Candelaria volverá a utilizar en las elecciones provinciales del 7 de mayo próximo el sistema de voto electrónico conocido como Vocomi, que ya utilizara en 2019.

Según informó el Tribunal Electoral de Misiones, la capacitación de los electores Voto Codificado Misiones se inició el martes pasado con puestos del organismo en el centro y barrios de la ciudad.

Candelaria tiene un padrón de 14.376 electores habilitados, 1.851 electores más, el 14,8% de aumento, respecto de las elecciones legislativas de 2021, donde contaba con 12.525 empadronados.

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Según la base de datos del Tribunal Electoral, en las últimas dos elecciones, Candelaria registró altos índices de participación: 77,22 % en 2019, y 60,61% en 2021.

La ciudad votará el 7 de mayo entre 8 lemas y 27 sublemas: 10 renovadores, 7 de Juntos el Cambio y 3 de La Fuerza de Todos.

Sistema misionero de voto electrónico

El sistema de Voto Codificado Misiones (Vocomi) fue desarrollado por técnicos del Tribunal Electoral misionero, facultado para desarrollar e implementar en la provincia el sufragio electrónico por la Ley XI-N°6, en sus artículos 180 y 181.

El voto electrónico utiliza una combinación de componentes de hardware y software que permiten al elector imprimir su boleta codificada con un código QR.

La selección de las opciones de votación se realiza sobre una pantalla táctil, para luego imprimir el voto mediante una impresora térmica sobre un papel tipo rollo térmico.

El elector tiene la posibilidad de corroborar que su elección se encuentra debidamente codificada utilizando el lector de código QR, que muestra en pantalla la información contenida en dicho código.

El sistema tuvo su debut en las elecciones legislativas de 2013, con gran aceptación por parte de los electores, según el Tribunal Electoral provincial.

El Vocomi fue registrado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), Expediente N° 20130103860, Trámite N° 13186243.

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Waldomiro “Valdir” Dos Santos (58), ex intendente de San Vicente y actual candidato, fue imputado por el delito de “malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público en concurso real”, por la presunta venta fraudulenta de terrenos municipales.

Según pudo establecer La Voz de Misiones, en base a documentación de la causa, la indagatoria se concretó el último lunes 20 de marzo ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, presidido por Gerardo Casco.

En la audiencia, el actual postulante a jefe comunal escuchó los elementos en su contra y decidió abstenerse de declarar, tal y como lo ampara su derecho. Por disposición judicial, Dos Santos seguirá en libertad a la espera de los avances de la instrucción del caso.

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La denuncia fue impulsada en 2020 por el actual jefe comunal, que ahora busca la reelección, Sergio Fabián Rodríguez, cuando formaba parte de las filas del Partido Agrario y Social (Pays).

Los hechos señalados en las acusaciones contra su contrincante en la arena política de cara a las elecciones del 7 de mayo están fechados antes de que se termine el último mandato de Valdir Dos Santos. Llamativamente, recién ahora se concretó la audiencia indagatoria y la imputación formal.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el expediente tiene otros dos imputados, quienes fueron citados y cumplieron con la formalidad en los últimos días -aunque antes que Valdir, que fue el último- y también habrían elegido el camino del silencio: Hugo Rubén Barovicz, ex secretario de Administración y Hacienda, y Juan Ladomiro Néstor, ex jefe de Recaudaciones de la Municipalidad.

Pagos anulados en San Vicente

Como se informó oportunamente, la maniobra consistía en vender terrenos remanentes de la ruta nacional 14 pertenecientes a la comuna, aunque una vez hecha la transacción -con su correspondiente comprobante-, “se anulaba el pago en el sistema, pero el dinero nunca era devuelto al contribuyente que efectuó el pago”, dice la denuncia.

En este sentido, también habrían detectado que, luego de anular la compra, se introducían en el sistema valores inferiores con el mismo número de recibo, o bien se aplicaban descuentos en la adquisición de los terrenos cuando no correspondía.

En la acusación al ex alcalde, aparece citado un caso, sobre un terreno identificado como “Lote E Manzana XX”, por el cual un contribuyente pagó 402.130 pesos el 25 de octubre del 2019 a las 15.10, es decir, fuera del horario de atención al público de la comuna.

De esa operación, siempre según la acusación formal, no obran copia de contrato compra-venta en el área de Hacienda del municipio. Asimismo, en el sistema se pudo corroborar que el recibo fue anulado y al día hábil siguiente, el 28 de octubre, se emitió un recibo con el mismo número pero por un monto mucho menor: 713 pesos.

