Provinciales
Aborto no punible: Colegio de Médicos habilita registro de objetores de conciencia
El aborto no punible está enmarcado en el artículo 86 en donde específica los casos que no están sujetos a la punibilidad. El Colegio de Médicos de Misiones habilitó un registro de objetores de conciencia en la Provincia.
BUENOS AIRES-POSADAS. El nuevo ministro de Salud de Nación, Ginés González García, anunció que entraría en vigencia el protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que había sido derogado por el ex presidente Mauricio Macri. Ahora el Colegio de Médicos resolvió habilitar un registro de objetores de conciencia en Misiones.
En la legislación argentina, el aborto es un delito, excepto cuando está contemplado en las causales de no punibilidad. El protocolo, no obstante, no obliga a profesionales a ejercer la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la obligatoriedad recae en la institución.
El nuevo texto tiene similitudes con el anterior pero cambia el foco, ya que determina que los derechos que asisten a la medida ya están concentrados y se centra en los lineamientos de salud pública que implica su aplicación. Es decir, especifica que, para acceder a la ILE, las mujeres y personas gestantes solo tienen que firmar una declaración jurada que determine la causal –entre las que establece el fallo F.A.L. avalado por la Corte Suprema de Justicia en 2012– y dar su consentimiento informado.
Respecto de la objeción de conciencia, el protocolo dice que “un profesional de la salud tiene derecho a ejercer (la objeción de conciencia) con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente”.
Al igual que en la anterior resolución, los médicos quedan obligados a informar a la persona gestante sobre el derecho a la ILE y no pueden negarse a hacerlo si no hubiera otro profesional en la institución.
Objetores de conciencia en Misiones
Misiones estaba adherida al anterior protocolo de la ILE y también a esta nueva actualización. En esa línea, el Colegio de Médicos de Misiones pondrá a disposición de sus afiliados un registro para objetores de conciencia. El mismo consistirá en un listado de profesionales que pueden negarse a realizar la práctica del aborto por razones religiosas, éticas u otras.
“El Colegio pone en conocimiento que ha resuelto la habilitación del Registro de Objetores de Conciencia, a los fines de resguardar el derecho de quienes por cuestiones morales, éticas, filosóficas, culturales, religiosas o ideológicas se consideren exentos de realizar actos médicos que se encuentren en contradicción con sus convicciones”, señalaron.
“Próximamente la página web del Colegio de Médicos tendrá habilitado el formulario de adhesión, el cual desde la fecha -ayer- se encuentra disponible en sede de la institución (Santa Cruz 6950, en Posadas)”, indican y explican que: “el trámite es voluntario y personal”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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