Dos hombres procesados por hurto y uno por amenazas y daños, cortaron los barrotes de una celda y escaparon anoche de la Comisaría Quinta de Posadas, por lo que la Policía de Misiones desplegó un amplio operativo en la ciudad. 

La búsqueda está a cargo de la Unidad Regional X y cuenta con el apoyo de distintas dependencias y áreas investigativas, quienes desde tempranas horas intentan dar con el paradero de Gustavo Fraga (18) y Ramsés Fachinello (20), ambos procesados por hurto, y Lucio Blanco (31), por una causa de amenazas y daño.

La fuga fue detectada cerca de las 23:30, durante un control de rutina en el sector de alojamiento. Al advertir los barrotes cortados y la ausencia de los internos, se activó inmediatamente el dispositivo de búsqueda, con patrullajes y tareas investigativas en distintos puntos de la ciudad.

En simultáneo, por disposición de la Jefatura de Policía, Asuntos Internos inició las actuaciones administrativas para establecer las circunstancias de la evasión y eventuales responsabilidades del personal que se encontraba a cargo de la custodia.

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La detención de dos suboficiales que cumplían funciones en la sección Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú destapó un esquema de corrupción policial que incluía apremios y extorsión para algunos detenidos, como así también beneficios a cambio de dinero para otros internos.

La medida alcanzó al sargento Rafael A. y al agente Rodrigo A., quienes además de ser apartados de la institución policial también enfrentarán una causa penal bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia presidida por el magistrado Martín Brites.

La propia fuerza provincial informó que las detenciones se concretaron este miércoles a la mañana, partir de una investigación que se inició tras la denuncia de un detenido que expuso una serie de irregularidades que marcaban el funcionamiento del sector que tiene capacidad para alojar a unas 50 personas.

Complicidades

En ese marco, fuentes consultadas por La Voz de Misiones permitieron reconstruir que el esquema de corrupción que imperaba en esa área funcionaba hace varios meses gracias a una red de complicidades tendida entre los uniformados detenidos y al menos cuatro de los internos de mayor antigüedad.

Según detallaron, estos internos se encargaban de golpear a los detenidos “recién llegados” para luego amenazarlos y exigirle el pago de un determino monto de dinero a cambio de seguridad.

Ese pago era cubierto por los familiares de los agredidos y quienes oficiaban de “cobradores” no eran otros que los uniformados ahora detenidos, quienes permitían los hechos de violencia y se quedaban con una porción del dinero.

En esa red de complicidades, en tanto, también había un grupo de detenidos de “mayor jerarquía” que gozaban de ciertos beneficios como uso de celulares, ingreso de elementos prohibidos y hasta un régimen de visitas diferentes al resto de la población. Para todo ello también había dinero de por medio para los agentes involucrados.

En la investigación trazada se identificaron al menos ocho involucrados: los dos policías, cuatro detenidos que se encargaban de golpear a los recién llegados y otros dos detenidos que pagaban para beneficios especiales.

Además de las detenciones ordenadas, el juzgado que dirige Brites también dispuso una serie de allanamientos e incautaciones, principalmente teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias en busca de más pistas que permitan reconstruir de qué manera funcionaba el esquema.

Apartados

En paralelo a la causa penal, desde la Jefatura de Policía también se abrió una investigación internada que quedó a cargo de la Dirección Asuntos Internos y se avanzó en el apartamiento de la institución de ambos involucrados.

“La intervención reafirma el criterio establecido por la Jefatura de Policía de investigar con el mismo rigor cualquier irregularidad, incluso cuando pueda involucrar a integrantes de la propia institución, fortaleciendo los mecanismos de control interno y la política de tolerancia cero frente a conductas contrarias a la ley”, señalaron en un comunicado difundido esta mañana.

En el mismo parte indicaron que los hechos investigados “podrían encuadrarse en los delitos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento”.

Detuvieron a dos policías por maltrato y extorsión a un preso en Iguazú

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la condena a 4 años de prisión efectiva dictada a fines de 2024 contra el médico gastroenterólogo infantil Fernando Alfredo Vinuesa por cuatro hechos de abuso sexual simple cometidos en perjuicio de pacientes adolescentes.

La resolución del máximo órgano judicial de la provincia fue emitida este lunes, con el voto inicial del ministro Roberto Rubén Uset, al cual adhirieron sus pares Rossana Pía Venchiarutti Sartori, Cristina Irene Leiva, Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres.

La causa llegó al STJ tras un recurso de casación interpuesto por Julio César Lenzken, abogado defensor particular de Vinuesa, quien cuestionó el fallo emitido por el Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas en diciembre de 2024 tras un debate oral que se extendió durante cuatro jornadas.

En su presentación, el letrado insistía en declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la causa iniciada en 2019 y apuntaba imprecisiones en la acusación que perjudicaban el derecho de defensa en juicio.

“No se advierte la existencia de vicio procesal alguno que habilite la declaración de nulidad, toda vez que el trámite se desarrolló conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías procesales. Cabe agregar que durante el debate oral, el Sr. Defensor ejerció sin restricciones su derecho de defensa, formulando ofrecimiento de prueba, alegando y planteando nulidades, lo que permite concluir que no se ha configurado situación alguna de indefensión derivada de las observaciones planteadas”, responde el ministro Uset en la resolución a la que La Voz de Misiones tuvo acceso.

En otra línea, el magistrado argumenta que “la nulidad de la acusación solo procede cuando indeterminación impide comprender el hecho o genera indefensión real. En el presente caso, los hechos están probados y determinados en su esencia fáctica, por lo que la variación de fechas no genera indefensión material ni afecta el derecho de defensa”.

Asimismo, destaca que “la sentencia demuestra que el juez ha valorado la prueba de manera racional, ponderando los elementos de cargo y descargo, y otorgando mayor fuerza convictiva a aquellos que resultan más verosímiles y concordantes. No se advierte contradicción ni arbitrariedad en la valoración probatoria, sino un razonamiento lógico que conduce a la conclusión alcanzada”.

Por todo lo expuesto, el STJ resolvió declarar admisible el planteo recursivo, aunque rechazó los agravios esgrimidos y en consecuencia confirmó el fallo oportunamente dictado por el Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, en ese momento a cargo del magistrado ahora jubilado César Raúl Jiménez.

En dicha sentencia, Vinuesa fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual simple, cuatro hechos en concurso real”, aunque el cumplimiento de la pena fue diferida hasta que el fallo quedara firme, lo cual ocurrió ahora tras la revisión del STJ.

El fallo condenatorio fue emitido el 6 de diciembre de 2024, tras cuatro audiencias de juicio oral en el que las cuatro denunciantes ratificaron haber sido manoseadas y acosadas por el médico. En el proceso oral intervino como fiscal María Laura Álvarez, que en la instancia de alegatos había solicitado una pena de 7 años de prisión para el acusado.

FOTO: Archivo El Territorio.

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