Posadas
Denuncian a director del BOP 122 por violencia laboral y no rendir fondos
Alumnos, docentes y padres del Bachillerato Orientado Provincial (BOP) 122 de Posadas se reunieron esta mañana en la institución para protestar contra la figura del director, Gabriel Rafael Rojas.
Además, la situación motivó la radicación en el Consejo General de Educación (CGE) de una denuncia administrativa por maltrato y persecución laboral hacia el personal a su cargo.
La denuncia, presentada desde el gremio Unión Docente Nueva Argentina de Misiones (Udnam), está basada en una serie de pedidos de informe y sumarios que el docente apuntado arrastra, al menos, desde 2013.
Inasistencias, falta de rendición de fondos, separación del cargo y cesantías se cuentan en el historial de Rojas, quien desde 2019 se desempeña al frente del BOP 122 del barrio El Porvenir II.
Acoso y violencia laboral
Uno de los casos más relevantes fue el de una profesora que terminó presentando su renuncia en marzo de este año luego de denuncias por violencia y hostigamiento hacia el director, que se remontan a 2021.
En abril de aquel año, la docente relató que fue víctima de episodio de violencia verbal “con insultos, amenazas y todo tipo de improperios de parte del director Rojas”.
“Desde entonces, la docente se convirtió en una víctima de continuo acoso laboral y verbal”, continúa el escrito presentado en el CGE, a la que tuvo acceso La Voz de Misiones.
Finalmente, en febrero de 2022, la docente lo denunció en la Comisaría de la Mujer, a lo que le sumó, en mayo, la presentación de una queja formal ante la supervisora escolar, Doris Gómez, “en la que detalló los hechos de violencia, amenazas a su vida privada, a su seguridad física y emocional”.
Hostigamiento a docentes
En el mismo sentido, un grupo de docentes también hizo llegar a la Supervisión una denuncia en la que relataron “las irregularidades y maltratos sufridos por parte del director”.
Según dijeron, el accionar de Rojas consistía en “generar continuas discusiones verbales con varias profesoras usando un lenguaje totalmente grosero, inadecuado y hostil e irreproducible”.
Además, el equipo docente del BOP 122 le remitió una nota al presidente del CGE, Alberto Galarza, en la cual exponen sufrir persecución y hostigamiento verbal hacia varios colegas y alumnos.
Rendición de cuentas
En tanto, los educadores aseguraron que el director Rojas los presionaba “para juntar fondos por medio de distintas ventas, que serían supuestamente usados en el establecimiento, cosa que nunca pasó”.
El plantel también cuestiona al titular de la institución por el uso de los fondos del sistema de Transferencia de Recursos Educativos (Sitrared) “sin que efectúe las rendiciones de cuentas correspondientes”.
En 2014, ya se le había iniciado un sumario por la falta de rendición de fondos del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (Promedu), por lo cual terminó siendo separado del cargo de director del BOP 72.
Sumario y pedido de informes
Tras los constantes señalamientos, a través de la Resolución 6133/22, el CGE abrió un sumario administrativo por las acusaciones de acoso laboral, violencia y amenazas verbales, a las que se suman al menos tres exposiciones policiales por parte de profesores afectados.
Por su parte, los alumnos que concurrieron esta mañana a protestar frente al establecimiento comentaron a LVM que, además de estos cuestionamientos, “estamos conviviendo en un ambiente no higiénico y de mal gusto, aparte de ser un colegio prestado”, ante lo cual evaluaban iniciar una huelga.
Pero los sumarios, denuncias y exposiciones no se quedaron ahí, ya que, el 12 de abril pasado, la diputada provincial radical Gladys Haydee Cornelius presentó un proyecto de comunicación en la Cámara de Representantes de Misiones, en el que insta al Poder Ejecutivo provincial, a través del CGE, a informar sobre las irregularidades denunciadas respecto de la violencia y el manejo de fondos.
Posadas
Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Posadas
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
Posadas
Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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