La conducción del PJ Misiones, a cargo de los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, nombrados por la titular del Consejo Nacional Cristina Fernández (CFK) en febrero y ratificados ayer por el Congreso Nacional del partido, presentó este viernes la campaña de afiliación que se extenderá hasta el 20 de septiembre próximo.

La jornada pejotista se desarrolló en la sede del Smata Misiones, el sindicato de mecánicos y afines, sobre la calle San Luis, que sirve de búnker de la intervención, hasta tanto las autoridades designadas por la conducción nacional puedan recuperar la sede partidaria de López y Planes, que tiene trámite judicial.

A las 17:00, se realizó el lanzamiento de la campaña de afiliación y una plenaria de agrupaciones partidarias, organizaciones sociales y sindicales; y referentes y dirigentes del peronismo misionero, con los interventores.

Entre los presentes, estuvieron el líder de Convergencia Justicialista, Gonzalo Costa de Arguibel; la ex diputada nacional y principal referente de La Cámpora Misiones, Cristina Brítez; el apoderado partidario Alberto Albornoz; candidatos del partido en el Frente Confluencia Popular por la Patria, como Eduardo Gabriel Sánchez, del Smata Misiones, entre otros.

Al finalizar la tarde, Arrieta y Rodríguez ofrecieron una conferencia de prensa en la misma sede sindical, donde relataron los pormenores de la jornada, poniendo en valor la campaña de afiliación, y el alcance de la amnistía que la acompaña; como también lo relacionado con la suerte de la sede partidaria que, según sostienen, permanece ocupada por una familia con seis hijos, que aseguran fueron “intrusados” por la conducción desplazada, de Myriam Comparín y el diputado nacional Alberto Arrúa.

Pelito

“Esta es la tercera visita de acompañamiento y normalización al PJ Misiones”, situó Arrieta la jornada partidaria de hoy en el Smata.

Comentó que en el cónclave del mes pasado en el club del gremio de mecánicos de la avenida Cabo de Hornos, se analizó y resolvió la campaña de afiliación lanzada hoy, y también la “necesidad de poder realizar una amnistía”.

Arrieta hizo un diagnóstico del estado de situación del partido en cuanto a cantidad de afiliados, y afirmó que el padrón actual del PJ Misiones “no se corresponde la identidad peronista de la provincia, que se materializó en la historia con varios gobernadores peronistas”.

“Pasamos de tener 135.000 afiliados a tener hoy un padrón que no llega a los 54.000”, ilustró.  “No ha habido decisión ni voluntad de llevar adelante una política de inclusión y salir a afiliar”, acusó.

“Este proceso busca generar una apertura de los padrones y la posibilidad de que los misioneros y misioneras se vuelvan a afiliar al justicialismo”, dijo Arrieta.

Aclaró que “no se trata solo de números”, sino que “implica la discusión política, la búsqueda del debate interno; que todos los sectores se expresen dentro del partido, y que un peronismo de Misiones pueda definir en qué proyecto de país y de provincia quiere vivir”.

Explicó, en tal sentido, que el criterio de la amnistía es tan amplio que incluye a dirigentes como Ricardo Pelito Escobar, que fueron expulsados e hicieron carrera política como funcionarios de la Renovación, y se manifiestan hoy contrarios a la intervención del partido.

“Tienen la posibilidad de afiliarse todos aquellos que se perciben peronistas, que defienden la doctrina y las ideas del peronismo; que creen en la salud pública y la universidad pública; que defienden el presupuesto educativo, que creen que también que discutir una nueva estatalidad y realidad laboral, no implica la perdida de derechos”, argumentó Arrieta.

“Está abierto para todos, no hay que estar de acuerdo con los interventores para afiliarse”, afirmó.

“No queremos nadie quede excluido”, sintetizó, a su vez, Rodríguez, y aseguró: “Las afiliaciones son sin beneficio de inventario, como la antigüedad; estamos empezando de cero”.

Casa tomada

Sobre la recuperación de la sede partidaria de la avenida López y Planes, Arrieta y Rodríguez, reiteraron que el tema continúa en la esfera judicial, donde la antigua conducción encarnada en Comparín y Arrúa enfrentan una denuncia penal por el desacato de la orden del Juzgado Federal para la entrega del edificio.

“Todo está en la Justicia”, señaló Rodríguez. “Cuando teníamos la orden aparecieron 12 uniformados y no dejaron ingresar a los apoderados, todo esto con orden judicial”, comentó sobre lo ocurrido en marzo pasado en la puerta del partido.

“Tuvimos que acudir al juez federal de turno, que era el de Eldorado, y emitió la orden que tampoco fue cumplida”, historió. “Y, oh casualidad, se retira la custodia y aparece una familia con seis menores que hoy ocupa la sede”, señaló.

