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El enjuiciamiento de Pedro Fragueiro se haría a puertas cerradas

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El juez está denunciado por delitos que se consideran de instancia privada: acoso y abuso sexual. Y sería destituido por haber cometido “delitos comunes”.

 

El juez de Familia y Violencia Familiar de Puerto Iguazú, Pedro Fragueiro, sería enjuiciado a puertas cerradas, porque las denuncias en su contra se refieren a la comisión de delitos de instancia privada.

La decisión de sesionar sin público ni periodismo, será adoptada por el Jurado de Enjuiciamiento una vez cumplidos los trámites de la acusación y la defensa, al fijar día, hora y lugar para el inicio de las audiencias.

Dicha medida se encuentra contemplada en el Código Procesal Penal de la provincia, que se utiliza en forma supletoria en el proceso de juzgamiento de magistrados y funcionarios, según explicaron en el Poder Judicial.

La aclaración se conoció en medio de los preparativos para el caso del juez Fragueiro, ya que por un lado la ley respectiva (IV-Nº 24, antes Ley 2818) establece que las audiencias serán públicas.

Por esa razón solamente estarán en la sala de audiencias los siete integrantes del jurado; el fiscal y sus secretarios, además de los defensores y el acusado, además de un número limitado de funcionarios judiciales con tareas específicas.

Por cuestiones de seguridad sanitaria, que regirá tanto en el interior como en el exterior, el acceso con restricciones se limitará a los alrededores de la sala que se encuentra en el Palacio de Justicia (foto).

El caso

El juez Fragueiro podrá ser acusado por “incapacidad física o mental sobreviniente, por delito en el desempeño de sus funciones o falta de

cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos o por delitos comunes”. Las mismas causales contempladas en el Juicio Político.

En el caso, de acuerdo con explicaciones de especialistas, correspondería en el encuadre de la conducta del acusado en la figura de “delitos comunes”, ya que las cinco denuncias conocidas se refieren a acoso y abuso sexual.

Pero en la instancia del Jury solamente se resolverá la responsabilidad del magistrado en los hechos denunciados y su continuidad, o no en el cargo, dado que el proceso penal deberá continuar posteriormente en este fuero.

Dictamen del Procurador

En la noche de este lunes, se supo que el procurador Migue Ángel Piñero, en su carácter de fiscal en el Jury contra el juez Fragueiro, presentó la acusación que en el paso siguiente será trasladada a la defensa del acusado.

Si bien no trascendieron detalles, se descarta que el trabajo del fiscal tiene como eje las denuncias radicadas en sedes judiciales, además de distintos testimonios agregados y que todavía no fueron incorporados al expediente principal.

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El Concejo de Iguazú aprobó la emergencia por consumos problemáticos

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La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.

La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes. 

La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.

En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.

El programa

La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.

Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.

De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.

También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.

 

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

 

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Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro

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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco. 

El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.

Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”. 

Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.

Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.

Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo. 

Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras. 

El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.

Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones

Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.

 

Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la  ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.

Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.

Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.

El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación. 

Manifestación tras detención de Ángel Rivero

 

 

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