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Posadas: “Para renovar el carnet no se puede exigir el pago de multas”

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Un vecino de la ciudad de Posadas presentó un recurso de amparo contra la Municipalidad por la negativa a renovar su licencia de conducir por tener multas de tránsito. El juzgado Correccional y de Menores 1 dio lugar al recurso, pero esa decisión fue apelada por el municipio.

La magistrada Marcela Leiva dio lugar al recurso interpuesto por Marcos César F. porque la Municipalidad le negó la posibilidad de renovar su carnet para conducir vehículos pesados por adeudar varias infracciones. La comuna rápidamente apeló al tribunal de alzada y la cuestión tendrá que dirimirse en apelaciones.

La Voz de Misiones, a través de un video en vivo, entrevistó a Gonzalo Puente, del estudio jurídico Noguera, Puente y Luna Vázquez, los representantes legales del vecino, y al respecto dijo: “Vamos a decir que la jueza no falló en contra de la Municipalidad sino a favor de una persona que necesitaba renovar su carnet de conducir y que por una cuestión administrativa se le veía impedido ese derecho”.

Con respecto a la resolución de la magistrada, el abogado explicó: “Si bien es cierto que el fallo le pide al municipio que haga las tratativas para renovar el carnet de nuestro cliente, la realidad es que el fallo esclarece algunos puntos conflictivos de lo que son los recaudos que debe exigir el municipio a la hora de llevar adelante el trámite de una renovación”.

La ley no exige el pago de las multas

Sobre la exigencia del pago de multas adeudadas a la hora de sacar el carnet, Puente expresó: “Todos tenemos conocimiento, por comentarios generales, que cuando uno va a renovar el carnet de conducir el municipio requiere, entre otras cuestiones, el certificado del Cenat que es de antecedentes de tránsito, eso está previsto por la ley nacional de tránsito. No está previsto y es lo que claramente deja asentado la jueza en el fallo es que para renovar la licencia se exija el pago de las infracciones”.

“Todo lo que hace a una multa no deja de ser un reclamo en el cual el infractor tiene derecho a ejercer su defensa, de decir si la hizo o no, porque muchas de las infracciones que aparecen en el Cenad están vinculadas con radares de velocidad o semáforos en rojo. En el caso de nuestro cliente, no tenía licencia, hacía años no la usaba, pero se dedicaba al transporte y tenía varios vehículos a su nombre, cada uno con sus respectivos choferes”, detalló.

“Incluso Carta Orgánica de Posadas tiene un artículo específico, que es el 140, que establece que el municipio nunca puede limitar un trámite al pago de una multa, o sea, no puede exigir el pago previo para otorgar una licencia, porque tiene las vías pertinentes para eso, y ahí apuntó la jueza”, explicó el letrado.

No le notificaron y no pudo defenderse

El abogado manifestó que su cliente no pudo ejercer su derecho de defensa: “Cuando quiso renovar su carnet, le saltan más de 100 infracciones de cuatro vehículos y ninguna notificada, como para ejercer el derecho a defensa o hacer comparecer al infractor, y es ahí cuando se empieza a cuestionar el accionar del municipio”

“Si bien nosotros quisimos hacer un procedimiento administrativo, con los reclamos pertinentes, notas, etc, y ante el rechazo, que vino por un dictamen jurídico, tuvimos que recurrir a un amparo. Nuestra intención no es llevarlo a tal extremo, pero era necesario porque se cerraron todas las puertas”, reveló.

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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acampe casa de gobierno

Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

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