En su primer informe de gestión a la Cámara de Diputados de la Nación, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, evitó responder sobre su patrimonio, que está bajo la lupa judicial, y, ante la embestida opositora, aseguró que no renunciará al cargo que asumió en noviembre de 2025, en reemplazo de Guillermo Francos.

Adorni compareció casi siete horas en la Cámara, en una sesión que fue seguida desde los palcos por el presidente Javier Milei y los ministros del Gabinete, y que, por momentos, vio subir la temperatura del recinto, con gritos, interrupciones y chicanas.

El ministro brindó, primero, una exposición de alrededor de 90 minutos sobre lo actuado por el gobierno, donde la única referencia a la economía regional por excelencia de la tierra colorada, la yerba mate, fue la desregulación del sector, con el retiro de facultades al Inym, presente en la página 474 del informe que leyó, íntegro, y donde pondera lo establecido en el DNU 70/23, de los primeros días del gobierno libertario.

Adorni vio interrumpida varias veces su lectura, por el cruce entre los legisladores oficialistas y opositores que, incluso, registró la intervención del presidente, que desde el palco que habitó junto a su hermana, Karina Milei, y los ministros Luis Toto Caputo, Pablo Quirno, Sandra Pettovello, Mario Lugones y el asesor Santiago Caputo, arremetió contra la bancada de la izquierda y les gritó: “Ustedes son los asesinos”.

Preguntas

Luego de la lectura del informe, el jefe de Gabinete respondió a las preguntas de los distintos bloques de diputados, entre las que se contaron a los misioneros de Innovación Federal, los renovadores Alberto Arrúa y Yamila Ruiz, quienes lo interrogaron sobre las obras viales convenidas con el gobierno de Hugo Passalacqua, la crisis yerbatera y la zona aduanera especial, que es un reclamo histórico de la provincia y se arrastra desde varias administraciones nacionales.

“Hay cuestiones que son importantes, para nosotros como provincia y como argentinos”, arrancó el diputado Arrúa. “Hemos escuchado cierta fábula”, lanzó y se refirió al denominado “Plan Guacurarí”, inaugurado como estrategia de control fronterizo durante la gestión de la ahora senadora Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

“Misiones tiene unos 2.000 kilómetros de frontera, 1.100 con Brasil y 900 con Paraguay; y el plan solo controla 25 kilómetros, menos del 10%”, dijo el legislador, que, seguidamente, interrogó a Adorni sobre los planes del gobierno para “atender a las 12.500 familias productoras de yerba mate”.

“Hasta ahora, lo único que hicieron fue sacarle facultades al Inym, y Misiones tiene esta economía regional que no se condice con el libre mercado”, afirmó y preguntó: “¿Hay algún plan del gobierno para resolver el problema, ya que fue producto de una decisión política del gobierno nacional?”.

Ruiz retomó el tema de la crisis yerbatera y las pymes misioneras, y, además, consultó al jefe de Gabinete sobre las obras viales comprometidas con Passalacqua por su antecesor Francos, en un convenio que se firmó en Posadas en junio de 2024 y fue ratificado en abril de 2025.

“En ese convenio, el gobierno nacional se comprometió a reactivar y culminar una serie de obras que hasta el día de la fecha están sin avances”, dijo Ruiz y preguntó: “¿En qué fecha van a reactivar esas obras y cuando van a culminar?”.

Acto seguido, la legisladora renovadora se refirió a las “asimetrías que vivimos los misioneros” por “los límites geográficos con países hermanos y vecinos, como Paraguay y Brasil, con los que resulta imposible competir por las diferencias de precios”.

“Quisiéramos saber si desde el gobierno nacional resulta viable la propuesta que venimos haciendo desde hace muchísimos años, de establecer una zona aduanera especial, libre de impuestos”, lanzó Ruiz.

“Eso sería fundamental para nuestra provincia, pero mientras este sueño se concreta, nosotros seguimos presentando proyectos desde nuestro espacio político”, agregó y consultó: “¿Cómo haría el gobierno nacional para abordar esta diferencia de precios por las asimetrías fronterizas?”.

Ruiz, también, consultó a Adorni sobre “los cupos para Misiones en las operaciones comerciales” resultantes del TLC firmado con la Unión Europea y ratificado por el Congreso con los votos de los parlamentarios de la tierra colorada.

Respuestas

En su respuesta, el jefe de Gabinete ignoró lo relacionado con la crisis yerbatera y se enfocó, únicamente, en lo referido a las obras viales del convenio entre Francos y Passalacqua.

“Algunas obras serán ejecutadas a cargo del Estado nacional y otras obras están a cargo de la provincia”, dijo Adorni y enlistó la serie de trabajos en ejecución y por ejecutarse en la provincia.

Mencionó, en tal sentido, entre las “obras de saneamiento en ejecución y financiadas por el Estado Nacional”, los “desagües cloacales de Apóstoles y Aristóbulo del Valle”, y el “saneamiento del arroyo Itá”, y prometió que “serán finalizadas en el transcurso de 2027”.

“Además, se encuentran en el Presupuesto 2026 obras viales estratégicas para la conectividad y seguridad vial”, señaló el ministro y mencionó: “En la Ruta Nacional 12, se incluye la obra de la Travesía Urbana de Posadas, en el tramo acceso aeropuerto – garita Km 10, y empalme con la Ruta 105”.

“Asimismo, obra de seguridad vinculada al soterramiento de la calzada en su intersección con la avenida Sn Martín”, continuó y siguió con “la ruta 105, autovía San José – Posadas, en el tramo comprendido entre la rotonda de la Ruta Nacional 12 y la rotonda 14, en San José”.

