Este jueves en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, la concejal Valeria Gómez de Oliveira de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de ordenanza para crear el Ente Municipal de Control y Seguimiento de Servicios Públicos, una estructura que tendría como objetivo recibir reclamos de los usuarios, sistematizar información y exigir respuestas a las empresas prestatarias.

Durante su intervención en la sesión ordinaria, la edil sostuvo que los problemas vinculados con el agua, la energía eléctrica y el transporte afectan desde hace años a los vecinos de la ciudad y cuestionó que el municipio se limite a señalar que se trata de competencias provinciales.

Gómez de Oliveira fundamentó su propuesta en el artículo 88 de la Carta Orgánica de Posadas, que establece que “los servicios que tienden a satisfacer necesidades primordiales de orden local deben considerarse de competencia municipal y de carácter esencial”.

En ese sentido, planteó que el municipio debería contar con una herramienta propia para intervenir ante reclamos por cortes, aumentos de tarifas o presuntas irregularidades en las facturas.

“Pretendemos con este proyecto constituir un sistema objetivo de constatación que cuando un barrio sufra cortes o elevación injustificada de tarifas exista un organismo municipal que reciba esa denuncia, que audite, que elabore mapas de calor y exija respuestas al prestador”, señaló.

La iniciativa propone que el organismo funcione con recursos municipales existentes y una mesa de seguimiento ad honorem integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, concejales del oficialismo y la oposición y la Defensoría del Pueblo.

La concejal también cuestionó el funcionamiento del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), al señalar que se financia mediante un porcentaje de las facturas y plantear si ese esquema garantiza una defensa efectiva de los usuarios. Asimismo, recordó que en 1995 se sancionó una ley para crear un ente regulador de la energía provincial, pero afirmó que nunca llegó a ponerse en funcionamiento.

Además, Gómez de Oliveira repasó los distintos pedidos que realizó ante los reclamos de vecinos y, mientras exhibía un bloque de hojas con las gestiones, remarcó que la mayoría recibió respuesta.

Luego, tomó una de las notas y leyó ante el recinto la respuesta que recibió del Eprac, como muestra de las gestiones realizadas desde su banca. “Si yo, como una simple concejal con la escasa estructura que tengo, puedo obtener una respuesta así, cuánto más puede hacer el Ejecutivo municipal”, lanzó.

Reclamos vecinales

Como antecedente reciente, Gómez de Oliveira mencionó los reclamos de vecinos de Itaembé Guazú por facturas de servicios que consideraron excesivas. El conflicto por el agua ya había derivado en presentaciones administrativas y judiciales: en abril, la Justicia ordenó a Samsa suspender los cortes y habilitar el pago mínimo para un grupo de usuarios del barrio, mientras se analizaban presuntas irregularidades en las mediciones y la facturación.

La problemática volvió a instalarse durante los últimos meses con reclamos de vecinos de distintos sectores de Posadas por incrementos en las boletas de agua. En marzo, usuarios de Itaembé Guazú denunciaron facturas que, según los casos expuestos, llegaban a $140.000 y hasta $1.000.000.

En paralelo, en los últimos días también surgieron reclamos por las facturas de energía eléctrica. Vecinos de Itaembé Guazú, particularmente de la zona del ex Hipódromo, comenzaron a organizarse por boletas que, según denunciaron, registraron aumentos de entre 100% y 200% respecto del período anterior. Los usuarios plantearon dudas sobre los consumos registrados, los períodos facturados y las fechas de medición, y llevaron el reclamo ante la Defensoría del Pueblo.

Sistema para reclamos colectivos

Gómez de Oliveira sostuvo que su propuesta busca evitar que los usuarios deban afrontar individualmente sus reclamos ante las empresas. Explicó que el ente tendría facultades para iniciar actuaciones colectivas cuando una falla se presente de manera sistemática y generar información sobre los problemas registrados en los distintos barrios.

“Ya no va a haber un vecino solo contra la empresa prestataria o buscando un concejal que lo quiera ayudar, será el municipio de Posadas sistematizando la prueba, acompañando al usuario y exigiendo formalmente intervención de las autoridades regulatorias provinciales”, afirmó.

Finalmente, la concejal pidió que el proyecto sea debatido por en la comisión correspondiente y planteó que el eventual ente municipal constituya “una herramienta más de control a los servicios públicos”.

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Una comitiva de dirigentes del denominado peronismo federal se reunió este miércoles con el gobernador Hugo Passalacqua, en un encuentro que, además de expresar el respaldo político al mandatario, sugiere el esbozo de una agenda común de cara a las elecciones del año próximo.

La comitiva estuvo conformada por los diputados nacionales Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, presidente del PJ de Mendoza; el intendente de la localidad bonaerense de Pilar, Federico Achával, y el presidente del PJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Manuel Olmos.

“Es una reunión para abrir un diálogo político, para coordinar agendas de intereses de la provincia y de los intereses que representa el gobernador”, señaló Tolosa Paz a los periodistas que la abordaron a la salida del grupo del encuentro con Passalacqua.

La diputada nacional comentó que la visita a la tierra colorada se enmarca en la gira nacional que están llevando adelante con el peronismo federal, para conocer la realidad del país y construir una alternativa electoral que enfrente a La Libertad Avanza en 2027.

“Venimos a charlar, a escuchar la realidad del peronismo de Misiones y la realidad del peronismo de otras provincias”, sostuvo Tolosa Paz.

En la misma línea se expresó Félix, quien además remarcó que “la agenda de las economías provinciales tiene que tomar relevancia en la discusión del país”.

