El gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, solicitó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, la regularización de la deuda de seis meses que el Estado nacional mantiene con los centros de asistencia a personas con discapacidad en Misiones, en el marco del Programa Federal Incluir Salud.

Se trata del segundo reclamo de Passalacqua a Nación en la semana por este tema, luego de la nota del mismo tenor que dirigió al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el martes. El gobernador informó en sus redes sociales del pedido de hoy a Lugones, y estimó en “una suma superior a los $2.500 millones” la deuda de Nación con la provincia para el sostenimiento de la atención a “miles de misioneros y misioneras”.

“Se trata de una situación profundamente sensible que afecta directamente a personas que necesitan atención y acompañamiento permanente, así como a las instituciones y profesionales que sostienen esa tarea”, escribió el gobernador en los posteos.

“Confío en que primará la sensibilidad y que se continuará asumiendo la obligación institucional, en el marco de la ley, para reanudar el programa y dar una respuesta urgente”, continuó y señaló: “Es fundamental que esta situación se resuelva a la brevedad”.

En la nota a Lugones, fechada este jueves, Passalacqua le remarca al ministro de Javier Milei que “la situación actual reviste extrema gravedad”, y le explica que “los atrasos en los pagos han generado un fuerte impacto en el normal funcionamiento de estas instituciones que cumplen un rol esencial e irremplazable en la atención, contención y desarrollo integral de personas con discapacidad en nuestra provincia”.

“Muchos de estos centros se encuentran hoy atravesando serias dificultades para sostener sus prestaciones, afrontar el pago de salarios a profesionales y trabajadores, y garantizar la continuidad de los servicios”, describe.

“Esta situación no solo pone en riesgo la estabilidad de dichas instituciones, sino que afecta directamente a cientos de familias misioneras que dependen de estos espacios para el cuidado y acompañamiento de sus seres queridos”, advierte.

Passalacqua argumenta a Lugones que tratándose de “un programa de alcance federal, resulta indispensable garantizar su adecuado funcionamiento en todo el territorio nacional, asegurando condiciones equitativas y sostenibles para la prestación de los servicios”.

En tal sentido, el gobernador solicita al ministro de Salud de la Nación que arbitre “de manera inmediata” los mecanismos para “regularizar los pagos pendientes a los centros categorizados”, “establecer un esquema de previsibilidad en las transferencias futuras” y “garantizar la continuidad de las prestaciones en el marco del Programa Federal Incluir Salud”.

Asimismo, la nota adjunta “toda la información remitida por los centros involucrados, donde se detalla la situación particular de cada institución, los montos adeudados y el impacto que dicha deuda está generando en el sostenimiento de sus servicios”.

“Desde el Gobierno de la Provincia de Misiones reafirmamos nuestra plena disposición al diálogo y al trabajo conjunto, entendiendo que la articulación entre Nación y Provincia es fundamental para dar respuestas concretas y urgentes a quienes más lo necesitan”, expresa Passalacqua.

Tal como lo hicimos días atrás con el ministro de Economía, Luis Caputo, acabo de solicitar al ministro de Salud, Mario Lugones, la regularización urgente de los pagos adeudados correspondientes a seis meses —por una suma superior a los 2.500 millones de pesos— a los centros… pic.twitter.com/4617zpaFGf

— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 16, 2026

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Mario Peyer, intendente de Caraguatay, se presentó en el edificio municipal a primeras horas de este jueves para retomar funciones tras un mes de licencia solicitada en el marco de una causa que lo investiga por presunto abuso sexual, amenazas y hostigamiento contra una empleada del Concejo Deliberante local.

De esta manera, fue reincorporado como jefe comunal además de restituir en sus cargos a los funcionarios de las áreas de Hacienda, Jefatura de Personal, Obras Públicas y Acción Social, quienes habían sido apartados por la intendenta interina Norma Gularte (LLA), durante su gestión al frente del Ejecutivo en los últimos 30 días.

En tanto, en la jornada de ayer, Peyer compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, ante quien brindó declaración indagatoria y negó las acusaciones.

“Ayer presté declaraciones ante el juez y también le pregunté, junto a mi abogado, si podía volver a mi labor en el día de hoy; me dijo que sí, que la Constitución y la ley me lo avalan. Por eso hoy, a las 6:30 de la mañana, empezamos nuevamente y ahora estamos haciendo las actas de verificación con escribanos”, confirmó Peyer ante la prensa.

