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Proponen regular la producción y comercialización de las olerías

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La Federación de Cooperativas Unidos presentó este martes en el Concejo Deliberante de Posadas un proyecto de ordenanza para conformar un marco regulatorio para la cadena de producción y comercialización de productos de olerías.

Martín Wall, de la Federación, describió como “critica” la actividad del sector, y atribuyó la situación a la “que venden sus productos a precios bajos y no pueden costear los elementos para la elaboración”, señaló.

“Lo que buscamos con este proyecto de ordenanza es crear un marco regulatorio de los productos que se producen en las olerías”, especificó.

Informó que en Posadas “hay cerca de 170 olerías en situación de quiebra”. “Necesitamos que se tomen medidas urgentes destinadas a salvaguardar la industria de las olerías”, apuntó Wall.

La iniciativa prevé la creación de un registro único de productores y comercializadores de la actividad.

La idea es crear una instancia de intermediación entre los productores y la cadena de comercialización que haga justicia con los valores de la producción.

“Los productores no tienen una instancia de negociación justa terminan, por necesidad, vendiendo sus productos por debajo del costo de producción, lo que genera un círculo vicioso de empobrecimiento y sometimiento por parte de los transportistas que hacen de esta intermediación un negocio fétido”, afirmó Abel Domínguez, también integrante de la Federación.

“Somos oleros de una cooperativa que estamos ocupando y trabajando en tierras que son del municipio, no tenemos tierra propia, estamos desarraigados y no podemos acceder a créditos para invertir en nuestro trabajo”, expresó, por su parte, Tomás García, de la Cooperativa de Oleros del barrio El Porvenir II.

“Lo que producimos solo entregamos a acopiadores quienes son los que ganan todo el valor agregado del producto, nuestra cooperativa todavía no puede acceder a créditos para comprar materiales, insumos y mejorar nuestra producción”, reclamó.

“Hace tiempo que estamos trabajando a pérdida, tenemos que vender los ladrillos muchas veces a un costo menor de los que nos cuesta producir, porque por ejemplo no tenemos para comprar un camión y poder transportar nuestra producción hacia los lugares de venta”, agregó el olero.

“Muchas mujeres también trabajan en las olerías y lo que ganan es para sostener a sus familias. A veces solo llegamos a ganar un 15 por ciento por encima de los que invertimos y nadie puede vivir con ese porcentaje”, puntualizó.

El proyecto de ordenanza ingresado por Mesa de Entradas del Concejo, espera ahora ser tratado por los ediles.

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

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Usuarios denunciaron sobrefacturación y Emsa brindó respuestas en Itaembé Guazú

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Autoridades de Energía de Misiones (Emsa) se reunieron este martes con 342 familias del sector 10 del ex Hipódromo de Itaembé Guazú, en la oficina de la Defensoría del Pueblo, donde los vecinos señalaron que los montos de las últimas boletas llegaron a duplicar el valor del período anterior.

El encuentro buscó dar respuestas a quienes, la semana pasada, realizaron denuncias ante estos dos organismos por facturaciones con incrementos de 100%, 150% y hasta 200% en los últimos períodos, por lo que la empresa arribó al barrio para informar “inconvenientes” en el proceso de facturación y se comprometió a refacturar con los valores correspondientes. Mientras que, quienes hayan abonado sus facturas “tendrán saldo a favor”, aseguraron.

Previamente, la empresa estatal proveedora de energía eléctrica había utilizado sus cuentas en redes sociales, donde vinculó los aumentos con el incremento en el costo de la energía, que alcanzó un promedio de 423% en los últimos dos años, además de la quita de subsidios nacionales. 

La reunión de este martes en Itaembé Guazú contó con la participación de autoridades de Emsa, el defensor del Pueblo de Posadas, Juan Matías Paonessa y el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y vecino del barrio, Santiago Roa.

En la ocasión, el gerente Comercial de la empresa, contador Adrián Rivero, explicó que “las inclemencias climáticas y los feriados provocaron un inconveniente excepcional en el proceso de facturación”.

Además, precisaron que el período facturado para este sector alcanzó los 42 días, en lugar del período habitual de 30 días.

Ante el planteo de los vecinos, Energía de Misiones definió una alternativa para corregir la situación y brindar tranquilidad a las familias. En ese sentido, la empresa realizará una refacturación sobre un período de 30 días.

En tanto, “en los casos de usuarios que ya abonaron la factura, el importe correspondiente quedará como crédito a favor y se descontará de la próxima boleta“, aseguraron.

De esta manera, Energía de Misiones estableció una respuesta concreta para regularizar la facturación del sector y atender las inquietudes de las familias mediante un acta de acuerdo.

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