrullaje con Gendarmería Nacional, en la tierra colorada (foto en la ruta 105, zona del Club de Campo La Eugenia, en Posadas).
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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