“En Misiones, Vialidad Nacional ejecuta tareas de bacheo en la Ruta Nacional 14 y el Acceso Sur”, informó Adorni y agregó: “Se ha adjudicado una compra de mezcla asfáltica en la Ruta Nacional 14, en los Km 1.093 y 1.127; y en la Ruta Nacional 101, entre los Km 0 y 89; en las rutas nacionales 12, 14 y 101, se ejecutan tareas de mantenimiento, tales como corte de pasto, cortafuegos, limpieza de banquinas y señalamiento, priorizadas para 2026”.

Sobre el TLC con la Unión Europea, el jefe de Gabinete aclaró que “no estipula cupos, ni cuotas preferenciales para ninguna provincia”, y que “el acceso a la exportación y al mercado de la UE, depende de cada productor exportador”.

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El docente misionero Leandro Sánchez fue convocado por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación donde, en horas de la siesta de hoy, expuso sobre la “criminalización de la protesta” e hizo foco en los recortes en programas de lectura, comedores escolares, salarios e infraestructura.

“Esta ida a la Justicia que hacen es para que no contemos lo que le pasa a los maestros. Hoy un maestro en Misiones cobra $711.000 por ir todos los días a la escuela y $550 por día para darle de comer a cada alumno en escuelas de jornada completa, donde hay que dar desayuno y almuerzo con $550. No quieren que hablemos de eso”, comenzó Sánchez en su alocución.

También mencionó la falta de mantenimiento de infraestructuras en las escuelas y el bajo salario que perciben los docentes jubilados. En esa línea aclaró que no se trata de una cuestión solamente provincial. “La Nación nos bajó el sueldo. No sé cuántos antecedentes de gobierno hubo que hayan bajado los sueldos a los maestros. Apenas asumió este gobierno y nos quitó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), aquella conquista histórica de la CTERA de los 90`”, puntualizó.

Seguidamente, apuntó contra el recorte de 17 programas nacionales, entre ellos los de lectura escolar: “Yo trabajo en jornada completa a 300 metros del río Uruguay, en la frontera con Brasil ¿Qué hago si no tengo libros? ¿Cómo hacemos para enseñar a leer?”.

Al volver sobre la crisis económica, recordó el desequilibrio que produjo -en los eslabones más bajos de la cadena productiva yerbatera- la quita de potestades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). “Los trabajadores de la yerba no tienen dónde trabajar, en este momento hay piquetes en las rutas, no quieren que se coseche la yerba porque no vale nada. El cosechero se termina yendo a trabajar a Brasil, hay un éxodo de 14 mil trabajadores”.

Y continuó: “¿Cómo creen que van los hijos de esos trabajadores a las escuelas? con hambre. Y a esos pibes que van con hambre hay que darles de comer con $550 y se da de comer igual porque los directores salen a pedir al intendente, a los diputados, a quien sea, le deben a los comercios de la zona para darles de comer igual”.

Se trata del maestro de grado que fue condenado a 8 meses de prisión en suspenso y a trabajos comunitarios, tras la protesta concretada en mayo de 2024, que incluyó un acampe sobre la avenida Uruguay de Posadas.

En ese sentido, recordó: “Doce compañeros están con una causa judicial y una restricción, no podemos llegar a 200 metros de la Cámara de Representantes de Misiones porque parece que somos peligrosos por pedir comida para nuestros alumnos, pedir mejores salarios, libros y que arreglen las escuelas”.

“Esos son los pedidos de los docentes misioneros, pero nos mandan a la policía, estamos judicializados, Mónica Gurina y yo estamos condenados, 12 compañeros no pueden acercarse a la Legislatura. El gobierno de Misiones es el mejor alumno de La Libertad Avanza, ponen en peligro el derecho a la protesta social y es el derecho que más hay que cuidar”, alertó el docente.

Y concluyó: “No sabemos cuánto va a durar esto. Nosotros vamos a seguir buscando las respuestas aunque nos metan presos, si nos meten presos vamos a dar clases en la cárcel y si no, nos seguiremos movilizando para buscar lo que nos hace falta, porque no podemos seguir en esta situación. La vamos a seguir buscando, hasta la victoria siempre”.

Leandro Sánchez es docente y secretario General Adjunto de la CTA A Misiones. Fue condenado, junto a Mónica Gurina, por encabezar las protestas salariales de 2024. Hoy tuvo la oportunidad de exponer sobre esa experiencia y la situación que atraviesa el sector docente de su provincia ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación.

Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle

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Con el foco puesto en cuidar el bolsillo del contribuyente, el referente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Núñez, presentó una serie de iniciativas para frenar lo que definió como un “disparate” financiero en las intendencias de la provincia.

El presidente de La Libertad Avanza en Misiones cuestionó duramente el manejo de los presupuestos municipales, tomando a Posadas como el principal ejemplo de un Estado desbordado. “Que la municipalidad tenga más de 5.300 empleados y que eso represente el 67% de los gastos es irrazonable”, aseguró.

También se refirió a que el Concejo Deliberante de Posadas fue reconocido como el más caro del país para 2025, llevándose cerca del 20% del presupuesto de la ciudad.

La iniciativa exige transparencia total y pone límites claros a las contrataciones y a la creación de nuevas tasas municipales que no tienen sentido. “Proponemos pasar de un régimen de gastos de representación sin rendición a que los intendentes tengan que rendir cuentas”, enfatizó Núñez. La propuesta busca aliviar a los misioneros garantizando que la plata no se vaya en estructuras políticas sobredimensionadas ni en privilegios para la dirigencia.

 

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