Provinciales
Comunidad mbya denuncia que Petrovalle volvió a desmontar bosque nativo
La comunidad mbya de Takuapi Mirĩ, ubicada ubicada en Colonia Mado, a unos 126 kilómetros al norte de Posadas, por la ruta 12, volvió a denunciar la invasión de su territorio y el desmonte de su bosque nativo por parte de la empresa Petrovalle.
La aldea guaraní hizo pública la situación en la página de Facebook del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), donde el cacique Francisco Silva expuso las primeras observaciones sobre la presencia de maquinaria pesada y la destrucción total de la mata boscosa.
Silva contó que los hombres que se encontraban trabajando en el lugar se presentaron como “empleados de Closs”, en referencia al ex gobernador y senador nacional del Frente de Todos, propietario de Petrovalle.
El cacique informó que enterado de la situación, alertó al Ministerio de Ecología y que este martes al mediodía acompañó a una comitiva oficial que hizo la inspección.
Habitada por 15 familias, la comunidad de Takuapi Mirĩ, había ya denunciado penalmente a Petrovalle por apeo ilegal y daño ambiental en más de 100 hectáreas de bosque.
También, el Ministerio de Ecología había suspendido el Plan de Uso de Suelo otorgado a la misma empresa en una superficie de 90 hectáreas, pero sus máquinas y camiones continúan ingresando ilegalmente.
Monte arrasado
Consultado por La Voz de Misiones, el cacique Silva, relató que “el 23 de septiembre me enteré que hicieron desmontado y bueno ahí empezó a hacer trámites por Ecología, porque estaba destruyendo por donde hicieron el relevamiento territorial, y hasta ayer a la tarde estaba la máquina nuevamente”.
“No es la primera vez que está pasando eso, el intento de sacar la madera”, agregó el jefe indígena, y recordó que en el último conflicto con la empresa del senador Closs, por el mismo tema, “hubo mucho más grande destrucción del monte”.
“Estamos preocupados porque avanzó de nuevo la máquina. No nos afecta solo a nosotros sino a todas las comunidades”, alertó Silva.
El cacique mbya denunció que hasta la llegada de los inspectores del gobierno, las máquinas de Petrovalle alcanzaron a diezmar unas 40 hectáreas de bosque nativo.
“La madera fue sacada. Hay también mucha madera adentro, caída que no pudieron sacar más y eso quedó”, contó Silva, y detalló que el desmonte arrasó con magníficos ejemplares de guayubira, guatambú, timbó, y laurel negro, entre otros árboles nativos de la tierra colorada.
“Era monte verde y tupido. Es una zona donde también hay vertientes y un arroyito”, describió Silva.
La zona, ubicado a unos 1.500 metros de la comunidad mbya, constituye parte de su territorio ancestral, en el marco de los que establece la ley 26.160, explicó Silva a LVM.
El jefe indígena lamentó la pérdida del bosque, de donde –según relató-, la comunidad se abastece de muchos de los recursos que necesita para su vida cotidiana.
“Siempre de ahí nosotros tenemos la medicina, la miel, el fruto de los árboles, y también la pesca en el arroyo”, contó Silva, y lanzó: “Y ahora, quedó arrasado el monte”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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