El PRO cedió ante el planteo del oficialismo sobre la necesidad de dos tercios para el pedido de interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la sesión del Senado cayó por falta de quorum.

“Tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución”, protestó el formoseño José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), para quien no hay necesidad de mayoría calificada para sentar a Adorni en el banquillo de los acusados.

La frustrada sesión de este jueves había sido convocada por el oficialismo libertario para el tratamiento de pliegos de cancillería, de jueces y el proyecto sobre la propiedad privada, pero entre los temas se coló con mucha fuerza la interpelación del ministro coordinador de Javier Milei, investigado por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La semana pasada, el PRO, la UCR e incluso Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), habían acordado con el peronismo que la interpelación de Adorni podía aprobarse sobre tablas con la mayoría absoluta de 37 votos, pero hoy bregaron por los dos tercios y el pacto se rompió.

“Todos los jefes de bloque estuvieron en esa reunión de Labor (la del miércoles pasado): Eduardo Vischi, Goerling, ‘Camau’ Espínola. Si cambiaron de opinión, será que Adorni compartió el pendrive”, lanzó, enojado, Mayans.

Según estima la prensa acreditada en el Congreso, el oficialismo tiene 21 parlamentarios y conseguiría el respaldo de al menos cuatro radicales, uno del bloque Provincias Unidas, y de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hoy tampoco dieron quorum.

Ayer, en diálogo con Jorge Fontevecchia, el presidente del bloque del PRO, el misionero Martín Goerling, había salido a anunciar que pediría hoy el tratamiento sobre tablas de la interpelación de Adorni para el 2 de julio próximo.

“Es un jefe de Gabinete que le ha mentido a la Cámara de Diputados y a todo el país, que ha evadido impuestos y ha roto la confianza con toda la sociedad”, disparó Goerling en la entrevista.

A la vez, el misionero subió a sus redes sociales el facsímil del proyecto sobre Adorni. “Lo dijimos la semana pasada: queremos que el Jefe de Gabinete se presente en el @senadoargentina para avanzar con la interpelación”, escribió en el posteo.

Sin embargo, el bloque PRO de Goerling repitió en el Senado lo del martes en la Cámara de Diputados, y volvió a acordar con el gobierno con los mismos argumentos de tipo reglamentario.

Caída la sesión, el tema será tratado en comisiones, donde se descuenta que el oficialismo busque enfriarlo, por lo menos, por otra semana.

 

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A poco más de un mes de la reglamentación de la ordenanza que regula el transporte de residuos voluminosos en Posadas, una iniciativa presentada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) propone revertir la medida. La normativa, puesta en vigencia por el Ejecutivo el pasado 30 de abril, estableció el cobro de tasas a los prestadores del servicio en todo el ejido urbano, lo que generó reclamos por parte del sector de camiones volquetes.

La concejal Valeria Gómez de Oliveira, de La Libertad Avanza (LLA), impulsó un proyecto para modificar la Ordenanza XVI N.º 119, que regula la actividad de recolección, transporte y tratamiento de residuos especiales, específicamente en lo referido al uso de volquetes.

Al hacer uso de la palabra durante la sesión ordinaria de este jueves, la edil explicó: “En concreto, lo que proponemos es modificar el artículo 5, que otorga al Ejecutivo la facultad de crear tasas relacionadas con la ordenanza en cuestión”.

En esa línea, Gómez de Oliveira detalló ante sus pares que el proyecto de ordenanza propone que el “uso del sistema sea gratuito, eliminando las tasas vigentes, sin afectar los controles y las obligaciones existentes para quienes utilizan los volquetes”.

“Regular no es lo mismo que cobrar”, afirmó la concejal, quien recordó que, cuando la ordenanza fue aprobada en 2024 y se creó el sistema, el objetivo era “regular la actividad, controlar mejor los residuos y establecer reglas claras para quienes trabajan con volquetes”.

No obstante, la edil señaló que a la normativa “se le incorporaron tasas que hoy encarecen el servicio, especialmente para los pequeños prestadores, afectando su competitividad”. Asimismo, advirtió que recientemente “los trabajadores del sector denunciaron públicamente situaciones de maltrato y decisiones que agravan aún más su situación”.

Gómez de Oliveira sostuvo que, si la ordenanza volviera a tratarse, “probablemente volveríamos a acompañarla”, aunque consideró que fue “una mala decisión” otorgarle al intendente Leonardo “Lalo” Stelatto la facultad de determinar las tasas a aplicar.

