Los ocho integrantes de la comunidad mbya Puente Quemado II regresaron al predio en el que residen, sobre el Lote 178, Parcela 141 del Paraje Cañafístola, de donde el pasado martes 5 de mayo fueron desalojados “de manera encubierta” y demorados durante toda la tarde en la comisaría local.

El regreso se produjo hoy a la siesta, acompañados por miembros del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes los respaldan legalmente. “Estamos en el lugar, en el lote donde la comunidad decidió retomar su territorio y están todos acá”, anticipó a La Voz de Misiones una integrante de la organización.

“Alrededor de las 15 llegaron efectivos de la Policía, tomaron fotos, se subieron a la camioneta y se fueron, pero creemos que podrían haber ido a buscar refuerzos”, señaló.

Sobre el estado del predio, detalló: “Hace unos días les dijeron que tenían permiso para buscar sus cosas, pero cuando voliveron se encontraron con casas destruidas, objetos tirados y otros perdidos, incluso la documentación personal”.

El arribo se dio a una semana de lo que calificaron como un “desalojo encubierto”, con traslado y demora policial, protagonizada por ocho integrantes de la comunidad, bajo una orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez, tras una denuncia por presunta “usurpación de territorio”, presentada por el empresario Alfredo Ruff. 

En ese momento, el cacique Santiago Ramos y otros siete integrantes de la comunidad fueron demorados en la Comisaría de Garuhapé, dependiente de la Unidad Regional IV, junto a varias mujeres llevadas con sus bebés y niños en brazos. 

Ante una demora policial que se prolongó durante varias horas, el hecho fue repudiado públicamente por organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG), quienes remarcaron la “gravedad” de la causa por “violar derechos indígenas” e incluir el traslado de menores.

“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio”, manifestaron a través de un comunicado.

Y ahondaron: “El traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata”. 

Por estas horas los miembros de la comunidad temen al regreso de la fuerza provincial con nuevas actuaciones, pese a que recientemente presentaron un pedido de nulidad absoluta ante la Justicia provincial, junto a una denuncia por “graves irregularidades en el operativo policial realizado la semana pasada sobre territorio indígena reconocido por el Estado”.

Arribo de efectivos policiales al predio de la comunidad en la tarde de hoy

Estado de algunas de las viviendas tras el desalojo el pasado 5 de mayo

Liberan mbyas tras diez horas demorados por conflicto territorial en Garuhapé

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La Cooperativa Agrícola Río Paraná que nació al poco tiempo de una democracia incipiente logró consolidarse como un símbolo de las luchas agrarias de los misioneros. Por su procedencia del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y por su marca de yerba mate Titrayju, este emblema del asociativismo atraviesa cuatro décadas de historia ligada a la defensa de los pequeños productores, el arraigo rural y la producción sustentable en Misiones.

Fundada el 10 de abril de 1986 en Oberá, Río Paraná surgió desde las entrañas del MAM, organización campesina nacida en 1971 y golpeada fuertemente durante la última dictadura militar. La represión desarticuló parte de la estructura rural del Movimiento, persiguió dirigentes y frenó proyectos colectivos que recién pudieron retomarse con el regreso de la democracia.

Uno de esos sueños colectivos era justamente la creación de una cooperativa propia, pensada para que los pequeños productores pudieran intervenir directamente en la comercialización de sus productos y escapar de la dependencia de intermediarios.

Cuarenta años después, aquella idea sigue viva en cada paquete de yerba mate Titrayju, la marca lanzada en 2004 y cuyo nombre sintetiza el espíritu del proyecto: tierra, trabajo y justicia.

Con producción agroecológica, secanza tradicional barbacuá y comercialización directa, la yerba logró instalarse como referencia de consumo consciente y comercio justo dentro y fuera de Misiones. Actualmente, cerca de 600 familias comercializan su producción a través de la cooperativa.

