Posadas
Concejal puertista denunciado por acoso sexual y represalia laboral contra empleada
Una empleada del Concejo Deliberante de Posadas denunció ante la Justicia y el Ministerio de Trabajo al concejal puertista, Daniel Amarilla, por acoso sexual y represalias laborales por no haber accedido a sus proposiciones.
La denunciante, cuyos datos de filiación quedaron bajo reserva, es agente de planta permanente del Parlamento capitalino, está casada, y desde hace tiempo prestaba servicios en una sede partidaria ubicada en avenida Buchardo y López Torres.
La mujer recibía una certificación de servicios de parte del concejal Amarilla por la tarea partidaria, pero al cabo de dos meses empezaron las divergencias porque éste “comenzó a acosarme verbalmente, luego se me insinuaba, y también comenzó a burlarse y a menospreciarme enfrente de mis compañeros”, denunció.
Además, ante las autoridades policiales, la empleada del Concejo atribuyó las constantes actitudes de Amarilla a que en “todas las ocasiones en que me acosaba, yo le frenaba y eso no le gustaba”, al punto que pasadas las elecciones primarias de agosto, “tuve un conflicto con mi jefe porque le contesté en el grupo de whatsapp”.
A raíz de dicho incidente, “la mujer de este señor (en referencia a la esposa del concejal Amarilla), Patricia Suárez, comenzó a decirle a mis compañeros que si se juntaban conmigo les iba a ir mal porque supuestamente yo le había faltado el respeto al jefe, su marido”.
Al día siguiente, según consta en la denuncia, el concejal “me envió un mensaje a través del grupo de whatsapp, diciéndome que quedaba desafectada del local hasta nuevo aviso. En eso le llamé urgente y le pregunté por qué me había sacado del local. Lo único que me dijo fue que estaba haciendo un cambio, que me quedara tranquila”.
Posteriormente la mujer describió una serie de medidas adoptadas por Amarilla con aparente sentido de represalia, como la eliminación de los grupos de trabajo que se comunicaban a través de whatsapp, con disculpas de los demás integrantes, y clausura de todo tipo de comunicaciones.
A raíz de la situación planteada, la víctima del acoso sexual y las represalias laborales intentó un acercamiento con otro edil para que le tramitara las certificaciones, pero Amarilla “les hablaba mal de mí y todos me dieron la espalda”, dijo, y mencionó que recurrió a la responsable de Recursos Humanos del Concejo Deliberante, y el concejal “mandó un escrito señalando que no me presentaba por falta de compromiso laboral”, dijo.
Después de una serie de trámites infructuosos, la denunciante dijo que fue tratada de “loquita trola” por el concejal Amarilla, razones por las que pidió a las autoridades una prohibición de acercamiento tanto del edil como de su esposa, en tanto tramita la denuncia.
La Municipalidad de Posadas implementará SEM Mobile, la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que reemplazará a la actual plataforma y permitirá a los usuarios gestionar el estacionamiento desde el celular.
El cambio fue informado por la Secretaría de Movilidad Urbana y detalló que a partir del 30 de septiembre de 2026, la aplicación “SEM Posadas” dejará de utilizarse, por lo que los usuarios deberán eliminar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile” para continuar utilizando el servicio.
La nueva aplicación ya se encuentra disponible gratuitamente en Google Play para dispositivos Android, identificada como SEM Mobile y desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata.
Desde el organismo también explicaron que: “Quienes ya cuentan con una cuenta en el sistema no deberán realizar un nuevo registro y podrán utilizar el mismo usuario y contraseña que tenían en la aplicación anterior”.
Respecto a las actividades efectuadas recientemente, ampliaron: “El saldo disponible y las patentes de los vehículos que ya estaban registradas continuarán asociadas, por lo que no será necesario volver a cargar esos datos”.
Dos proyectos de ordenanza buscan modificar el SEM en Posadas
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
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