Política
Ramón Amarilla desde la cárcel: “Conmigo crearon el voto bronca”
Son las 9.23 de la mañana. Una serie de candados se destraban, otros tantos portones de hierro se abren. Desde la oscuridad, un hombre con una chomba blanca especialmente elegida para la ocasión sale a la luz del patio con dos silletas. Es el ex policía Ramón Amarilla, quien estrecha la mano y recibe a un equipo de La Voz de Misiones que lo visitó en el penal de Cerro Azul para una profunda entrevista en la que habló de todo: de su candidatura a diputado provincial, de las protestas salariales de mayo pasado, de la causa que lo tiene preso hace siete meses y de su historia de vida.
“Antes no sabían cómo meterme acá y ahora no saben cómo sacarme de acá”, plantea Amarilla, quien se presenta como un “preso político” y quien considera que al anunciar su candidatura a legislador provincial metió en un “embrollo” al gobierno provincial. “Ellos no quieren admitir que conmigo se equivocaron y por eso ahora no saben qué hacer conmigo. Me tienen acá solo por ego y soberbia”, redobla antes del primer sorbo de mate.
Amarilla está preso desde el 19 de septiembre del año pasado e imputado por “intento de sedición y conspiración”, en una causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Tres, que preside el magistrado Fernando Verón, y que nada que tiene que ver con el expediente judicial iniciado en mayo, tras la protesta salarial que incluyó doce días de acampe frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas, caso que es investigado por el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo de Ricardo Balor.
“Solo cola” se llamaba el grupo de Whastapp que marcó el fin de los días en libertad para Amarilla y para otros siete policías que fueron implicados en la misma causa, a quienes la Justicia acusó de tramar una revuelta para descabezar a la cúpula policial, plan que incluía el robo de patrulleros, la generación de incendios forestales y otras maniobras “desestabilizadoras” tan solo unos meses después del acuerdo salarial que desactivó el conflicto de mayo.
El referente y vocero de aquella protesta se defiende de la acusación que lo mantiene preso y considera que su detención es injusta. “El grupo existe, pero yo no estoy. Que cada uno dé su versión de los hechos, pero que la Policía no me busque a mí solo para amedrentar, porque meterme preso era asustar a todos”, apuntó.
Para Amarilla, ese grupo de chat le vino como “anillo al dedo” a la Justicia. “Ellos no sabían cómo meterme acá”, repite y entiende que su detención se justificó con un simple mensaje intercambiado por privado con Diego Correa, el primer policía detenido en el marco del caso Solo Cola.
“A mí Diego Correa me manda mensajes diciendo que parecía que el gobierno no iba a cumplir con el aumento firmado, entonces le respondí ‘Uh, ahora se va a pudrir’. Pero fue como una expresión de que había que volver a discutir todo, de volver a las reuniones, de volver a hablar con la prensa y yo ya estaba cansado de todo eso. Fue en otro contexto, pero aprovecharon ese mensaje para agarrarme a mí también. Yo no tengo poder sobre el personal, soy retirado. Es más, cuando yo me entregué no sabía nada de la causa”, repasó.
Por eso, Amarilla no duda cuando sostiene que su detención “obedece pura y exclusivamente a cuestiones políticas” y decidió responder a ello con más política: “Costó convencerme, pero lo determinante fue pensar que si no aceptaba la propuesta toda la lucha que hicimos iba a quedar en vano”.
“Me veo en la Legislatura”
Son las 10.45. La entrevista continúa, pero para el segundo termo de mate se agrega una bandeja de torta frita hecha por otro interno del mismo pabellón y la charla ingresa al terreno político.
Amarilla, que afirmó “odiar la política porque son todos tranzas”, será candidato a diputado provincial en las elecciones del 8 de junio. Irá en una boleta del partido Por la Vida y los Valores, que preside el dirigente liberal Walter Ríos e integra Miguel Nuñez, actual legislador por el PRO.