Rodríguez afirmó que en ocasión del mitin renovador de hace dos domingos frente a la sede partidaria, el sector de Comparín y Arrúa “usufructuó el edificio, la puerta se abrió, se utilizaron los baños, se colgó propaganda de los balcones”.

“Esto quiere decir que siguen en poder de los accesos”, razonó Rodríguez.

“Nosotros queremos que la justicia restituya el edificio a los peronistas, para abrir la puerta y que entren todos, inclusive aquellos que no están de acuerdo con nosotros”, lanzó.

Máximo Rodríguez (izquierda) y Gustavo Arrieta (derecha).

Arrieta, por su parte, opinó que lo que sucede en torno a la sede partidaria constituye una “subestimación a los peronistas misioneros”.

“Nos preocupa que se haya tomado el camino de la dilación y de las maniobras judiciales para no entregar la sede histórica del partido”, afirmó.

“Parecía el Pentágono, resguardado por todo un esquema de seguridad, y de repente se mete una familia con seis chicos”, planteó.

“Esto es un gesto de autoritarismo e implica el desconocimiento del funcionamiento institucional de los partidos políticos”, analizó.

“Nos preocupa la sede, pero más nos preocupan los votos a la Ley Bases de diputados que accedieron por la boleta de Sergio Massa y (Agustín) Rosi; nos preocupa la votación del paquete fiscal, que es un grave perjuicio para todo el país federal; nos preocupa el vergonzoso voto de los diputados misioneros apoyando el nuevo endeudamiento con el FMI”, señaló.

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El partido La Libertad Avanza (LLA) en Misiones, a través de sus representantes legales, trabó un recurso de apelación y solicitó revocar la medida que impide votar en las elecciones del 8 de junio al personal de las fuerzas de seguridad, resolución recientemente adoptada por el Tribunal Electoral de la provincia.

En su presentación, los jurídicos del partido calificaron la disposición como “inconstitucional, discriminatorio e incongruentes con antecedente jurisprudencial”.

Como argumento, sostuvieron que el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, el cual que permite excluir del proceso electoral a los agentes uniformados de diversas instituciones, no se aplicó en los últimos 20 años y en esa línea anteponen un fallo firmado en el 2006 por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) donde se declaró la inconstitucionalidad de la medida.

También arguyeron que la resolución dictada por el Tribunal Electoral choca, además, con artículos de la Constitución Nacional que aseguran la universalidad del voto.

“El derecho federal de rango constitucional no autorizaría restricciones a la universalidad del voto, deviniendo en consecuencia toda normar contraria en inconstitucional”, apuntan.

Ante ello, solicitaron que se revoque la aplicación del inciso 10 del artículo 48 de la carta magna provincial y que, en consecuencia, se reincorpore al padrón electoral al 100% de la nómina de agentes alcanzados por la resolución. 

LLA Recurso de Revocatoria y Extaordinario- Limitación derecho a voto

Tribunal Electoral de Misiones impide votar a policía y fuerzas de seguridad

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El Tribunal Electoral de la provincia de Misiones decidió mediante una resolución firmada el 19 de mayo dar cumplimiento al artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial y excluir del padrón electoral a todo el personal activo de las diferentes fuerzas de seguridad, quienes de esta manera se verán impedidos de sufragar en las elecciones legislativas del próximo 8 junio.

La medida fue dispuesta por los magistrados Cristian Benítez, Gregorio Busse y Andrés Poujade, quienes para estos comicios consideraron aplicar el artículo 48, inciso 10 de la carta magna provincial que establece: “Que no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”.

Para disponer este dictamen, el Tribunal Electoral libró oficios a las diferentes fuerzas tanto federales, como de seguridad nacional y provincial, para que informen la nómina el personal que estaría comprendido en la mencionada disposición constitucional y una vez recibió emitió la resolución que excluye a todos los agentes comprendidos en los listados enviados por cada institución.

La medida alcanza, entonces, al personal de la Policía de Misiones; del Servicio Penitenciario Provincial (SPP); de la Prefectura Naval Argentina (PNA); de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA); de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); de la Policía Federal Argentina (PFA); y del Ejército Argentino.

Si bien esta disposición reviste carácter constitucional, según indicaron las fuentes, su aplicación era refrendada o anulada por el Tribunal Electoral, que en las últimas tres elecciones decidió permitir el voto de los uniformados.

La resolución consigna que todas las fuerzas y partidos serán notificados de la disposición, al tiempo que en el Boletín Oficial se deberá publicar el listado de agentes inhabilitados de participar en las elecciones del 8 de junio.

21.05.25 Tribunal anula votación de fuerzas

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