Nuevas normas

A través del Decreto N.º 362/2026, la Municipalidad de Posadas reglamentó la ordenanza que regula el transporte de Residuos Sólidos Voluminosos y fijó nuevas exigencias para las empresas y trabajadores del sector.

Entre las principales disposiciones, se creó un Registro Municipal obligatorio para todas las personas físicas y jurídicas que presten el servicio dentro del ejido capitalino. La inscripción tendrá vigencia anual y requerirá habilitación comercial, constancia de CUIT, seguro de responsabilidad civil, listado de volquetes y documentación de los vehículos.

La normativa también establece que cada volquete deberá contar con una patente municipal única, visible en el lateral derecho y con características similares a las matrículas de los vehículos tradicionales.

Respecto de la ocupación del espacio público, los prestadores deberán gestionar una autorización previa ante la Secretaría de Movilidad Urbana y abonar una tasa equivalente a ocho Unidades Tributarias por las primeras 48 horas. A su vez, cada prórroga de 24 horas tendrá un costo adicional de cuatro Unidades Tributarias.

Asimismo, se incorporó el cobro por el tratamiento y la disposición final de residuos en centros habilitados por el municipio, con una tarifa de dos Unidades Tributarias por cada metro cúbico descargado.

La reglamentación generó un fuerte rechazo entre los transportistas, quienes cuestionaron el impacto económico de las nuevas tasas y advirtieron que la medida podría duplicar el valor final del servicio.

Según pudo saber La Voz de Misiones, desde hace aproximadamente dos años el sector ya abona, mediante el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), un canon por la ocupación del espacio público en el centro posadeño, del mismo modo que los vehículos particulares.

Con la entrada en vigencia de la reglamentación, ese cobro se extiende a toda la ciudad. Ese es, precisamente, uno de los principales puntos que motivan el reclamo de los transportistas.

“Lo que más molesta es que nos quieren mandar al frente que nosotros le digamos al vecino, sale 120, calladitos, pero no sale 120, ojala, pero hoy con un costo de 55; 60 mil pesos estamos moviendo entre 3 y 4 contenedores, imaginate si sale eso”, dijo Carlos Álvarez, referente del sector, en declaraciones al programa Show de los Impactos tras conocerse la nueva normativa.

También señaló: “No puede puede ser tener que pagar por cada movimiento que hacemos, porque para eso tienen que ser nuestro socio, colabora con el combustible, nosotros movemos el camión son 100 mil pesos diarios”.

En tanto, este medio intentó comunicarse con las áreas correspondientes de la Municipalidad para conocer mayores precisiones sobre la implementación de la medida, aunque hasta el momento no obtuvo respuestas concretas.

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La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, con 139 votos afirmativos y 97 negativos, el pago a dos “fondos buitres” que mantienen títulos de la deuda defaulteada en 2001 y acordaron una conciliación económica con el gobierno de Javier Milei.

El pago a Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, los holdauts que cuentan con sentencias firmes de tribunales extranjeros contra la Argentina, suma unos U$S171 millones: U$S 67 millones al primero y U$S 104 millones al segundo.

El acuerdo, que ya venía con media sanción del Senado y ahora se convirtió en ley, tuvo el respaldo de los siete diputados misioneros: Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Colo Vancsik, de Encuentro Misionero; Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.

El rechazo al proyecto se concentró en los votos del peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y algunas fuerzas provinciales, como Elijo Catamarca.

El recinto venía del rechazo a la propuesta de apartamiento del reglamento para tratar la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, del diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que exaltó los ánimos, por lo que la discusión del acuerdo con los buitres fue escenario de gritos y cruces entre legisladores del oficialismo y el bloque kirchnerista que encabeza Germán Martínez.

Uno de los legisladores que hablaron por el oficialismo fue el misionero Diego Hartfield, quien ensayó un respaldo al pago a los buitres, a los que calificó como “aliados”, con la misma batería de argumentos que suele desplegar en sus redes sociales cuando defiende la política económica del gobierno.

Empomados

“Esto es un juicio que ya perdimos”, sentenció Hartfield, en alusión a las demandas que los holdauts del acuerdo le ganaron al Estado argentino. “Estamos haciendo una quita, ya se aprobó en el Senado”, dijo el obereño y advirtió: “Si no aprobamos, ya la sentencia está dada”.

Hartfield sostuvo que los fondos buitres “existen y están”, y “tenemos que aprender a jugar con ellos”. “Durante décadas, Argentina ha estafado a todo tipo de acreedores”, cargó y disparó: “Durante décadas nos hemos empomado a todos los acreedores”.

