Provinciales
Bronca entre empleados públicos porque el Macro “chupa” cuotas del Bono y aguinaldo
POSADAS. Un fuerte revuelo se desató entre los empleados públicos de Misiones por la operatoria de cobro automático del Banco Macro, el cual consiste en absorber la disponibilidad de la cuenta hasta cubrir la deuda del titular con la entidad.
El sistema, si bien está autorizado, provocó preocupación y malestar entre los empleados bancarizados ya que estaban convencidos de que los pagos extras, como el Bono de Fin de Año o el Sueldo Anual Complementario (SAC-aguinaldo) quedarían exceptuados.
De acuerdo con las situaciones conocidas a través de las redes sociales, el origen de las quejas se ubica en el elevado porcentaje del sueldo que la mayoría de los titulares de cuentas tiene comprometido, sea por préstamos, créditos o compras a plazo.
Al llegar la fecha de vencimiento, el banco como acreedor principal y como operador de las tarjetas de crédito, mediante el compromiso asumido con el deudor está autorizado a tomar el pago mensual, pero si resultara insuficiente puede absorber los ingresos extras.
Precisamente las extras representadas por el Bono y el aguinaldo se constituyeron en las piedras del escándalo, al punto que los afectados pidieron la intervención del gobernador Hugo Passalacqua para que medie ante el Banco Macro y que no practique descuentos sobre dichos ítems.
El reclamo se acentuó en los últimos días ante la proximidad de futuros pagos y teniendo en cuenta que los correspondientes al Bono en octubre y en noviembre, ya sufrieron descuentos, en tanto que los próximos desembolsos corresponden a: 18 de diciembre, aguinaldo; cuota de 2 mil pesos del Bono, 22 de diciembre. El 29 se pagarán los 500 pesos de la primera cuota del Bono plus, y el 5 de enero otros mil pesos.
Al respecto, Pedro pidió en Facebook “que se pague el 7 o 9 el aguinaldo. Así no come el banco o saque una orden que no se toque. Es un derecho que tenemos el pueblo”.
En tanto, Michel señaló: “por qué el Banco Macro hace descuentos en los bonos y aguinaldo si son premios y ayudas. Señor Gobernador por qué no interviene en estos asuntos o el órgano competente. Seguimos con los abusos…porque al final de qué sirven las ayudas. Hipocresía”.
Al final, entre varias quejas, otro firmó como Jairo y advirtió que “por favor que la tarjeta Visa no toque el bono de 1.000 pesos ni el aguinaldo; el descuento es sobre el sueldo. Lo otro es un premio del Gobierno. El bono y aguinaldo es un derecho que el gobernador tiene facultad para que no se toque. Por favor”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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