“Me decidí a ser candidato el 15 de marzo. Lo pensé y lo pensé mucho. Mi esposa no quería. Sé que esto puede perjudicar una posible excarcelación mía e incluso sé que hasta me pueden condenar, pero ya no tengo nada que perder. Estoy dispuesto a pagar el precio. Yo no le puedo fallar al retirado, ni a la gente que me da su apoyo”, prometió.
En la historia reciente hay antecedentes de personas privadas de su libertad que presentaron a elecciones, como fue el caso de Julio De Vido, pero hasta el momento ningún candidato en esta condición resultó electo para el cargo al que postulaba. Amarilla confía en el ser el primero: “Me veo en la Legislatura”.
El acampe policial se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo de 2024.
“Con mi caso crearon el voto bronca. Yo hasta ahora no vi a ningún diputado que pelee por los derechos de los trabajadores. Yo como diputado voy a seguir haciendo valer la lucha de mayo”, aseguró el flamante candidato, quien a su vez se despachó con críticas hacia figuras políticas como Martín Arjol y Ariel “Pepe” Pianesi, a quienes señaló de recorrer el acampe frente al comando para obtener “rédito político y no más que eso”.
El ex uniformado carga y dispara más frases con poder de fuego. Sus municiones también alcanzan al ministro de Gobierno Marcelo Pérez, a quien no solo responsabiliza por la escalada de protestas multisectoriales registradas el año pasado, sino también por el futuro de la Renovación.
“Marcelo Pérez destruyó su propio partido. De 54 reuniones que se hicieron en todo este tiempo, él solo estuvo en 2. Esto se solucionaba fácil. Yo no tengo nada en contra de la Renovación, siempre busqué el consenso, pero ellos nunca fueron sinceros. Yo quiero demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente”, lanzó.
Amarilla no se detiene y las críticas también van dirigidas a la plana mayor de la Policía, institución a la que prestó 31 años de servicio, cinco más de lo requerido para llegar al retiro.
“Los jefes están ahí porque son cargos políticos. La Policía hoy se llenó de oficinas administrativas que se hicieron para inventar cargos y llenarlas de haraganes. Los que los eligen y los que asumen son todos cómplices y comparten playas en Rincón Santa María”, repartió.
Intramuros
Faltan 15 minutos para que termine el horario de visita. El peor momento para cualquier persona privada de su libertad. No es la excepción para Amarilla. “Es triste estar acá”, confiesa y muestra un cuaderno con reflexiones, cuestionamientos, proyectos e insultos que anota desde que está detenido.
De socorrer a viudas de policías, de tramitar asistencias para retirados, de pasear por Itaembé Guazú con su amado perro Tobby y de trabajar junto a su esposa en la productora de eventos que tienen hace años, a solamente salir al patio de unos 20 x 5 metros que tiene el módulo A de la UP VIII.
El módulo A es el famoso “pabellón de las fuerzas”, que hoy está ocupado por más de 25 internos y donde Amarilla comparte celda con otras dos personas.
Amarilla está alojado en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, en el pabellón de “ex fuerzas”.
La rutina carcelaria es la siguiente. A las 6 es el primer recuento, a las 7 el segundo y a las 7.30 los internos pueden pasar al patio, con muros perimetrales de 4 metros de altura que impiden ver el verde paisaje que rodea al complejo ubicado en un alto del cerro.
Allí transcurre la nueva vida intramuros de Amarilla. Líneas dibujadas en la pared simulan ser arcos de fútbol para cuando las charlas se acaban. También hay una red de voley. Pequeñas distracciones para tratar de olvidar que desde una torre son vigilados por el personal de guardia.
“Siempre digo que acá parece que estamos a solo un centímetro de la locura. Por momentos se ríe uno y nos reímos todos. Por momentos llora otro y lloramos todos. No es fácil”, insistió, aunque con la entereza suficiente como para no quebrarse aún en sus recuerdos más emotivos.
“Yo soy una persona alegre. Me gusta reírme a pesar de todo, siempre trato de mantener el sentido del humor, de no perderlo. Hoy me ven con esta chomba blanca impecable, pero fue porque mi esposa me pidió, sino me ponía la vieja remera verde de siempre”, cerró entre risas y a las apuradas porque el guardia anunciaba el fin del horario de visita.