El diputado de LLA Misiones negó que el país hubiera tenido alguna vez crisis derivadas de la toma de deuda con organismos internacionales.

“Argentina nunca tuvo un problema de endeudamiento, porque la deuda se mide por porcentaje del PBI”, explicó Hartfield y precisó que hoy, la deuda pública, alcanza el 60% del PBI. “Lo que tenemos es un problema de confianza y esa es la situación que tenemos que revertir”, afirmó.

“Es la primera vez que, por decisión política, el presidente decide ordenar las cuentas, pagando y cumpliendo todos los contratos”, señaló el legislador misionero.

Hartfield afirmó que cuando (Milei) asume, el Banco Central “tenía el nivel de deuda de cuatro veces la base monetaria del país, que generaba una inflación tremenda”.

“Si un comprador necesitaba comprar a un proveedor, recién a los 90 días se podía pagar. Ese era el nivel de desastre que heredamos y, aún teniendo consejos de algunos económicas de otra vez hacer reestructuración y una quita, por decisión política el Estado absorbió la deuda, se emitieron los bopreales para sanear el balance del BCRA, y así recuperar la confianza, estabilidad, para que haya inversiones”, argumentó.

“Argentina es un país con la más baja inversión extranjera directa”, comentó Hartfield y criticó que, en estos últimos 80 años, el país “ha crecido a tasas menores del 1% anual, cuando el resto del mundo crece al 3%”. “Por eso bajó nuestro PBI per capita”, afirmó.

“Los acreedores son aliados”, lanzó.

“Ya sabía que iban a decir que durante el Mundial íbamos a sacarr un decreto para endeudarnos en U$S5.000 millones”, comentó Hartfield, en referencia al Decreto 478/2026, que faculta al Ministerio de Economía a contraer préstamos internacionales para cubrir los vencimientos de julio con bonistas privados, estimados en unos U$S4.500.

El legislador negó que esto signifique una nueva toma de deuda del gobierno libertario. “No, es para pagar, todos los países del mundo lo hacen”, justificó y aseguró que desde que asumió en 2023, Milei “ha bajado la deuda consolidada U$S40.000 millones”.

“Apoyando este acuerdo y asumiendo el compromiso de que tenemos que empezar a entender que cuando un acreedor invierte en Argentina tenemos que respetar los contratos”, finalizó Hartfield.

Googlear

Los argumentos del corredor de bolsa obereño, fueron cuestionados por el kirchnerista Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria (UXP), quien lo cruzó, sin nombrarlo, y lo mandó a “Googlear”.

“Indudablemente, el tema de la deuda va a ser un tema en el futuro inmediato de esta Cámara de Diputados, por lo que vamos a tener que estudiar mucho”, cargó Martínez y lanzó: “Por eso, me sorprendieron muchas de las cosas que se dijeron, absolutamente alejadas de la realidad y con un desconocimiento muy fuerte”.

En este punto, el diputado de UxP acusó a sus colegas de LLA de desconocer, “no solo la historia económica de la Argentina, sino cosas muy básicas; y con el ánimo de polarizar, ni siquiera se toman el trabajo de estudiar”.

“Me llamó mucho la atención que alguien dijera: ‘los acreedores son aliados’”, disparó Martínez, en directa alusión a Hartfield. “Los fondos buitres no son aliados un carajo de la Argentina”, arremetió y sostuvo que el proyecto oficialista “es una relegitimación de los fondos buitres que va en contra de los intereses del Estado argentino”.

“Lo que dijeron acá, te lo agarra cualquier bufete de abogados de Nueva York y te lo transforma en nuevas acciones judiciales contra la Argentina”, dijo el diputado de UxP y advirtió: “Van a usar los textuales de ustedes para litigar en contra del Estado argentino”.

“¡Burradas, dijeron!”, gritó Martínez. “Burradas, que ni siquiera resisten un mínimo análisis de Inteligencia Artificial”, se burló y tiró: “¡Googleen por lo menos, si no quieren estudiar!”.

La transmisión de la sesión no lo mostró, pero, momentos después, Hartfield se dio por aludido y respondió desde su banca con frases que tampoco quedaron registradas con claridad en el audio de la sesión.

“Seguí laburando para los buitres”, le espetó Martínez. “Seguí laburando para los buitres”, repitió y le dijo a Hartfield: “Te va a ir bien en tu provincia, te va a ir fantástico”.

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