Previamente, durante la sesión del Concejo Deliberante, Gularte había presentado una nota solicitando continuar al frente del Ejecutivo, argumentando haber detectado presuntas irregularidades en la administración municipal. Sin embargo, fue rechazada por los ediles, quienes señalaron que esas denuncias fueron expuestas públicamente en medios de comunicación, no así en el ámbito legislativo oficial.

A esto se suma una presentación impulsada por concejales que solicitan que Gularte tome una licencia de un mes en su banca, al considerar que no respondió a los requerimientos realizados por el HCD durante el período en que ejerció como interina.

Finalmente, esta mañana alrededor de las 6, Peyer se apersonó en el edificio municipal y horas más tarde arribaron a esta sede el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, quienes mantuvieron una reunión para definir los pasos a seguir y confirmar la restitución del intendente. 

Vecinos de Caraguatay en defensa de Peyer: “Es una maniobra para desplazarlo”

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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, culpó del desfinanciamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) a los afiliados de más de 80 años, que “son una carga muy grande”, según dijo.

Lugones, de 78 años, habló en la AmCham Summit 2026, la conferencia anual de negocios más importante de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que se realizó ayer en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y cerró con las palabras del presidente Javier Milei.

“El Pami tiene un millón de personas, más o menos, con más de 80 años, sobre los cinco millones de personas que hay en total”, puntualizó el ministro y sentenció: “Pami tiene una carga muy grande”.

A eso, Lugones le sumó “los casi 6.000 afiliados” a la obra social que “tienen más de 100 años” y se quejó: “Ya hay abuelos, hijos y nietos en Pami”.

Las declaraciones del ministro de Salud de Milei se produjeron en medio de la crisis en la previsional, que arrastra una deuda multimillonaria con los prestadores, que está generando un cataclismo en el sistema, con farmacias que ya dejaron de suministrar medicamentos, clínicas al borde del cierre y médicos que amenazan con abandonar la atención por Pami de no derogarse la reciente resolución que les corta el 50% de sus ingresos.

La situación empezó a generar cortocircuitos en el equipo del gobierno, ya que Lugones acusa a su par de Economía, Luis Toto Caputo, de pisarle los fondos y le exige hasta U$S1.000 millones para reestablecer la continuidad operativa de la obra social, hoy sumergida en un caos total.

Fentanilo

Lugones asumió el cargo el 27 de septiembre de 2024, tras la renuncia de su predecesor Mario Russo, y su llegada al gabinete estuvo impulsada por su hijo, Rodrigo Lugones, socio del asesor estrella del gobierno Santiago Caputo.

El ministro tiene varios títulos universitarios y una vasta experiencia en el campo de la salud: estuvo a cargo del Sanatorio Güemes y fue fundador y presidente de la Fundación homónima que se enfoca en la docencia médica y la investigación clínica.

Además, fue médico cardiólogo de la Fundación Favaloro y el Sanatorio Malvinas; director del Instituto Médico de la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica (IMSSET), de la Facultad de Medicina de la UBA, y director de la Maestría de Gerenciamiento de Sistemas de Salud de la UBA.

A poco de asumir, Lugones quedó engrampado con la crisis sanitaria del fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes, que causó la muerte de unas 111 personas y afectó a otras 49.

Aunque su cartera decidió, enseguida, presentarse como querellante en la causa judicial contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, diversos sectores de la oposición y gremios de salud señalan a Lugones como el responsable político de la tragedia, ya que los recortes presupuestarios en la ANMAT y el desmantelamiento de áreas de control sanitario facilitaron que los lotes de fentanilo defectuosos llegaran a los hospitales.

La causa está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, y si bien los principales imputados son los dueños de los laboratorios, como Ariel García Furfaro y directivos técnicos, la Justicia ha ordenado allanamientos en la ANMAT y el INAME para determinar si hubo “negligencia, colusión o complicidad” por parte de los organismos de control estatales bajo la órbita de Lugones.

Pero, más allá del fentanilo, el ministro de Milei fue imputado recientemente por los delitos de “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público” debido a su intervención para forzar la renuncia del Consejo Directivo del Hospital Garrahan.

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