El concejal y vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Rico, Jonatan Vega, presentó recientemente un “protocolo de convivencia” a fin de morigerar distintos tipos de festejos que se realicen próximamente en la vía pública. 

La iniciativa se inspiró en los últimos festejos públicos realizados en el marco del mundial de fútbol y que derivaron en un estricto protocolo de seguridad impulsado por el municipio y ejecutado por efectivos de la Unidad Regional IV el pasado viernes 3 de julio tras el partido disputado entre Argentina y Cabo Verde.

La medida intentó dar respuesta a una serie de incidentes, ruidos molestos, maniobras peligrosas y descontrol registrados durante festejos anteriores, por lo que el pasado viernes el operativo consistió en la aplicación de “controles estrictos” dentro del centro y en los barrios, incluyendo alcoholemia, retención de vehículos con escapes libres, bocinas no reglamentarias, luces en infracción o música en alto volumen, además de la prohibición de consumo de alcohol en la vía pública, con aplicación de multas.

Al mismo tiempo, las autoridades fijaron un límite máximo de dos horas para cualquier celebración en espacios públicos una vez finalizado el partido y, cumplido ese plazo, la Policía y los inspectores estaban autorizados para avanzar en la desconcentración de personas que permaneciesen en la calle.

A menos de una semana de esa primera medida de fuerza y ante posibles disturbios futuros en la vía pública, el concejal Vega anticipó el proyecto legislativo con un posteo en sus redes sociales: “Que la pasión nos una, no que nos divida. Si el Mundial nos regala una alegría, Puerto Rico va a salir a festejar, como siempre. Y ESO ESTA BIEN!!!”, comenzó relatando en el posteo.

Sin embargo, también consideró: “Sabemos que hay vecinos que necesitan descansar, pacientes internados, familias que viven cerca de las clínicas y servicios de emergencia que deben poder circular sin inconvenientes”.

De esta manera, anticipó la presentación de un protocolo de convivencia “para cuidar el derecho de todos: el de celebrar y el de vivir en una ciudad ordenada y respetuosa”, iniciativa que llevará su firma como también las de presidenta del HCD local Paola Fantin, la concejal Carmen Mabel Dieminger y el concejal Sergio Hippler.

Si bien en redes sociales varias personas opinaron a favor de la iniciativa, vecinos repudiaron el arribo de efectivos policiales tras el triunfo de Argentina frente a Cabo Verde, al observar que los efectivos portaron y exhibieron escopetas de repetición en pleno centro de la ciudad en un contexto de aglomeración festiva, lo que provocó indignación, gritos y malestar. 

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Catorce diputados provinciales que integran el arco opositor en la Legislatura misionera se unieron para solicitar al gobernador Hugo Passalacqua el retiro del pliego de Héctor Daniel Simón como candidato propuesto para ocupar el cargo de Fiscal del Tribunal Penal Uno de Posadas.

El pedido fue encabezado por el diputado provincial, vicepresidente primero de la Cámara de Representantes y presidente de La Libertad Avanza (LLA), Adrián Nuñez, que en la sesión del jueves pasado presentó un proyecto de declaración en rechazo a la postulación de Simón para el cargo que dejó vacante Martín Alejandro Rau al ser designado como juez del Tribunal Penal Dos de Posadas.

A esa postura se sumaron ahora otros trece diputados provinciales que acompañaron con su firma una nota dirigida al gobernador Passalacqua para que se proceda al retiro del pliego de Simón.

Según exponen en el escrito, el pedido de “se fundamenta en la falta de condiciones morales, aptitudes técnicas, conocimientos y competencias que requiere el cargo para el cual fue propuesto”.

Los diputados alegan que Simón “ha sido denunciado administrativamente ante el Superior Tribunal de Justicia por acciones contrarias a las leyes vigentes” y ha incurrido “en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, acciones entre las que mencionan el presunto uso de efectivos policiales para tareas particulares e influencias judiciales para obtener beneficios en una demanda por juicio laboral en su contra.

El caso Peyer-Caraguatay

Y lo sustancial se presenta en la segunda página de la nota, donde lo judicial se entremezcla con la política. Y es que Simón, ejerciendo su cargo actual como Fiscal de Instrucción Uno de Puerto Rico, intervino en la causa que investigó al intendente de Caraguatay Mario Dario Peyer por un presunto hecho de abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante local.

En ese marco, Simón dio trámite a la denuncia y el juez Manuel Balanda Gómez inició una causa judicial que en el medio tuvo un pedido de licencia de Peyer como intendente, cargo que de manera interina fue ocupado por la concejal Norma Gularte, ex renovadora que en diciembre del año pasado se pasó a LLA.

