Al consultar en las oficinas de la Dirección Nacional de Aduanas por María Virginia Paredes, desde la mesa de entrada se limitaron a informar que la funcionaria “pidió unos días”.

Desde el mes de abril pasado, luego de la reestructuración del comando regional de la Aduana, la abogada María Virginia Paredes pasó a ser la jefa de Control de la Región Hidrovía, dejando atrás parte de su pasado que, hasta ahora, era desconocido en la ciudad de Posadas, a donde llegó proveniente de la Aduana de Clorinda, Formosa, a principios del año 2015.

A partir de la difusión púbica del procesamiento en la causa que la investiga por “estafa y otras defraudaciones, peculado y violación de los deberes de funcionarios públicos”, la abogada dejó de transitar los lugares habituales.

La causa es por la desaparición de unos 7.500 celulares secuestrados, del depósito de la Aduana de Clorinda, durante la anterior gestión administrativa, entre 2012 y 2013. Como consecuencia de este hecho, el juez federal subrogante de Formosa, Juan Carlos Vallejos, dictó el procesamiento de Paredes y otros tres agentes de la Aduana de Clorinda

Los celulares desaparecidos formaban parte de un cargamento de diez mil unidades, que cotizan alrededor  de un millón de dólares.  Iban desde Montevideo hasta Paraguay y fueron secuestrados por la Aduana de Clorinda por sospecha de violación de las leyes de marcas.

Tras un año de investigación, la Justicia Federal dictaminó que no había ningún delito y que no correspondía el secuestro de la mercadería, por lo que la Aduana de Concordia -por donde había ingresado la carga- dispuso la entrega de los celulares a sus propietarios, resolución confirmada y notificada a la Aduana de Clorinda en el mes de diciembre de 2012, para que efectivizara la restitución.

En enero de 2013, antes de notificar la entrega, ocurrió un extraño incidente en el depósito de la Aduana de Clorinda, ya que los funcionarios denunciaron un supuesto robo (incluyendo celulares). La denuncia no fue radicada ante la Justicia Federal sino la provincial. El personal policial que concurrió al lugar en esa oportunidad públicamente declaró ante la prensa local que era imposible la supuesta maniobra de robo.

La sospechosa desaparición

A principios de febrero de 2013, los titulares de la carga solicitaron la restitución de los celulares, cuyas cajas -que deberían contener cien cajitas con celulares cada una- fueron retiradas del depósito aduanero sin abrir, ya que serían trasbordadas a un camión en el Resguardo de Puente Loyola, para seguir su tránsito al Paraguay.

Al ser abiertas las cajas en el Área de Control Integrado argentino paraguaya, ante numerosos testigos, los dueños de la mercadería se hallaron con la sorpresa de que faltaban siete mil quinientos celulares. Para resguardarse y ocultar la maniobra, los apropiadores habían dejado las cajitas de los mismos, ordenadas en las cajas para dar una apariencia de normalidad. Asimismo, las habían embalado con cintas azules idénticas a las del procedimiento inicial, en un ardid para ocultar el despojo en el depósito aduanero.

El ilícito fue denunciado ante la Fiscalía Federal en turno de Formosa, que dispuso en febrero de 2013 el allanamiento de la Aduana de Clorinda y el secuestro de las cámaras de seguridad con sus archivos de filmación. Tras la investigación, se imputó penalmente a la exadministradora y otros tres funcionarios aduaneros, quienes fueron a indagatoria y que finalmente han sido procesados por los delitos mencionados.

Fuente: Misiones Opina – Cadena Entrerriana

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