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El CGE espera informes para resolver la situación del director denunciado

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El Consejo General de Educación (CGE) intervino en el caso de Gabriel Rafael Rojas, el director del BOP 122 de Posadas, denunciado por violencia laboral y por no rendir fondos.

En este sentido, La Voz de Misiones pudo saber que el presidente Alberto “Colita” Galarza espera los informes de la Supervisión y de la Dirección de Enseñanza, para avanzar en una decisión respecto de la situación del docente, separado del cargo de otra institución en 2014 por motivos similares.

Ambas oficinas del CGE, así como el Departamento Jurídico, analizarán las denuncias y luego remitirán la documentación al escritorio del titular del organismo.

Si bien no se descarta una separación preventiva, en diálogo con LVM, Galarza aseguró que “no puedo separar a un director de un cargo sin tener primero la documentación”.

Asimismo, consultado sobre las múltiples denuncias y sumarios que pesan sobre Rojas, el presidente del CGE argumentó que “son antecedentes, son agravantes y pesan a la hora de tomar una decisión”.

Es que, en 2014, al ahora director del BOP 2019 se le había iniciado un sumario por la falta de rendición de fondos del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (Promedu), por lo cual terminó siendo separado del cargo de director del BOP 72.

Denuncias, sumarios y presentaciones

Ayer por la tarde, alumnos, docentes y padres se reunieron en la institución para protestar contra la figura del director, Gabriel Rafael Rojas.

Además, la situación motivó la radicación en el Consejo General de Educación (CGE) de una denuncia administrativa por maltrato y persecución laboral hacia el personal a su cargo.

La denuncia, presentada desde el gremio Unión Docente Nueva Argentina de Misiones (Udnam), está basada en una serie de pedidos de informe y sumarios que el docente apuntado arrastra, al menos, desde 2013.

Inasistencias, falta de rendición de fondos, separación del cargo y cesantías se cuentan en el historial de Rojas, quien desde 2019 se desempeña al frente del BOP 122 del barrio El Porvenir II.

Uno de los casos más relevantes fue el de una profesora que terminó presentando su renuncia en marzo de este año luego de denuncias por violencia y hostigamiento hacia el director, que se remontan a 2021.

En el mismo sentido, un grupo de docentes también hizo llegar a la Supervisión una denuncia en la que relataron “las irregularidades y maltratos sufridos por parte del director”.

El plantel también cuestiona al titular de la institución por el uso de los fondos del sistema de Transferencia de Recursos Educativos (Sitrared) “sin que efectúe las rendiciones de cuentas correspondientes”, dice la denuncia presentada en el CGE.

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A tres semanas de levantar el acampe, ex policía se compró una RAM

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Tres semanas después de levantar el acampe que mantuvieron activo durante cuatro meses frente a la Casa de Gobierno, Diego Correa, uno de los ex policías que encabezó la protesta, volvió a tomar protagonismo en las redes, aunque en esta oportunidad por la adquisición de una camioneta.

La publicación fue realizada por la propia concesionaria, Almar Autos, que el jueves subió una historia que muestra a Correa junto a un asesor de ventas y a la camioneta adquirida.

“Hoy Diego se llevó su RAM”, celebra el posteo que dura 24 horas. Si bien se trata de un vehículo usado, las RAM forman parte de las pick-up de mayor categoría en el mercado y los valores arrancan desde los 25.000 dólares.

Este medio consultó con Correa sobre la publicación, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuestas.

Cárcel y acampe

Correa es uno de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.

En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa Correa estuvo más de siete meses preso, hasta su liberación el 27 de julio del año pasado.

Meses después, más precisamente el 6 de abril de este año, Correa volvió a ser noticia, esta vez por encadenarse a una ventana de la Casa de Gobierno para reclamar su reincorporación a la fuerza, el pago de haberes adeudados y el cierre de la causa penal.

En esa ocasión estuvo acompañado por el también ex uniformado Adolfo Guirula y ese día nació el acampe que por cuatro meses fue parte del paisaje habitual de la plaza 9 de Julio.

La medida culminó el 27 de agosto, cuando el propio Correa reconoció un “acercamiento con el gobierno”.

“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa en un comunicado difundido por redes sociales.

En el mismo escrito el ex uniformado señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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A partir del 30 de septiembre el SEM Posadas tendrá otra App

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La Municipalidad de Posadas implementará SEM Mobile, la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que reemplazará a la actual plataforma y permitirá a los usuarios gestionar el estacionamiento desde el celular.

El cambio fue informado por la Secretaría de Movilidad Urbana y detalló que a partir del 30 de septiembre de 2026, la aplicación “SEM Posadas” dejará de utilizarse, por lo que los usuarios deberán eliminar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile” para continuar utilizando el servicio.

La nueva aplicación ya se encuentra disponible gratuitamente en Google Play para dispositivos Android, identificada como SEM Mobile y desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata.

Desde el organismo también explicaron que: “Quienes ya cuentan con una cuenta en el sistema no deberán realizar un nuevo registro y podrán utilizar el mismo usuario y contraseña que tenían en la aplicación anterior”.

Respecto a las actividades efectuadas recientemente, ampliaron: “El saldo disponible y las patentes de los vehículos que ya estaban registradas continuarán asociadas, por lo que no será necesario volver a cargar esos datos”.

Dos proyectos de ordenanza buscan modificar el SEM en Posadas

 

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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