Provinciales
Dengue y coronavirus: Misiones una de las primeras en decretar la emergencia
Será sanitaria y epidemiológica y regirá por 120 días. Se complementará con ocho medidas como créditos a centros asistenciales privados; fondo especial para guardias de médicos y enfermeros; suspensión de las actividades oficiales por 20 días; fortalecimiento de la atención domiciliaria, entre otras.
POSADAS. Misiones se constituyó en una de las primeras provincias en declarar la emergencia sanitaria y epidemiológica frente al avance del dengue y a la amenaza del coronavirus, aunque todavía no se reportaron pacientes con el segundo virus.
La medida fue dispuesta por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, a través de un decreto que incluyó ocho medidas para enfrentar ambas enfermedades, con la declaración de emergencia como la principal.
Se dispuso el otorgamiento de créditos de hasta cinco millones de pesos con un año de gracia y una tasa anual del 15 por ciento para sanatorios, laboratorios y centros de salud privados que puedan tener que atender casos, especialmente de coronavirus.
Además, se suspendieron por 20 días las actividades oficiales que incluyan aglomeraciones de personas, como inauguraciones, aunque las clases seguirán con normalidad.
Se creó un fondo para médicos y enfermeros que harán guardias extra para atender consultas online -especialmente de los síntomas del coronavirus- y se generará un 0800 para recibir llamadas telefónicas gratuitas con cinco guardias permanentes.
Habrá una baja del 20 por ciento en el valor de internet que los proveedores deben pagar a Marandú Comunicaciones, además de un aumento del 40 por ciento de la banda ancha que reciben para que no haya fallas en la conectividad.
También se fortalecerá la atención médica domiciliaria.
Herrera Ahuad también dispuso conceder licencia médica expeditiva para casos sospechosos de dengue y coronavirus y a quienes provengan de países con riesgo de contagio.
Conferencia
La presentación de las medidas excepcionales se dio en el mediodía de este miércoles en una reunión del Consejo de Salud provincial, encabezada por el Gobernador, acompañado por su par de Itapúa, Juan Alberto Schmalko, con el ministro del área, Oscar Alarcón, el vicegobernador Carlos Arce, directores de Salud, el ministro de Educación, Miguel Sedoff, el de Hacienda, Adolfo Safrán y el director de Marandú, Marcelo Rodr{íguez, además del intendente de Posadas, Leonardo Stelatto.
También asistieron directivos de sanatorios privados y funcionarios del interior de la provincia.
El doctor Orlando Lépori, del Sanatorio Boratti, advirtió que el sistema de salud privado está preparado para atender pacientes comunes y no para una epidemia como la que se está enfrentando, por lo que recomendó a los pacientes que tengan síntomas, que hagan las consultas telefónicas y se aíslen para evitar la propagación y contagiar a médicos y enfermeros que estarán en la primera línea de combate.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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