Provinciales
El locutor Carlos Carvallo fue condenado a 12 años de cárcel por torturas en la dictadura
Fue este viernes, en el Juzgado Federal Uno de Paraná, Entre Ríos. Es por la causa de El Brete, donde como policía torturó a un gremialista en la dictadura.
El locutor y ex policía Carlos Carvallo fue condenado a doce años de prisión de cumplimiento efectivo por delitos de lesa humanidad, en Paraná, durante la última dictadura cívico militar.
El veredicto del juez federal Pablo Seró se conoció esta mañana en una audiencia remota, que fue transmitida en directo por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Carlos Carvallo, que se mezcló en los medios de Misiones para ocultar su pasado, se desempeñó al final de su carrera en FM Show, en Posadas, donde fue el principal conductor del programa insignia: El Show los Impactos, junto a Alfredo Abrazian, Alejandro Barrionuevo, José Fernández y otros.
Fue juzgado por su rol en la Policía de Entre Ríos durante los años del terrorismo de Estado. Se investigó su responsabilidad por delitos cometidos en el centro clandestino de detención y torturas que funciona al final de Paraná.
El destacamento de El Brete era un lugar sumamente aislado hace 40 años, lo cual fue aprovechado por los represores para instalar allí uno de los lugares donde eran trasladados los detenidos ilegales para mantenerlos en cautiverio en condiciones inhumanas y someterlos a diferentes tipos de torturas.
Para este fin específico, utilizaban el sótano del lugar. Una de las víctimas que estuvo allí fue el docente y sindicalista Manuel Ramat, quien reconoció a Carvallo como miembro del grupo de tareas.
Caso Ramat
Cuando en 2014 le tocó declarar en la causa Área Paraná I, ante el juez Leandro Ríos, Ramat denunció a Carvallo. Aunque ya lo había hecho en otras ocasiones desde el inicio mismo de la democracia, fue recién entonces que la Justicia tomó sus dichos.
Ríos pidió la detención, pero el ex policía se fugó. Vivía en Misiones, donde se había reciclado como locutor de radio y era un personaje conocido. Eso no le impidió permanecer prófugo durante cuatro años, hasta ser capturado en 2018 y llevado a juicio por haber detenido ilegalmente y torturado a Ramat.
Por El Brete pasaron muchos otros detenidos políticos, que también fueron víctimas del represor devenido luego en locutor. Sin embargo, este juicio se llevó adelante solamente por el caso de Ramat.
Tampoco se tuvo en cuenta la responsabilidad de otros integrantes de la fuerza de seguridad entrerriana en estos hechos. A la época de los acontecimientos, Carvallo se desempeñaba con el rango de oficial ayudante en la Dirección de Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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