Posadas
Proponen regular la producción y comercialización de las olerías
La Federación de Cooperativas Unidos presentó este martes en el Concejo Deliberante de Posadas un proyecto de ordenanza para conformar un marco regulatorio para la cadena de producción y comercialización de productos de olerías.
Martín Wall, de la Federación, describió como “critica” la actividad del sector, y atribuyó la situación a la “que venden sus productos a precios bajos y no pueden costear los elementos para la elaboración”, señaló.
“Lo que buscamos con este proyecto de ordenanza es crear un marco regulatorio de los productos que se producen en las olerías”, especificó.
Informó que en Posadas “hay cerca de 170 olerías en situación de quiebra”. “Necesitamos que se tomen medidas urgentes destinadas a salvaguardar la industria de las olerías”, apuntó Wall.
La iniciativa prevé la creación de un registro único de productores y comercializadores de la actividad.
La idea es crear una instancia de intermediación entre los productores y la cadena de comercialización que haga justicia con los valores de la producción.
“Los productores no tienen una instancia de negociación justa terminan, por necesidad, vendiendo sus productos por debajo del costo de producción, lo que genera un círculo vicioso de empobrecimiento y sometimiento por parte de los transportistas que hacen de esta intermediación un negocio fétido”, afirmó Abel Domínguez, también integrante de la Federación.
“Somos oleros de una cooperativa que estamos ocupando y trabajando en tierras que son del municipio, no tenemos tierra propia, estamos desarraigados y no podemos acceder a créditos para invertir en nuestro trabajo”, expresó, por su parte, Tomás García, de la Cooperativa de Oleros del barrio El Porvenir II.
“Lo que producimos solo entregamos a acopiadores quienes son los que ganan todo el valor agregado del producto, nuestra cooperativa todavía no puede acceder a créditos para comprar materiales, insumos y mejorar nuestra producción”, reclamó.
“Hace tiempo que estamos trabajando a pérdida, tenemos que vender los ladrillos muchas veces a un costo menor de los que nos cuesta producir, porque por ejemplo no tenemos para comprar un camión y poder transportar nuestra producción hacia los lugares de venta”, agregó el olero.
“Muchas mujeres también trabajan en las olerías y lo que ganan es para sostener a sus familias. A veces solo llegamos a ganar un 15 por ciento por encima de los que invertimos y nadie puede vivir con ese porcentaje”, puntualizó.
El proyecto de ordenanza ingresado por Mesa de Entradas del Concejo, espera ahora ser tratado por los ediles.
La Municipalidad de Posadas implementará SEM Mobile, la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que reemplazará a la actual plataforma y permitirá a los usuarios gestionar el estacionamiento desde el celular.
El cambio fue informado por la Secretaría de Movilidad Urbana y detalló que a partir del 30 de septiembre de 2026, la aplicación “SEM Posadas” dejará de utilizarse, por lo que los usuarios deberán eliminar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile” para continuar utilizando el servicio.
La nueva aplicación ya se encuentra disponible gratuitamente en Google Play para dispositivos Android, identificada como SEM Mobile y desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata.
Desde el organismo también explicaron que: “Quienes ya cuentan con una cuenta en el sistema no deberán realizar un nuevo registro y podrán utilizar el mismo usuario y contraseña que tenían en la aplicación anterior”.
Respecto a las actividades efectuadas recientemente, ampliaron: “El saldo disponible y las patentes de los vehículos que ya estaban registradas continuarán asociadas, por lo que no será necesario volver a cargar esos datos”.
Dos proyectos de ordenanza buscan modificar el SEM en Posadas
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
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