Además del encuentro con el gobernador, con quien se interiorizaron de la realidad provincial y le expresaron la voluntad de una hoja de ruta común en defensa del trabajo, la producción y las economías regionales, los dirigentes peronistas se reunieron con el presidente del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Christian Humada, para conocer de primera mano la reorganización institucional del justicialismo misionero y abrir un canal de diálogo con las nuevas autoridades partidarias.

Tolosa Paz y Emir Félix charlan con el presidente del PJ Misiones, Christian Humada, en el estacionamiento de la sede partidaria en Posadas. (Foto de Darío Guimaraes / X)

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La Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas, recepcionó este miércoles una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el diputado provincial y líder de Encuentro Misionero, Carlos Eduardo Rovira, donde pide, entre otras medidas, la prohibición de salida del país.

Se trata de la denuncia Nº 283/2026, impulsada por el dirigente radical de Eldorado, Gustavo González, radicada ante la fiscal Amalia Spinato, con competencia de la jueza de Instrucción Carla Freitag.

En el escrito, González acusa a Rovira de la “presunta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionario Público en concurso real”, en virtud de lo establecido en el artículo 268, inciso 2º, del Código Penal de la Nación, con la presunción de otras figuras penales, como “negociaciones incompatibles con ejercicio de funciones púbicas”, “omisión maliciosa de declaraciones juradas” e “infracción a las leyes de dominio público e hidráulico”.

En su denuncia, Gonzalez extiende la acusación “a toda otra persona que resultare autor, coautor, testaferro, cómplice o encubridor” de los delitos que le imputa a Rovira, y pide que “a los fines de garantizar la investigación, se disponga la prohibición de salida del país y el oportuno desafuero” del legislador y fundador del Frente Renovador de la Concordia.

En el punto 2, el escrito de González repasa la trayectoria política de Rovira y destaca que dado que el ex gobernador “no registra haber ejercido formalmente actividades comerciales, empresariales, industriales o profesionales independientes con capacidad de generación de ingresos” en más de 25 años, se desprende que “la totalidad de su subsistencia legal y de su núcleo familiar, deviene directo de las remuneraciones y dietas fijadas por la ley para el ejercicio de la función pública”.

Mansión y estancias

Seguidamente, la denuncia se enfoca en la “desproporción patrimonial” que exhibe Rovira y que se contrapone con lo señalado en el punto 2, como “el inmueble y mansión”, que el diputado provincial posee en la zona residencial ribereña conocida como Puerto Laurel; las “estancias y activos inmobiliarios”; el “entramado empresarial”, que involucra a sus hijos; y su “vinculación con contratistas del Estado”.

En cuanto a la residencia de Rovira en la costa del río Paraná, la denuncia resalta que el inmueble ocupa “14.000 metros cuadrados” y “ostenta un valor millonario y cuenta con infraestructura de alto costo económico”, que contraría los ingresos del legislador en todos sus años en la función pública.

En cuanto a las “estancias y activos inmobiliarios adicionales”, González menciona una finca de “gran extensión territorial”, ubicada sobre la ruta 105, entre Garupá y Fachinal, de “valor millonario”, sobre la que pesan “severas sospechas de titularidad real o mediante sociedades satélites”.

Asimismo, habla de otros “lotes y campos en el interior de Misiones”, de “alta valuación fiscal”, inscriptos a “nombre de familiares, allegados y firmas vinculadas”.

El ex diputado y dirigente radical, Gustavo González, esta mañana frente a la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, de Posadas.

Miami y París

En los párrafos siguientes, el escrito apunta a los “altos consumos en el extranjero” de los hijos de Rovira, que “registran residencia permanente en el exterior (Miami, EE.UU.; y París, Francia), exhibiendo niveles de vida, titularidad de bienes y erogaciones en divisas extranjeras”, que “no guardan correlación alguna con la capacidad de ingresos derivada del sueldo público percibido por su padre en Misiones”.

La presentación pide que se investiguen también los vínculos de Rovira con contratistas del Estado provincial, en particular la participación “de su entorno en empresas beneficiarias de contratos de obra pública (históricamente vinculadas a la firma Constructora Spotorno) y emprendimientos promovidos o financiados con recursos del tesoro provincial (firmas como Agro Sustentable S.A. y otras vinculadas a su círculo directo)”.

Riesgo de fuga

En el punto 4, relacionado con los fueros parlamentarios de Rovira, González opina que “la inmunidad de proceso”, establecida en los artículos 88 y 89 de la Constitución Provincial, “no impide el inicio, la prosecución, ni la producción de la totalidad de las medidas de prueba de carácter patrimonial, registral, bancario y fiscal requeridas en esta denuncia”.

En el escrito, el denunciante solicita el “ordenamiento inmediato de las medidas de prueba tendientes a consolidar el cuadro probatorio y, oportunamente, requerir la declaración indagatoria” del acusado; y “si se considera pertinente, se libre oficio a la Honorable Cámara de Representantes de Misiones, solicitando el desafuero del legislador conforme los dispuesto en la Carta Magna Provincial”.

En el punto siguiente, la denuncia alerta sobre el “peligro de fuga” y de “entorpecimiento” de la investigación, que representa el “carácter transfronterizo de la provincia”, la “desproporcionada capacidad económica del denunciado y la existencia comprobada” de propiedades e inversiones de sus hijos en Europa y Estados Unidos.

“Existe un riesgo de fuga cierto y de entorpecimiento de la investigación”, alerta González y pide a la fiscal Spinato que requiera, “con carácter de urgente”, la “prohibición de salida del país” de Rovira, la “retención de sus documentos de viaje” y la “inhibición general” de sus bienes.

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