Provinciales
Defensoría inicia acciones porque exigen pagar multas para renovar el carné
Luego de que muchos ciudadanos de la ciudad de Posadas y otro municipios se quejaran por estar sujetos al pago de multas para renovar su carné de conducir, El Defensor del Pueblo Alberto Penayo, tomó cartas en el asunto y lleva adelante una serie de acciones para eliminar ese requisito.
Penayo hizo contacto con uno de los convencionales constituyentes que trabajó en el proceso de reforma de la Carta Orgánica municipal de Posadas en 2010, para saber como el municipio debe actuar frente a estas situaciones de deudas y lo que establece la carta orgánica municipal.
“Es necesario elevar una recomendación al municipio atendiendo que, de persistir el marco de las denuncias, se podría incurrir en una posible acción de amparo por inconstitucional, pero antes se solicitará un informe para dar certeza, ya que lo que importa es agilizar las normas”, indicó el Defensor.
En un solo lugar se juzga y se aplica la sanción, en referencia a la Unidad Administrativa de Control de Infracciones (Uaci), que depende de la provincia. “Tenemos la jurisdicción y competencia de un sistema de Juzgado de Faltas. Esto es lo que aparece en Misiones como en otras provincias la Uaci”, explicó Elías Ramos, titular de la entidad.
En esa dependencia se resuelven las multas aplicadas por cruzar semáforo en rojo, por presuntos excesos de velocidad y otras presuntas infracciones cometidas o captadas por fotomultas en las rutas de Misiones.
La Uaci depende del Ministerio de Gobierno y las quejas o presentaciones deben realizarse en el edificio ubicado en Jujuy 2332 entre Salta y Tucumán, informó el diario El Territorio.
“Monitoreo Vial Misiones, es donde se pueden hacer las consultas y en el edificio donde pueden ser asesorados”, añadió Ramos.
El encargado de la Uaci explicó que “la Provincia de Misiones ha firmado convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a través de ello disponemos del Sinai (Sistema Nacional de Infracciones). Tanto las faltas registradas en los semáforos, velocidad y otras faltas que están dentro de la ley de tránsito”.
Indicó: “A partir de la adhesión a la ley 18.029 tenemos esa facultad, dentro de ese marco tenemos la facultad para dilucidar como cualquier juzgado de faltas las supuestas infracciones que se han cometido”.
Al ser consultado a cuánto ascendía la multa por cruzar semáforo en rojo, afirmó que “está alrededor de 12.000 pesos para aquellos infractores que todavía no se han presentado. En la mayoría de los casos que se van resolviendo en la Uaci, estamos haciendo por la mitad más o menos o 7.000 pesos”.
Respecto a los infractores del interior, precisó que “pueden hacer sus descargos a través de un correo electrónico disponible o mediante las líneas telefónicas habilitadas. También estamos trabajando en Fachinal y Centinela, notificando a los presuntos infractores”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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