FOTO: Fede Gross.
El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor Cacho Bárbaro, propuso esta tarde en la sesión de la Legislatura la creación, a través de una ley, de un régimen de asistencia económica a pacientes oncológicos y de otras patologías graves que no cuenten con ingresos.
La iniciativa busca la creación del Régimen Provincial de Asistencia Económica para Personas con Enfermedades Oncológicas y Otras Enfermedades Graves de Alto Costo, destinado a garantizar un ingreso mínimo a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, a fin de asegurar la continuidad y dignidad de los tratamientos.
“Yo sé que a los libertarios esto no les gusta, no les cae bien”, dijo Bárbaro en su alocución de esta tarde en la Cámara.
“Me acuerdo en un acto de (Javier) Milei, donde dijo ‘venimos a terminar con el verso de que donde hay una necesidad nace un derecho, porque aumenta el gasto público”, agregó el legislador del PAyS y preguntó: “¿Qué hacemos con esa gente humilde? ¿El Estado tiene que estar ausente?”.
Bárbaro ponderó la “profesionalidad” y la “calidad de la atención del Parque de la Salud” de Misiones, y sostuvo que la demora en los turnos obedece al deterioro social provocado por “el modelo económico” que “destruyó el tejido social”.
“No hay que quejarse de las autoridades del Parque de la Salud, de los médicos, de las enfermeras; hay que quejarse del gobierno de Milei; del gobierno de Karina 3%; del gobierno de Adorni y su cascada”, disparó.
“Misiones hoy tiene 10 mil trabajadores que quedaron sin trabajo desde que asumió Milei. Familias que quedaron sin obra social, que absorbe el hospital público; los gendarmes, el Ejército; el empleado púbico que no tiene para pagar el plus y va al Parque de la Salud; ni hablar de los jubilados, que antes se operaban en clínicas privadas”, afirmó.
“Hay tantos casos de gente muy humilde, pobre, de Pozo Azul, San Pedro, que tienen que venir un día antes, y no tienen un mango en el bolsillo para sostenerse, ni para comer”, describió Bárbaro y planteó: “Mi proyecto apunta a crear una herramienta del Estado provincial para que podamos ayudar a esa gente humilde”.
El diputado del PAyS reconoció que su proyecto, que propone otorgar a los beneficiarios una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil, “genera erogaciones al Estado provincial” y estimó en “unas 500 familias” el universo de destinatarios.
“Sabemos que la provincia atraviesa una crisis de recursos de la Nación, recortes de coparticipación”, dijo Bárbaro y pidió: “Espero que busquemos la forma de concretarlo”.
“Vos le escuchas al gobierno diciendo que no hay plata, pero vemos cómo le sacan impuestos a los bienes de lujo y a los pobres no le dan para tratar su enfermedad”, se quejó.
LEY AYUDA ECONOMICA A PACIENTES ONCOLOGICOS
El diputado provincial Santiago Koch (Unión Cívica Radical) presentó un proyecto de ley que propone la disolución del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) y la creación de una nueva Defensoría del Usuario del Agua (DUA), dependiente del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.
“Con este proyecto vamos a ser claros: le decimos chau al EPRAC, y no solamente porque es una cuestión administrativa, sino porque consideramos que Misiones tiene un ente que cobra una tasa, que tiene un directorio y vocalías, pero cuando un usuario abre la canilla y no sale agua, ese ente no está o actúa demasiado tarde”, apuntó Koch en su primera alocución como diputado este jueves en la Legislatura misionera.
En esa línea, el legislador radical cuestionó el presupuesto asignado al organismo, presidido por Soledad Balán, y señaló que, tras una ampliación presupuestaria otorgada meses atrás, el EPRAC contará este año con casi 700 millones de pesos para su funcionamiento. Sin embargo, sostuvo que esos recursos “realmente no se verifican en el accionar de este ente”.
Asimismo, Koch planteó que la iniciativa no solo propone la eliminación del EPRAC y la supresión de su directorio y estructura política, sino también quitar la tasa que actualmente pagan los usuarios para financiar el organismo. “El ciudadano debe dejar de pagar por un organismo que no lo defiende”, expresó durante su exposición en la Cámara de Representantes.