Hoy, el presente de la Cooperativa Río Paraná también está ligado a la articulación con organizaciones nacionales y mercados sociales. La entidad integra la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), que nuclea a cooperativas de pequeños y medianos productores de todo el país, y sostiene alianzas estratégicas con mercados sociales de la provincia de Buenos Aires, Rosario y otros puntos de Argentina, fortaleciendo circuitos de comercialización alternativos para yerba mate misionera.

En el marco del aniversario, desde las redes sociales del MAM y la cooperativa compartieron un mensaje que resume el recorrido asociativo construido durante estas cuatro décadas.

“Son cuatro décadas de trabajo colectivo, de resistencia y de sueños sembrados en cada hoja de yerba mate”, expresaron.

El mensaje también remarca el presente que atraviesa el sector yerbatero y el desafío de sostener a las familias productoras en un contexto complejo para las economías regionales.

“Renovamos nuestro compromiso de seguir luchando incansablemente por un precio justo para el productor, con unidad, organización y propuestas concretas”.

La celebración de los 40 años tuvo lugar en la Expo Industrial de Oberá, realizada en el Parque de las Naciones, donde la cooperativa participó de exposiciones y rondas de negocios junto a otras marcas y actores del sector productivo.

“Creemos en un modelo donde todos podamos vivir mejor, donde la riqueza que genera la yerba mate se distribuya con justicia, y donde cada familia tenga una oportunidad”, destacaron desde la organización.

La historia de la Cooperativa Río Paraná también refleja parte de la historia agraria de Misiones. Desde Oberá, la zona centro de la provincia, el cooperativismo rural fue durante décadas una herramienta de organización y resistencia para colonos yerbateros, tabacaleros y tealeros que buscaban mejorar las condiciones de producción y comercialización.

Hoy, cuatro décadas después de aquella fundación en los primeros años de la recuperación democrática, la cooperativa continúa ampliando mercados, exportando yerba mate y sosteniendo una estructura construida alrededor del trabajo familiar rural.

“Celebramos el pasado, honramos el presente y abrazamos el futuro con la certeza de que el camino es colectivo”, concluye el mensaje difundido por el Movimiento Agrario de Misiones.

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Este lunes 11 de mayo entró en vigencia el Decreto 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial con el fin de evitar el consumo de sustancias psicotrópicas ilícitas en funcionarios y agentes del Estado, incluyendo autoridades superiores de la administración central, entes autárquicos y sociedades vinculadas al Estado provincial.

De esta manera, en su artículo primero la resolución decreta la realización obligatoria de un examen toxicológico preventivo para descartar la presencia de sustancias psicoactivas, alcanzando al gobernador, al vicegobernador y ministros, como también a los agentes del sistema público de Salud, de la Secretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas y el personal de las fuerzas policiales y penitenciarias.

El estudio será realizado por primera vez en un plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de hoy o de la designación del cargo correspondiente, con un lapso anual, de forma aleatoria y como lo determine la autoridad de aplicación. 

Si el examen detecta la presencia de sustancias psicotrópicas ilegales, la autoridad de aplicación deberá remitir el informe a la autoridad máxima del organismo donde el funcionario cumple sus tareas. A partir de allí, el Ejecutivo evaluará si mantener al funcionario en el cargo o relevarlo de sus funciones. 

El decreto también detalla que las sustancias que deberán ser descartadas incluyen cocaína, opioides, anfetaminas, metanfetaminas, metilendioximetanfetamina, metilendioxianfetamina y barbitúricos, salvo que se acredite prescripción médica para su uso.

Para finalizar, la implementación de los exámenes fue registrada bajo los principios de confidencialidad y privacidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos personales (Ley Nacional 25.326 de Protección de los Datos Personales), reserva estricta de la causa del posible relevo de funciones, licencia, suspensión o cese en la función pública del funcionario y/o agente público, derecho de defensa y debido proceso y prevención y preservación del interés público e idoneidad en el ejercicio ético de la función pública. 

Narcotest obligatorio: Passalacqua dispone examen para todo su gabinete

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