En el marco del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos”, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó el Decreto N° 776 que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en el ámbito de la función pública provincial.

La medida fue comunicada por el mandatario a través de sus redes sociales, donde señaló: “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.

La medida, establecida por decreto, alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, autoridades superiores y personal superior de la administración central, e incluye además a integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado provincial y sociedades con participación estatal mayoritaria.

Asimismo, se extiende a las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y agentes del sistema de salud pública. En todos los casos, se dispone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos destinados a detectar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales.

Quienes se encuentren en ejercicio de sus cargos deberán someterse al examen “de manera anual y aleatoria para asegurar la coherencia en el tiempo y la transparencia en el ejercicio de la función pública”, informó el mandatario provincial. 

Según el artículo 4 del Decreto N° 776, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que tendrá a su cargo la elaboración del procedimiento y de la normativa complementaria, pudiendo hacerlo en conjunto con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones cuando la temática así lo requiera.

Además, el decreto establece que, ante la detección de sustancias psicotrópicas ilegales, deberán activarse los mecanismos previstos en la Constitución provincial y la legislación vigente. También dispone que se garanticen instrumentos de abordaje integral, contención y asistencia interdisciplinaria para las personas alcanzadas por la medida.

La normativa fija además principios rectores para la implementación de los exámenes, entre ellos la confidencialidad, la privacidad, la no discriminación, la protección de datos personales, el derecho de defensa y la preservación del interés público.

“Gobernamos para dar el ejemplo cada día, ejerciendo con medidas concretas la integridad y la responsabilidad”, sostuvo Passalacqua finalmente.

En el marco del “Año de la prevención de consumos problemáticos”, he firmado el Decreto N° 776 para implementar la obligatoriedad de exámenes toxicológicos en la función pública. Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la… pic.twitter.com/llgamvP7Zc

— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) May 8, 2026

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El Partido Justicialista distrito Misiones confirmó el acompañamiento a la cuarta marcha federal universitaria que se realizará el próximo martes 12 de mayo a las 14, desde el Mástil de avenidas Uruguay casi Mitre hacia la plaza 9 de Julio de Posadas. 

“Acompañamos la marcha federal universitaria en defensa de la universidad pública y del financiamiento educativo”, expresó el partido político mediante un flyer difundido a través de distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería. 

Al mismo tiempo, citaron una frase de Juan Domingo Perón: “La conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros”. 

“Defender la universidad pública es defender el futuro de nuestra Patria. Es garantizar igualdad de oportunidades, es apostar al conocimiento como motor de desarrollo y justicia social. Como pueblo y como peronistas, tenemos la obligación histórica de estar del lado de quienes estudian, enseñan, investigan y trabajan por una Argentina más libre, más justa y más soberana”, concluyeron.

La movilización fue convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Docente.

Uno de los principales reclamos es que las transferencias cayeron un 45,6% desde 2023 y que la pérdida salarial de los docentes alcanza el 50%. Por este motivo, reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso Nacional y reiterada por la Justicia. 

La Unam se suma a la cuarta marcha federal universitaria el 12 de mayo

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El intendente de Garupá, Luis “Lucho” Ripoll, vetó parcialmente la Ordenanza XVI N° 10, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para regular la prestación del servicio de agua potable, y dejó sin efecto algunos artículos centrales de la normativa, entre ellos la obligación de la empresa Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) de instalar dispositivos de purga o bloqueo de aire en las cañerías de todas las conexiones actuales y futuras.

Mediante el Decreto N° 07, publicado este viernes en el Boletín Oficial de Misiones, el Ejecutivo municipal resolvió vetar parcialmente varios puntos de la ordenanza al considerar que avanzaban sobre competencias provinciales vinculadas a la regulación del servicio de agua y al funcionamiento del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC).

Entre los artículos vetados se encuentra el 4°, que establecía una “presunción” de presencia de aire en las conexiones ante “variaciones anormales de consumo” e “inconsistencias técnicas”, y exigía a SAMSA “garantizar la exactitud en la medición del consumo”.

El intendente Ripoll consideró que la disposición del artículo 4 modificaba principios vinculados al “equilibrio contractual” y al “debido proceso”, excediendo las facultades regulatorias del municipio.

También fueron vetados los artículos 5° y 6°, que obligaban a la empresa a instalar dispositivos de purga o bloqueo de aire en todas las conexiones actuales y futuras, con costos exclusivamente a cargo de la prestataria del servicio.

Según el decreto, esos aspectos configuran “una injerencia directa en aspectos técnicos, operativos y económicos propios del marco concesional, cuya regulación corresponde a la autoridad provincial”.

Otro de los puntos eliminados fue el artículo 10°, que prohibía interrumpir el servicio mientras existiera un reclamo en trámite. El municipio argumentó que la medida podía generar “situaciones de abuso o afectar la sustentabilidad del servicio”.

Además, el Ejecutivo anuló los artículos 12°, 13° y 14°, que obligaban a SAMSA a habilitar una oficina de atención al público dentro de Garupá en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Para el municipio local esa exigencia “implica una imposición sobre la organización interna de la empresa concesionaria que excede las atribuciones municipales”.

Asimismo, el veto parcial también alcanzó al régimen sancionatorio previsto entre los artículos 19° y 29° de la ordenanza, que contemplaba multas de entre 100 y 60.000 Unidades Tributarias por cortes prolongados, deficiencias en la medición, falta de información al usuario y otros incumplimientos.

La intendencia a cargo de Ripoll consideró que esas sanciones podían superponerse con “los previstos por la normativa provincial vigente, generando inseguridad jurídica y posible doble sanción por los mismos hechos”.

La Ordenanza XVI N° 10 había sido sancionada el 28 de abril con el objetivo de fijar pautas de mejora, control y regulación del servicio de agua potable dentro del ejido municipal.

Pese a los vetos, la ordenanza quedó parcialmente promulgada con su publicación en el Boletín Oficial. Permanecen vigentes los artículos vinculados a la continuidad y calidad del servicio, la obligación de informar cortes, la implementación de planes de contingencia, los canales de atención al usuario, la presentación de planes de inversión y la coordinación con el EPRAC.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo municipal sostuvo que el municipio puede intervenir en defensa de los usuarios y en aspectos administrativos del servicio, pero remarcó que debe hacerlo “en armonía” con el sistema regulatorio provincial y respetando la distribución de competencias vigente.

Proponen disolver el EPRAC y crear una Defensoría del Agua

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