En paralelo, afirmó que el proyecto prevé que los recursos liberados sean destinados a la reparación de redes de agua y cloacas, además de atender eventuales emergencias hídricas.
En ese marco, propuso la creación de una Defensoría del Usuario del Agua, con una “estructura mínima y técnica” dependiente de un ministerio, que tenga entre sus funciones recibir reclamos, intervenir y sancionar a empresas prestatarias que incumplan con el servicio.
Sometido a votación, el proyecto de ley del diputado radical obtuvo 38 votos afirmativos y fue girado a la comisión correspondiente para continuar con su tratamiento legislativo.
Problemática del agua
El proyecto impulsado por Koch se da luego de una serie de reclamos vecinales por presuntas irregularidades en la facturación del servicio de agua potable por parte de la empresa Servicios de Aguas de Misiones S. A. (SAMSA).
En marzo pasado, durante una reunión en el Concejo Deliberante de Posadas, la titular del EPRAC, Soledad Balán, reconoció que en algunos casos “hubo aire en las cañerías” y que eso derivó en un aumento del consumo registrado en las boletas, lo que motivó pedidos de refacturación para usuarios afectados.
En paralelo, el Concejo capitalino debatió un proyecto para obligar a la prestataria a instalar válvulas o bloqueadores de aire en los medidores domiciliarios, con el objetivo de evitar que los usuarios paguen por aire acumulado en las cañerías tras cortes del servicio. La iniciativa, presentada por el concejal Jair Dib, finalmente fue rechazada en el recinto a fines de abril, pese a que había obtenido dictamen favorable en comisión.
PROYECTO DE LEY ELIMINACION DEL EPRAC
El bloque de La Libertad Avanza (LLA) Misiones presentó un proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo 96 de la Carta Magna misionera, referente al período de sesiones de la Legislatura provincial.
El partido que encabeza el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero de la Cámara, hizo pública la iniciativa en sus redes sociales, mediante un video de la legisladora Samantha Stekler.
“Actualmente, la legislatura sesiona de mayo a octubre; seis meses de actividad ordinaria”, comenta Stekler en el spot, grabado en el frente a la sede legislativa de Villa Sarita.
“A nivel nacional, el Congreso trabaja de marzo a noviembre; y varias provincias adoptaron calendarios similares o más amplios, con mayor continuidad institucional”, agrega.
De hecho, solo Misiones, Santa Fe, Catamarca y Mendoza comienzan sus periodos legislativos el 1º de mayo de cada año. De las cuatro, la tierra colorada es la única que tiene un sistema unicameral; y junto a Santa Fe comparte el mismo calendario legislativo. En Mendoza, el período concluye el 30 de septiembre, y en Catamarca el 30 de noviembre.
“Esto no se trata solo de dictar leyes, el Poder Legislativo cumple funciones de control, seguimiento de políticas públicas y análisis del gasto público”, señala Stekler.
La legisladora argumenta que un periodo de sesiones “acotado” como el misionero, “limita” al Poder Legislativo “para pedir informes, supervisar la ejecución del presupuesto; y en materia de justicia, retrasa los acuerdos para que los nuevos jueces, fiscales y defensores, puedan asumir el cargo”.
“Por ello, desde el bloque de LLA presentamos un proyecto de enmienda constitucional para ampliar el período de sesiones legislativas desde el 1º de marzo al 30 de noviembre, en línea con el esquema nacional”, informa Stekler.
“El objetivo es fortalecer el funcionamiento institucional y mejorar las capacidades de control del Estado”, finaliza.
Mayoría calificada
La figura de la enmienda constitucional está reglamentada en el artículo 178 de la Carta Magna misionera, que establece como requisito el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y la aprobación popular en un referéndum.
El artículo 179, establece que para que “el referéndum se considere válido, se requiere que los votos emitidos hayan sobrepasado el 50% de los electores inscriptos en el Registro Cívico de la Provincia”.
La Constitución misionera también establece que las reformas o enmiendas “no podrán llevarse a cabo, sino con intervalo de dos años”.
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