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Boletazo: Don Casimiro pide $61, la Provincia ofrece $26,74 y los usuarios no quieren saber nada

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POSADAS. La empresa Don Casimiro pidió llevar el costo del boleto urbano a 60,95 pesos, mientras que la Provincia ofreció atender parte de la caída del subsidio nacional aportando 5,74 pesos a los 21 actuales sin SUBE, pero los usuarios rechazaron toda suba ante la crisis y la mala calidad del servicio.

Las posturas se plasmaron durante la audiencia pública que se realizó en el Centro del Conocimiento, donde poco más de la mitad de los 266 inscriptos asistió para expresar su postura acerca de la actualización de las tarifas que comenzarían a regir desde el martes de la próxima semana.

La convocatoria se concretó ante la inminente eliminación de los subsidios nacionales al transporte público de pasajeros, que en el caso de Misiones asciende al 70 por ciento de unos 535 millones de pesos anuales, según estimaciones oficiales.

De acuerdo con las posiciones conocidas, el Gobierno provincial estaría en condiciones de compensar la quita de la Nación con 323 millones de pesos, con lo cual la reducción se ubicaría en un 27 por ciento, pero el boleto debería incrementarse en 5,74 pesos para cubrir la resta prevista.

Desde Empresarios Unidos del Transporte Automotor (EUTA) remarcaron que a la propuesta de la Provincia le incrementarían los costos que arrojaron los índices inflacionarios, ubicando su cálculo en 60,95 pesos como precio del boleto único para los pasajeros.

De su lado, los usuarios fueron contundentes al rechazar cualquier intento de suba de la tarifa y reiteraron sus quejas por la mala calidad del servicio de transporte, como la quita de frecuencias, el mal estado de las unidades y la falta de control de horarios.

El representante del sector empresario, Facundo Zárate, al descalificar la reunión por su carácter de no vinculante, dijo que “hasta que se firme un convenio, todo es en el aire. No hay nada concreto”, pero remarcó que la estructura de costos prevé un boleto de 60,95 pesos.

“O aumentamos la tarifa o el subsidio”, expresó el vocero empresario y añadió que la tarifa técnica es de 60.50 y el déficit por pasajero es de 39.59. Por ende 40 pesos es lo que deberían aumentar.

El secretario de Transporte de la Municipalidad, Iván Lambert, explicó que el Gobierno provincial compensará parte de esa quita con un aporte de 323 millones de fondos propios. En consecuencia, la reducción de subsidios para el Transporte Integrado será de 27 por ciento, con lo cual para compensar esa pérdida, el boleto urbano debería aumentar 5,74 pesos.

El defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, propuso boletos por tramos con diferentes tarifas y pidió escuchar la realidad de la gente que no puede pagar, razón por la que ante lo inexorable del aumento insistió en que el impacto sea el más bajo posible.

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El concejal Zarza solicitó extender el horario de Transferencia hasta las 23

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El concejal posadeño Fernando Zarza presentó un proyecto de comunicación para solicitar la ampliación del horario de atención hasta las 23 de las terminales de Transferencias Unam y Quaranta. 

En comunicación con La Voz de Misiones,Zarza explicó que la presentación del proyecto fue el pasado 7 de abril y este jueves, en la última sesión ordinaria del HCD, se aprobó el pase a Comisión.

El edil comentó que “la iniciativa responde a una inquietud de distintos vecinos, trabajadores que salen muy tarde de sus puestos, y de estudiantes de la Unam que tienen que retirarse antes de las clases para no perder el colectivo”.  

El horario de atención actualmente es hasta las 22:00 y, según contó, esto resulta una complicación para un gran porcentaje de ciudadanos que son usuarios de las líneas de transporte público.

“Hay una necesidad de extender la atención de las terminales como mínimo hasta las 23, por eso solicitamos que esté abierto hasta esa hora”, sostuvo.

“Ya en comisión, el presidente de la Comisión de transporte, el concejal (Santiago) Horianski, propuso que el horario se extienda hasta las 00:00 horas. Una vez resuelto veremos qué horario queda acordado”, explicó. 

Según Zarza, que aún no esté habilitada la extensión del horario se debe a una cuestión de ahorro de costos por parte de la empresa.

“El servicio siempre fue deficiente. Hay quejas de los vecinos de Itaembé Guazú porque los colectivos no llegan hasta los barrios y eso genera que, para ir a sus trabajos a las 6 de la mañana, deban tomarse Uber que muchas veces cuenta alrededor de 20 mil pesos”, puntualizó.

La iniciativa se suma al pedido de varios centros de estudiantes y alumnos de las Facultades de Ciencias Económicas, de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, presentado el pasado 9 de abril al intendente Leonardo Stelatto y con copia al secretario de Movilidad Urbana Lucas Jardín.