Un detalle que surge del documento, al que accedió LVM, es que algunas fechas de las operaciones están mal consignadas: dicen 2020 y no 2019, que es cuando ocurrieron los hechos denunciados.

“Estas irregularidades o hechos no pudieron realizarse sin su activa participación, debido a que usted, en su carácter de intendente municipal, suscribía los contratos de compra-venta, habiendo firmado cada uno de ellos, además de tener la capacidad y las claves correspondientes para anular y modificar el recibo Nº XXXX, ocasionando un perjuicio patrimonial enorme a la Municipalidad de la ciudad de San Vicente, debido a que los montos antes señalados no han ingresado a las arcas del estado municipal, ni fueron ingresados a la cuenta especial creada a tal, que debió ser destinada a la compra de bienes de capital”, se consigna en el escrito acusatorio.

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La investigación judicial por el hackeo del celular de Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Seguridad del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y de tres jueces de Comodoro Py, identificó a los cinco misioneros de Eldorado involucrados en los hechos.

Se trata de Antonio Aquino, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Elías Nuñes Pinheiro (padre e hijo), Julio César Escobar y Cecilia Mercado.

Aquino, de 30 años y dueño de GSM Express, un local dedicado a la venta y reparación de teléfonos celulares, aparece como el cabecilla de la supuesta banda responsable del hackeo desarticulada por la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), a cargo de Daniela Dupuy.

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Dupuy fue quien ordenó los procedimientos en los domicilios de los ahora acusados de haber hackeado el celular de D’Alessandro y los jueces, para luego filtrar las conversaciones de Telegram de todos.

En los allanamientos, se secuestraron dispositivos informáticos, documentación y anotaciones.

Rastros digitales

El ministro de Larreta no fue el único objetivo de los hackers de Eldorado, también los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; el fiscal general de Caba, Juan Bautista Mahiques, y el diputado nacional del PRO Diego Santilli.

Según fuentes de la investigación, la banda de hackers de Eldorado venía intentando violar los teléfonos del funcionario porteño, y los jueces y fiscales federales, desde mayo de 2022.

En septiembre, irrumpieron en los celulares de Basso, Hornos y Giménez Uriburu; y más tarde, en octubre, concretaron el hackeo a Santilli y D’Alessandro.

El hackeo del teléfono del ministro porteño se registró en la tarde del 19 de octubre, a través de un ataque conocido como “sim swap”, la duplicación del chip del celular, que a la vez aparece como la técnica más común.

Los chats filtrados del ex funcionario de Rodríguez Larreta sacaron a la luz conversaciones de la comitiva de jueces, fiscales y Ceos del grupo Clarín que viajaron a mediados de octubre de 2022 a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, Río Negro, donde hablan de cómo fraguar y ocultar con facturas truchas el encuentro “secreto” en el sur, entre otras revelaciones.

Según la investigación, los hackers misioneros cometieron un error fatal, que condujo al equipo de Cibercrimen hacia ellos: chequearon información de sus objetivos en las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), y dejaron suficientes rastros digitales.

Vínculos presenciales

Identificados los integrantes de la supuesta banda de hackers misioneros, la fiscal Dupuy indaga ahora en los vínculos de los cinco acusados, de manera a establecer los alcances y ramificaciones que pudiera tener la organización.

En una primera aproximación, Dupuy informó a los medios porteños de conexiones del sindicado como cabecilla Aquino, con al menos tres personas vinculadas a la escena política de Eldorado.

Mencionó que el joven se desplazaba en un automóvil Audi A3 y en una moto Yamaha, identificada con la patente A034DWS, que figura a nombre de Héctor Daniel Irala, funcionario del Ministerio de Hacienda de Misiones, y de la que el presunto hacker disponía una cédula azul desde el 22 de septiembre de 2021.

Citó, además, la vinculación de Aquino con el director de la Unidad Regional V de Vialidad Provincial y candidato a concejal por la lista del intendente Fabio Martínez, Hugo Kovalski.

Según Dupuy, el hacker mantendría relación con familiares muy cercanos a Kovalski, “lo cual infiere una vinculación que excedería el plano solamente político y público”, dijo la fiscal.

Solo dos de los otros cuatro detenidos en relación con la causa, Cecilia Mercado y César Escobar, informan de sus actividades económicas en sus redes sociales.

Mercado declara trabajar en JC Electronic, una empresa ubicada lejos de Eldorado, en Chos Malal, provincia de Neuquén; y Escobar dice ser “gerente en GSM Express”, el negocio de celulares de Aquino.

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