Provinciales
Colectivos operan al 70% y prevén aumento del boleto ante quita de subsidios
El atraso en los aportes estatales hacia las empresas de transporte urbano de Misiones y el anuncio de la quita total de subsidios desde el 1 de enero pusieron en jaque a las empresas prestadoras del servicio, desde donde incluso evalúan dar de baja las actividades si se continúa agudizando la crisis en el sector.
En las últimas semanas, fue notoria la reducción de frecuencias en el sistema integrado de la capital, el cual opera a un 70% de capacidad, según pudo saber La Voz de Misiones.
Las firmas están trabajando a reglamento, es decir, sin horas extras, al tiempo que la merma en la cantidad de unidades se profundiza por la ausencia de los escolares.
Desde las empresas prestatarias, Casimiro Zbikoski y Bencivenga-Río Uruguay, analizan que podrían dejar de operar si no logran cubrir los costos, situación que sortean al menos desde agosto, fecha de la última transferencia recibida.
Asimismo, adelantan que, tras la quita total de subsidios, anunciada por la administración del presidente Javier Milei para el 1 de enero, el precio del pasaje podría dispararse al valor de 1 dólar oficial, que actualmente cotiza a un promedio de 843 pesos.
La semana pasada, la Subsecretaría de Transporte, Puerto, Aeropuertos y Redes de Comunicación provincial ya había habilitado una readecuación tarifaria que ubicó en $250 el valor del boleto en la capital provincial, por lo cual se espera que ese precio, al menos, se triplique en las próximas semanas.
“Necesitamos una solución inmediata porque Nación adeuda compensaciones al sistema de Misiones desde el mes de agosto, lo que a la gruesa es 400 millones de pesos al mes mínimo”, advirtió días pasados Guillermo Leumann, presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta).
“Desde entonces hemos padecido una enorme devaluación, así que cuando cobremos, lo vamos a cobrar devaluado”, se quejó el dirigente.
“No tenemos compensaciones, tenemos una tarifa irrisoria, la provincia de alguna manera colabora pero no alcanza, entonces tenemos que pagar el combustible, que duplicó su precio, pagar salarios con aumentos de diciembre, y necesitamos seguir circulando, pero no tenemos ingresos”, graficó Leumann.
“El empresario quiere trabajar, pero va a llegar un punto en el que no vamos a tener para pagar”, advirtió en declaraciones radiales.
Por otra parte, la situación no afecta únicamente a la provincia de Misiones, sino al transporte urbano del interior del país en general.
A inicios de diciembre, por ejemplo, la empresa Ersa, que opera en Corrientes hace 60 años, anunció que daría de baja sus servicios, debido a que “las tarifas fijadas desde el inicio de la concesión no han respondido a las claras normas del contrato, porque no se han establecido en función de los costos reales de la operación”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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