Estudiantes de la Unam solicitan que Transferencia abra hasta las 23

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Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”

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Al igual que en otros puntos del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Misiones reunió a personas con discapacidad, familiares, instituciones categorizadas y prestadores precarizados, quienes marcharon al palacio legislativo provincial en rechazo a la reforma de la ley en Discapacidad 27.793. 

La movilización partió luego de las 9 desde la plaza central, y al llegar a destino, los presentes entregaron notas dirigidas al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, y al diputado renovador Carlos Eduardo Rovira para que, a través de los senadores misioneros, las familias de personas con discapacidad sean escuchadas en los ámbitos de decisión nacional.

Solicitamos el compromiso de la provincia con el modelo social de discapacidad y el rechazo a cualquier medida que mercantiliza prestaciones básicas”, exclamó uno de los manifestantes. 

Según detallaron, la reforma pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales y la calidad de vida de miles de personas: “El viernes nos tomó de sorpresa el ingreso del proyecto de reforma que tiene como título Basta de fraude a las pensiones, algo que es utilizado por el gobierno nacional como pantalla”, expresó Sebastián Calderón, director general del Centro de Día (Cenemi), consultado por La Voz de Misiones.

“Lo que busca la reforma es la reconversión de pensiones por discapacidad y pensiones por invalidez que tiene sus dificultades para las personas que tienen hoy una pensión. Pero en el trasfondo quieren eliminar el nomenclador del sistema de prestaciones básicas, lo que hará que cada financiador ponga los valores que considera oportunos para cada servicio que se brindan en el área de discapacidad, lo que va a generar desigualdad en el derecho de las personas de poder elegir el servicio y los profesionales con quienes quiere trabajar”, añadió.

“Los que van a tener mayores dificultades seguro van a ser quienes tengan el programa federal Incluir Salud porque obviamente los valores ya son bajos con un nomenclador que regula, imaginate si no existiese ese nomenclador y cada financiador ponga su precio”, lamentó.

Luego concluyó: “Actualmente el que puede pagar una prepaga o una obra social muy buena y aquel que está en el programa Incluir Salud, a través del Estado, tienen o acceden a las mismas prestaciones sin ningún tipo de diferencias. Lo que este sistema de prestaciones básicas va a hacer es que no todos puedan elegir y mucha gente quede fuera del sistema”.

Marcha en Posadas

La Ley 27.793, sancionada en 2025 y publicada en el Boletín Oficial, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable. Busca actualizar aranceles de prestaciones, garantizar la cobertura integral de salud, rehabilitaciones y regularizar pagos, en medio de tensiones por su aplicación y financiamiento.

En este marco y de manera simultánea con las marchas replicadas a lo largo y ancho del país, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horas del mediodía.

El reclamo también incluye el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato.

Rechazo a la reforma de la Ley 27.793 frente a la Legislatura misionera

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Reclamo nacional: marchan contra reforma de ley de discapacidad en Posadas

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Luego de que el gobierno nacional presentara un proyecto que apunta a depurar pensiones por invalidez y flexibilizar prestaciones; familias, personas con discapacidad, instituciones categorizadas y profesionales, marcharán en distintos puntos del país en rechazo a la reforma de la Ley 27.793 de emergencia nacional en discapacidad. 

En Posadas la concentración iniciará este miércoles a las 8.30 en la plaza 9 de Julio para luego marchar a la explanada de la Cámara de Representantes, donde solicitarán que los legisladores nacionales por Misiones rechacen la normativa que ingresó ayer al Senado de la Nación.

Simultáneamente, el Foro Permanente de Discapacidad convocó a un cese de actividades con movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, contarán con el apoyo de algunas organizaciones políticas, como el Partido Obrero y Tribuna Disca, quienes se sumarán a la jornada de lucha remarcando que “el ajuste en el sector pone en riesgo vidas y trabajos”. 

En ese mismo sentido, exigirán el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cupo laboral del 4%, la restitución de las Pensiones No Contributivas y un aumento inmediato, además de repudiar la nueva modificación de la ley de emergencia, la de salud mental y el cierre de la Andis. 

Cada miércoles, familiares y personas con discapacidad marchan contra el ajuste en Posadas

Los principales cambios

Según el texto oficial, la iniciativa deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que eran los que garantizaban la universalidad de las prestaciones, y retrotrae el sistema al estado previo a la sanción de la emergencia. 

Además, elimina la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas -que fijaba un piso homogéneo de calidad- y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.

Uno de los puntos más controvertidos es la “incompatibilidad absoluta” que el proyecto establece entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado. 

De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, e incluso suprime los incisos que referenciaban programas de inclusión laboral y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.

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