En ese expediente, un mes después de la denuncia y tras analizar las pruebas reunidas, Simón solicitó el sobreseimiento total y definitivo de Peyer, tras lo cual se abrió una “causa satélite” por “falsa denuncia”.

En la nota presentada al gobernador, los legisladores plantearon que fue el propio fiscal quien “denunció penalmente a la mujer por falsa denuncia incluso antes de ser desestimada la denuncia de la víctima agredida” y también lo responsabilizaron por una denuncia por “asociación ilícita a integrantes de un mismo sector partidario”, haciendo referencia a LLA.

Incluso, en otro punto del escrito consignan que Simón “solicitó el allanamiento del domicilio de diputados provinciales”.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en tanto, confirmaron que efectivamente existe una contra causa que se inició tras la presentación inicial contra Peyer, pero ese expediente encontró su origen en una denuncia de terceros y no se trata de una actuación de oficio por parte de Simón.

Las mismas fuentes indicaron que ante esa acusación por “falsa denuncia” el fiscal Simón dio trámite a la presentación, como también lo hizo con la denuncia inicial, tras lo cual todas las disposiciones quedaron en manos del juez de instrucción interviniente.

Este medio también pudo saber que existe otra causa iniciada por otra denuncia de terceros que busca determinar si detrás de esa acusación contra Peyer existieron más involucrados con intenciones extrajudiciales.

Norma Gularte llegó a concejal de Caraguatay por la Renovación y en diciembre se pasó a LLA.

Pliego

Héctor Simón tiene 45 años y cuenta con trayectoria en el poder judicial: en 2014 comenzó como juez de faltas en Puerto Rico y desde 2021 se desempeña como fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores Uno en la misma ciudad.

Este año concursó para ser fiscal del Tribunal Penal Uno de Posadas, donde ya intervino en varios debates oral como fiscal subrogante, y quedó ternado junto al juez penal de Apóstoles Miguel Ángel Faría y la letrada Luciana Sommer Aromí, siendo finalmente elegido por el gobernador.

La nota que ahora se opone a su designación lleva la firma de los legisladores Adrián Nuñez, Samantha Steckler, Osvaldo Manzoni y Walter Fabio Báez de LLA; Cristian Castro, Héctor “Cacho” Bárbaro y Elvani Goring del Pays; Analía Labandozka del PRO; Santiago Koch, Rosi Kurtz y Francisco Fonseca de la UCR; Martín Arjol del Partido Libertario (PL); Ramón Amarilla y Miguel Núñez de Algo Nuevo.

Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia

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A mediados de junio, desde el bloque del Partido Agrario y Social (Pays), presentaron un proyecto para que las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de funcionarios públicos sean de acceso libre para toda la ciudadanía. 

En las últimas horas uno de los ligisladores provinciales de ese partido, Cristian Castro, hizo pública su propia declaración jurada y cuestionó que la legislación actual mantiene en reserva la información patrimonial de quienes se desempeñan dentro de la administración pública.

“La confianza en la política se recupera con hechos. No con discursos”, dijo al dejar a disposición su información patrimonial -mediante un documento manuscrito- para que cualquier periodista, vecino o ciudadano pueda conocer cuáles son sus ingresos y bienes.

“Por eso decidí hacer pública mi Declaración Jurada Patrimonial, aunque la ley vigente la mantiene reservada”, advirtió y recordó que, durante el debate del proyecto, algunos diputados expresaron preocupación por los riesgos de seguridad que podría implicar la publicación de las declaraciones juradas.

Sin embargo, consideró que la principal preocupación de la ciudadanía pasa por la situación económica y la necesidad de contar con mayor transparencia y control dentro de la administración de los recursos públicos provinciales. 

“La mayor inseguridad que vive hoy la gente es otra. Es no saber si el sueldo alcanza para llegar a fin de mes. Es ver cómo el esfuerzo de toda una vida pierde valor mientras crecen las dudas sobre el uso de los recursos públicos”, apuntó. 

Para cerrar, invitó a los demás funcionarios y representantes políticos a dar el ejemplo desde la práctica para fortalecer la confianza y garantizar el acceso a la información pública: “Quien administra dinero del Estado debe aceptar el mayor nivel de control posible. La función pública exige transparencia y rendición de cuentas”.

Actualmente las declaraciones juradas sólo se actualizan cada dos años y su contenido permanece bajo reserva, salvo requerimiento judicial o autorización expresa del funcionario involucrado.

Cacho Bárbaro propone transparentar declaraciones juradas en Misiones

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