Posadas
Bullrich y Passalacqua encabezan comité crisis por protesta policial
Un documento del Ministerio de Seguridad de la Nación revela que, tras la protesta policial iniciada esta madrugada en Posadas, se conformó un comité de crisis que será encabezado por Patricia Bullrich y el gobernador Hugo Passalacqua, quienes ahora tendrán a su disposición todas las fuerzas federales para intervenir en el conflicto con el objetivo de “restaurar la seguridad interior” en la tierra colorada.
En la resolución argumentan que fue el gobierno misionero, a través del ministro Marcelo Pérez, el que acudió a Nación con el objetivo de conformar un comité de crisis para disponer de los recursos necesarios para intervenir en el conflicto y diagramar estrategias de acción.
“En tal sentido, y atento a las competencias asignadas al MINISTERIO DE SEGURIDAD, resulta oportuno y conveniente convocar al COMITÉ DE CRISIS, a fin de contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de la PROVINCIA DE MISIONES”, fundamentan desde la cartera que dirige Bullrich.
De esta manera, resolvieron el armado del mencionado comité de crisis, el cual será presidido por la propia Bullrich y copresidido por el gobernador Passalacqua, al tiempo que estará integrado por los titulares de todas las fuerzas federales, es decir: Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Una decena de móviles policiales ya son parte de la protesta que lleva más de 18 horas activa.
Según lo dictaminado, ambas autoridades serán quienes “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. También “podrán convocar a todos los funcionarios y organismos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del plan dispuesto”.
La resolución, a la cual La Voz de Misiones tuvo acceso, además dispone que “la comunicación pública de las acciones, planes y resultados que surjan como producto de las operaciones de seguridad interior llevadas a cabo por el COMITÉ DE CRISIS serán brindados de manera unificada y oficial por el MINISTERIO DE SEGURIDAD y la Gobernación de la PROVINCIA DE MISIONES”.
La medida entró en vigencia a partir de la firma de la resolución y se mantendrá activa hasta “se restablezca la seguridad en la provincia”.
“Hasta las últimas consecuencias”
Mientras tanto, frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas, ubicado sobre la avenida Uruguay, la protesta continúa y conforme al paso de las horas suma participantes, incluido quienes llegan desde otros puntos de la provincia y ya avisaron que no piensan abandonar la medida de fuerza.
“Nuestro reclamo es netamente salarial. Acá no pedimos la cabeza de nadie. No tenemos intereses políticos, solo queremos sueldos dignos y por eso vamos a continuar acá hasta las últimas consecuencias. Esto se va a terminar cuando el gobierno vuelva a dialogar con nosotros”, expresó ante la masa el policía retirado y referente de la mesa diálogo Ramón Amarilla.
El policía retirado Ramón Amarilla es uno de los representantes de la mesa de diálogo.
El vocero de los uniformados en protesta además sostuvo que el Comando no está tomado, sino que continúa prestando servicio con normalidad. El tránsito sobre la avenida Uruguay, en tanto, continúa interrumpido, con cubiertas desparramadas por la acera y al menos 10 móviles policiales que activan sirenas para celebrar la llegada de más y más camaradas.
En las veredas lindantes, por su parte, cada vez hay más gazebos y carpas de manifestantes que se preparan para pasar la noche frente a la dependencia policial. Todo eso sucede en medio de una tensa calma cuyo pulso se mide a partir de las diferentes versiones que corren respecto al posible accionar de fuerzas federales para cumplir con la orden de desalojo dispuesta por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor.
Desde el gobierno, en tanto, hicieron trascender que el lunes se anunciarán aumentos para toda la administración pública, lo cual alcanza a docentes, médicos, policías y penitenciarios, aunque no precisaron porcentajes.
La Municipalidad de Posadas implementará SEM Mobile, la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que reemplazará a la actual plataforma y permitirá a los usuarios gestionar el estacionamiento desde el celular.
El cambio fue informado por la Secretaría de Movilidad Urbana y detalló que a partir del 30 de septiembre de 2026, la aplicación “SEM Posadas” dejará de utilizarse, por lo que los usuarios deberán eliminar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile” para continuar utilizando el servicio.
La nueva aplicación ya se encuentra disponible gratuitamente en Google Play para dispositivos Android, identificada como SEM Mobile y desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata.
Desde el organismo también explicaron que: “Quienes ya cuentan con una cuenta en el sistema no deberán realizar un nuevo registro y podrán utilizar el mismo usuario y contraseña que tenían en la aplicación anterior”.
Respecto a las actividades efectuadas recientemente, ampliaron: “El saldo disponible y las patentes de los vehículos que ya estaban registradas continuarán asociadas, por lo que no será necesario volver a cargar esos datos”.
Dos proyectos de ordenanza buscan modificar el SEM en Posadas
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
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