Con 37 presentes y 35 ausentes, el oficialismo logró habilitar la sesión para debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Desde el inicio de la sesión, se pudo observar la presencia en el recinto de los misioneros Martín Goerling (PRO), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Encuentro Misionero).

Uno de los puntos centrales del proyecto en cuestión es la eliminación de los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

De esta manera, se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.

En la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.

Desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeuden el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después. 

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darle intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

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La Red de Mujeres, integrada por dirigentes del Movimiento por lo que Viene, dio a conocer este martes un pronunciamiento titulado “Ante el Senado de la Nación en defensa del patrimonio territorial de Misiones”, de cara a la sesión del Senado prevista para el jueves, en la que se debatirá el proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

En el documento, el espacio passalacquista capitaneado por Viviana Rovira, solicita públicamente a los tres senadores nacionales por Misiones que voten en contra de la iniciativa, al considerar que pone en riesgo el patrimonio territorial de la provincia.

“Ese proyecto no es una ley de propiedad. Es una ley de entrega”, sostiene el comunicado.

Según argumentan, la iniciativa elimina las restricciones establecidas por la Ley 26.737 sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellas el límite del 15% de la superficie rural en manos extranjeras, los topes por nacionalidad y la protección de inmuebles con cuerpos de agua.

Además, cuestionan la incorporación del denominado “silencio administrativo positivo”, mecanismo por el cual, si el Estado no se expide en un plazo de 180 días, la autorización para la venta de tierras quedaría aprobada automáticamente, incluso en zonas de seguridad de frontera y en operaciones vinculadas a empresas con participación estatal extranjera.

“La soberanía territorial no puede depender de un expediente que nadie contestó”, expresa el documento.

Las integrantes de la Red de Mujeres también advierten sobre lo que consideran una irregularidad en el tratamiento parlamentario del proyecto. Señalan que el texto sufrió catorce modificaciones desde el dictamen emitido el 20 de mayo y que ninguna de esas versiones volvió a ser debatida en comisión, por lo que los cambios serían conocidos directamente en el recinto.

“Sancionar normas que afectan el patrimonio territorial de las provincias sin debate en comisión no es un defecto de procedimiento: es la anulación misma de la función deliberativa del Congreso. Eso no es legislar. Es ratificar a ciegas” afirman.

Sin dar nombres, en el pronunciamiento también se remarca la habilitación del senador por Misiones que integró la Comisión de Asuntos Constitucionales que dictaminó el proyecto, y participó de la reunión de Labor Parlamentaria que habilitó su tratamiento en el recinto. “Nadie podrá decir que no sabía. Nadie podrá decir que no estuvo”, apuntaron.

Haciendo referencia a Carlos Arce, de Encuentro Misionero, que estuvo presente el miércoles 8 de julio, como jefe de bloques del Senado donde, se acordó fecha y hora de la sesión, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como tema principal.

Asimismo, La Red de Mujeres alineadas al passalacquismo sostienen que Misiones posee características estratégicas que hacen especialmente sensible cualquier modificación en el régimen de propiedad de la tierra, al recordar que el 90% de sus límites corresponden a fronteras internacionales, que sobre su territorio se encuentra parte del Acuífero Guaraní y que alberga la mayor reserva de selva del país.

“Para Misiones, la desregulación de la tierra no es una abstracción económica. Es una amenaza territorial concreta”, plantearon.

Finalmente, el documento solicita que los tres representantes misioneros en el Senado voten negativamente el proyecto y rechacen cualquier iniciativa que afecte el patrimonio territorial de la provincia.

“No pedimos abstenciones. No pedimos ausencias oportunas. Pedimos tres votos negativos, con nombre y apellido, registrados en la votación nominal”, advierten en el texto.

El pronunciamiento también convoca a la ciudadanía misionera a impulsar acciones institucionales, comunitarias y ciudadanas en defensa del patrimonio territorial de la provincia “La tierra no se defiende sola. La defiende un pueblo que sabe lo que le pertenece”, y cierra con la consigna: “La tierra misionera no está en venta. Y no se vota a ciegas”.

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Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Diego Hartfield y Maura Gruber, participaron este lunes de la cumbre de diputados y senadores del oficialismo con el presidente Javier Milei, con el objetivo de avanzar en los lineamientos finales del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), antes de su envío para el tratamiento en el Congreso de la Nación.

Según publicaron los medios porteños, en la reunión realizada en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, Milei brindó a los parlamentarios libertarios detalles sobre la iniciativa que promete reabrir el debate sobre el rol de la autoridad monetaria, argumentando que el proyecto busca dejar atrás un modelo que “lleva 91 años de estafa a los argentinos”.

Aunque durante la campaña, el presidente hablaba de “dinamitar” el Banco Central, la propuesta ahora es limitar por ley su margen de acción, concentrándolo, exclusivamente, en la preservación del valor de la moneda.

La propuesta

“Qué linda la reforma del BCRA que se viene”, posteó en su cuenta de X el misionero Hartfield al cabo de la reunión. “Nunca más Letras Intransferibles”, destacó en un segundo tuit, en referencia a los títulos de deuda emitidos por el Tesoro y entregados al Banco Central a cambio de sus reservas internacionales en dólares, que desaparecen con la ley que pretende la Casa Rosada.

La iniciativa, que reforma la Carta Orgánica de la entidad, prohíbe que el organismo financie al Tesoro mediante emisión monetaria, tanto de manera directa como indirecta; refuerza su autonomía, endurece las condiciones para remover a sus autoridades, restringe la distribución de utilidades y establece sanciones penales para quienes autoricen emisiones destinadas a cubrir el déficit fiscal.

Qué linda la reforma del BCRA que se viene

— Diego Hartfield (@Diego_Hartfield) July 13, 2026

Según contó Milei en una entrevista radial, la reforma estuvo a cargo del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, de Economía y Desregulación, respectivamente.

Del encuentro participaron figuras clave del oficialismo, como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

Parlamentarios como el senador formoseño Francisco Paoltroni y la diputada bonaerense Juliana Santillán, calificaron de “clase magistral” lo desarrollado por el presidente, que se valió de una pizarra como apoyo para sus explicaciones sobre la propuesta de reforma del organismo fundado en 1935, durante la presidencia de Agustín Pedro Justo.

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